La Comunidad de Madrid optimizará y lanzará nuevos servicios públicos digitales mediante una avanzada plataforma inteligente con IA

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado un contrato para poner en marcha una avanzada plataforma inteligente basada en automatización e inteligencia artificial (IA), con la que la Administración regional podrá crear, diseñar y desarrollar nuevos procesos administrativos de servicios públicos digitales, y modernizar los ya existentes.

Comunidad.madrid 15.04.26

La herramienta, que será gestionada por la Agencia para la Administración Digital (Madrid Digital), permitirá la mejora continua de los trámites, haciéndolos más ágiles, sencillos y accesibles tanto para ciudadanos como para empresas. Entre sus beneficios destacan la reducción de los tiempos de espera, la eliminación de tareas repetitivas y la detección anticipada de posibles ineficiencias en la gestión.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de la Comunidad de Madrid para modernizar la Administración pública mediante el uso de tecnologías avanzadas, como el análisis de procesos, del uso inteligente de flujos de trabajo y de datos en tiempo real, con el fin de optimizar recursos y mejorar la toma de decisiones.

La plataforma se apoyará en soluciones en la nube e integrará sistemas públicos como los registros electrónicos, las notificaciones o la firma digital, en un entorno aún más seguro y coordinado. Además, se irá adaptando a la evolución de la demanda, combinando el potencial de la tecnología con la supervisión profesional para garantizar un servicio público más eficiente y cercano.

Esta contratación dotará a Madrid Digital de los recursos necesarios para definir, gestionar y gobernar el funcionamiento de esta infraestructura. Asimismo, sentará las bases para la futura creación del Centro de Implantación de Procesos Inteligentes (iBPM) de la Comunidad de Madrid, que reforzará la capacidad de la Administración autonómica para desarrollar nuevos servicios públicos digitales.

El proyecto contará con una inversión superior a 5,8 millones de euros durante un periodo inicial de dos años, prorrogable por otros dos, y comenzará su despliegue con procesos clave como los de la Oficina de Inspección Tributaria y la gestión de subvenciones dirigidas a entidades de formación.