Caib.es 25.06.26
El Consell de Govern ha aprobado hoy el Proyecto de Ley de ordenación, protección y gestión integral del litoral de las Illes Balears, que será remitido al Parlament para su tramitación. La norma nace con la voluntad de dotar a Balears de un marco legal propio que refuerce la protección del litoral, ordene sus usos y gestione de forma integrada playas, servidumbres y aguas costeras, con especial atención a la adaptación al cambio climático.
Se trata de la primera ley de ámbito autonómico que aborda de forma global la gestión del litoral tras el traspaso de competencias formalizado en 2023, y da cumplimiento al mandato estatutario de ejercer la plena capacidad normativa en materia de costas. Con ello, el Govern quiere garantizar un marco estable que combine la protección ambiental, el uso responsable de los recursos y la seguridad jurídica para ciudadanos, empresas y administraciones.
Gestión compartida y más cercana al territorio
El texto se inspira en los principios de necesidad, eficacia, transparencia, eficiencia y seguridad jurídica. Entre sus objetivos figuran la preservación de los ecosistemas, la regulación clara de usos y actividades, la protección del patrimonio litoral tradicional y la participación activa de las administraciones locales y de la ciudadanía. Se refuerza, además, la evaluación ambiental de todas las actuaciones y se simplifican los procedimientos para agilizar trámites sin renunciar a los controles.
La ley establece un sistema de cogobernanza en el que el Govern fija las directrices generales y coordina; los consells insulares elaboran los instrumentos de ordenación del litoral y los planes de servicios de temporada, y los ayuntamientos gestionan directamente sus playas y conceden determinadas autorizaciones. Esta distribución competencial busca acercar la gestión a cada territorio y mejorar la respuesta ante los retos locales.
Límites de velocidad para una costa más segura
El proyecto introduce limitaciones de velocidad en la franja de una milla desde la costa, con medidas más estrictas en espacios naturales protegidos, para reforzar la seguridad de los bañistas y favorecer la convivencia entre los diferentes usos del mar. Estas restricciones buscan reducir riesgos en zonas de gran afluencia y minimizar los impactos ambientales, a la vez que prevén excepciones para embarcaciones profesionales sometidas a normativa marítima internacional.
La norma también diferencia entre playas urbanas, naturales y de especial protección, estableciendo criterios de ordenación adaptados a cada tipología. Regula accesos, aparcamientos y servicios de temporada, que deberán cumplir parámetros de sostenibilidad y calidad.
Asimismo, actualiza el régimen de inspección y sanción, incorporando nuevas infracciones vinculadas al incumplimiento de las limitaciones de uso y otorgando mayor capacidad de actuación frente a ocupaciones ilegales o prácticas irregulares.
Con este proyecto, el Govern cumple el compromiso adquirido al asumir las competencias de costas: dotar a las Illes Balears de una ley propia, clara y ambiciosa, que blinde la protección del litoral y ordene su uso de modo responsable y sostenible.