El Gobierno propone a Concepción Campos para presidir el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Campos tendrá que obtener el refrendo del Congreso de los Diputados.

Digital.gob.es 24.02.26

El Gobierno, a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha propuesto a Concepción Campos Acuña para presidir el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la autoridad administrativa independiente de garantía en materia de acceso a la información pública y transparencia a nivel estatal, al vencer el mandato del anterior.

Doctora en Derecho Cum Laude, Máster en Derecho de las Instituciones y Administraciones Públicas y Licenciada en Derecho, por la Universidad de Santiago de Compostela, Concepción Acuña es una directiva pública profesional, secretaria de Administración Local, categoría superior, con más de 20 años de experiencia (último destino, Ayuntamiento de Vigo); en la actualidad se encuentra en situación de excedencia como consultora y profesora asociada de Derecho Administrativo de la Universidad Rovira i Virgili. 

Ha sido representante técnica en la Red de entidades locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde ha desempeñado diferentes trabajos en relación con la materia, como la coordinación del proceso de revisión del Código de Buen Gobierno Local de la FEMP (2015) y una de las coordinadoras de la Ordenanza Tipo de Transparencia, Información Pública y Reutilización. Es Coordinadora del Grupo de Trabajo de “Integridad en la Contratación Pública” de dicha Red, promoviendo actividades de formación, divulgación y editoriales; también en la misma ha sido miembro del grupo de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En la designación del presidente o presidenta de este organismo independiente, con personalidad jurídica propia, intervienen el Gobierno y el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo propone un candidato o candidata que deberá comparecer en la Comisión correspondiente del Congreso y obtener el refrendo de la Cámara por mayoría absoluta. El presidente tendrá un mandato de cinco años, no renovable, y ejercerá sus funciones con dedicación exclusiva y plena sujeción al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado.