Navarra.es 04.04.25
Concretamente, se han detallado las actuaciones realizadas en cuatro ámbitos: normativa, tecnología, adecuación de sedes y formación del personal.
La consejera López, durante su intervención, ha destacado que Navarra ha firmado ya la resolución por la que se estructura la Oficina Judicial para los Tribunales Colegiados y de Primera Instancia, por lo que la Comunidad Foral “avanza a buen ritmo”.
Estas oficinas centralizarán los servicios comunes y posibilitarán que los medios materiales y personales asignados a cada partido judicial se gestionen de manera más eficiente. De esta manera, asistirán a los Tribunales de Instancia en los partidos judiciales de Aoiz, Estella-Lizarra, Tafalla y Tudela y, por su parte, en Pamplona / Iruña prestarán apoyo a los tres tribunales que tienen su sede en la capital, es decir, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, la Audiencia Provincial y el futuro Tribunal de Instancia.
La implantación de la Oficina Judicial se realizará de manera progresiva durante el año 2025 en los distintos partidos judiciales de la Comunidad Foral.
Diseño de un plan para la adaptación de Avantius y fomento de la formación continua
En cuanto al segundo punto, tecnología, López ha indicado que Navarra ha elaborado un plan para adaptar el sistema de gestión procesal Avantius al nuevo modelo de oficina, que se implantará en varias fases y que deberá estar pendiente de las adaptaciones que este sistema requiera.
En relación con la adecuación las sedes, se está realizando un estudio para la reubicación de los puestos de trabajo en función del modelo organizativo, y las obras de acondicionamiento necesarias para acometer la implantación de los servicios de atención a la ciudadanía y los servicios comunes.
Por último, respecto a la formación del personal, se prevé que sea continua y dirigida a todo el personal de la Dirección General de Justicia, como al de los cuerpos generales y al resto de profesionales.
Además, se han creado distintos grupos de trabajo entre el personal de la Dirección General de Justicia y las y los funcionarios de la Administración de Justicia del Estado para llevar a cabo las modificaciones necesarias de la forma más eficaz y eficientemente posible.
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