Gobiernodecanarias.org 20.11.24
“La Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias es de 1990”, explica Barreto. “Han pasado 34 años y Canarias debe definir un modelo organizativo y de funcionamiento más coherente con las necesidades y retos actuales. Una Administración que quiere prestar servicios públicos de calidad necesita un marco normativo avanzado y coetáneo con la sociedad a la que sirve, y no del siglo anterior”.
Así, la consejera destaca que en estos años se ha consolidado el derecho de las personas a una buena administración, se ha extendido la preocupación institucional por
asegurar la simplificación burocrática y se han abierto canales de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. “Estos cambios deben plasmarse en una nueva regulación de las entidades del sector público de Canarias”.
La comisión de trabajo constituida este lunes tiene carácter temporal y ofrecerá apoyo administrativo a la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia. Entre sus funciones están estudiar los antecedentes, las diferentes opciones normativas y demás aspectos que resulten convenientes para facilitar la elaboración del anteproyecto de ley, que se prevé que se remita al Consejo de Gobierno en el último trimestre del año 2025.
No es esta la única medida impulsada por la consejera Nieves Lady Barreto para llevar a cabo el cambio profundo que necesita la Administración pública en Canarias. Con ese objetivo se aprobó el pasado mes de julio el Decreto Ley 7/2024 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público. Este decreto ya introduce cambios importantes en el sistema de acceso al empleo público y ha sido convalidado por el Parlamento de Canarias que, en estos momentos, lo está tramitando como ley. Será una norma transitoria ya que, en su propio articulado, el decreto ley establecía la obligación del Gobierno de iniciar la elaboración y tramitación del anteproyecto de Ley de Empleo Público de Canarias en el plazo máximo de seis meses desde su aprobación. Este proceso de redacción de la futura ley se pondrá en marcha en enero de 2025.
“Llevamos poco más de un año en el Gobierno y nuestra gestión va encaminada a implantar en la Administración canaria un nuevo modelo de organización y funcionamiento que sea más eficiente y acorde con las necesidades de la ciudadanía y también de los propios trabajadores y trabajadoras públicos. El objetivo final es poder ofrecer unos mejores servicios públicos”, señala la consejera.
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