Andalucía acerca la Justicia a las personas con discapacidad con un servicio de facilitadores

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha un proyecto piloto en las ocho provincias para que expertos facilitadores con formación especializada en accesibilidad y ajustes de procedimiento acompañen a las personas con discapacidad inmersas en un proceso judicial, ya sea como testigos, investigados, víctimas o como operadores jurídicos.

Juntadeandalucia.es 09.04.25

El objetivo es superar las barreras que pueden encontrar estas personas para comprender el sistema de Justicia o ser comprendidos cuando prestan declaración o intervienen en un procedimiento.

Se trata de un nuevo servicio enmarcado en el Plan de Humanización de la Justicia y la apuesta por la accesibilidad del sistema judicial, que persigue la eliminación de todo tipo de barreras, no solo físicas con la adecuación de los edificios judiciales, sino también de comprensión. Para ello, ya en 2023 la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública puso en marcha un proyecto que permite a los jueces solicitar la traducción a lectura fácil de la documentación judicial que afecta a personas con problemas para entenderlo -la primera experiencia piloto de este programa fue premiada por el CGPJ-. A ello, se une ahora este servicio de expertos facilitadores para garantizar la comunicación eficaz entre los operadores jurídicos y la persona con discapacidad.

La Consejería está elaborando un Decreto para regular este servicio si bien para evaluar su viabilidad, coste y posibles mejoras, se acaba de poner en marcha un proyecto piloto en las ocho provincias con el objeto de consolidar la figura del facilitador. Desde principios de mes, los órganos judiciales andaluces que conozcan asuntos que afecten a personas con discapacidad pueden solicitar la figura de un facilitador para que las asista durante el procedimiento. Para ello, deben contactar con el Servicio de Justicia de la Delegación territorial correspondiente que derivará el asunto al Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA) de la provincia, en el caso de que la persona con discapacidad sea la víctima en el proceso, o a la entidad adjudicataria del servicio si su rol es otro.

Las entidades adjudicatarias para prestar esta asistencia durante el proyecto piloto son Plena Inclusión Andalucía (en Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Málaga), la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla. Los contratos son por un año, prorrogable, con un presupuesto total inicial de 144.000 euros.

Los facilitadores son profesionales expertos que apoyan a las personas con discapacidad para que comprendan y tomen decisiones informadas, asegurándose de que todo el proceso se explique a través de un lenguaje comprensible y de que se le proporcionen los ajustes y apoyos adecuados.

Para ello, se encargan de identificar e implementar las adaptaciones y ajustes individualizados que permitan su participación en los procedimientos judiciales, en condiciones de igualdad, garantizando así su derecho constitucional de tutela judicial.

Se trata de personas con titulación en Psicología, Derecho, Logopedia, Criminología, Trabajo Social, Educación Social o Terapia Ocupacional. Además, cuentan con formación específica en accesibilidad y ajustes de procedimiento para apoyar a las personas con discapacidad en los procesos judiciales en los que participen, y deben acreditar que carecen de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales.

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