La Directiva 2014/24/UE como instrumento estratégico: análisis empírico de su impacto en la contratación pública española

En este artículo, publicado en el número 25 de la Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA), se analiza, a partir de la percepción de actores cualificados, en qué medida la Directiva 2014/24/UE ha contribuido a consolidar un uso estratégico de la contratación pública en España, valorando el grado de implantación percibido de ocho factores clave: simplificación administrativa, digitalización, criterios sociales, criterios ambientales, fomento de la innovación, acceso de las pymes, uso estratégico de la contratación y transición hacia la mejor relación calidad-precio.

Amaia Labella Cámara es Responsable del servicio de contratación pública de la Agencia Vasca del Agua.

Luis Castel Aznar es Ingeniero de Caminos Canales y Puertos y Doctor en Ingeniería de la Construcción por la Universidad Politécnica de Valencia.

El artículo se publicó en el número 25 de la Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (INAP, abril 2026)

RESUMEN

Objetivos: analizar, a partir de la percepción de actores cualificados, en qué medida la Directiva 2014/24/UE ha contribuido a consolidar un uso estratégico de la contratación pública en España, valorando el grado de implantación percibido de ocho factores clave: simplificación administrativa, digitalización, criterios sociales, criterios ambientales, fomento de la innovación, acceso de las pymes, uso estratégico de la contratación y transición hacia la mejor relación calidad-precio. Metodología: se realizó una consulta a 76 expertos de los sectores público y privado mediante una escala de Likert para valorar el impacto percibido en cada factor. La fiabilidad del instrumento se comprobó mediante el coeficiente alfa de Cronbach. El análisis se complementó con una pregunta abierta y estadística descriptiva. Resultados: la digitalización y la reducción del uso exclusivo del precio obtienen las valoraciones más altas, mientras que la simplificación administrativa y el fomento de la innovación presentan los resultados más bajos. Se identifican diferencias entre sectores: el sector público muestra una percepción más crítica en simplificación e innovación, mientras que el sector privado valora más positivamente la digitalización. Conclusiones: según la percepción experta, la Directiva ha impulsado avances relevantes, pero persiste una brecha entre su diseño normativo y su implementación. Los hallazgos deben interpretarse como evidencia empírica sobre percepciones y tendencias y apuntan a condicionantes principalmente organizativos y operativos; esto subraya la necesidad de fortalecer capacidades, mejorar la aplicación práctica y avanzar hacia una contratación plenamente estratégica.

ABSTRACT

THE DIRECTIVE 2014/24/EU AS A STRATEGIC INSTRUMENT: AN EMPIRICAL ANALYSIS OF ITS IMPACT ON SPANISH PUBLIC PROCUREMENT

Objectives: To explore, based on the views of qualified actors, the extent to which Directive 2014/24/EU has contributed to establishing a strategic approach to public procurement in Spain, by assessing the perceived degree of implementation of eight key factors: administrative simplification, digitalisation, social criteria, environmental criteria, promotion of innovation, SME access, strategic use of procurement and the shift towards the most economically advantageous tender. Methodology: A consultation was conducted with 76 experts from the public and private sectors using a Likert scale to measure perceived impact on each factor. Reliability was verified through Cronbach’s alpha (α = 0.854). Descriptive statistics and an open-ended question complemented the analysis. Results: Digitalisation and the reduced dominance of price are the highest-rated factors, whereas administrative simplification and innovation receive the lowest scores. Sectoral differences emerge: public-sector experts show a more critical perception of simplification and innovation, while private-sector respondents provide more positive assessments of digitalisation. Conclusions: According to expert perceptions, the Directive has enabled relevant advances, yet a significant gap remains between its normative ambitions and practical implementation. Findings should be read as empirical evidence on perceptions and indicative trends (not as a direct measurement of performance), and they point mainly to organisational and operational constraints, highlighting the need to strengthen capabilities, improve practical application and progress towards fully strategic public procurement.