Castillalamancha.es 18.11.24
La propuesta de la Oferta de Empleo Público para Administración General, Educación y SESCAM ha salido adelante con los votos a favor de CSIF, CCOO, FSES y UGT, y ninguno en contra, en la mencionada reunión de la Mesa General de Negociación del personal empleado público, que ha estado presidida por el director general de Función Pública, José Narváez; el director general de Recursos Humanos de Educación, Cultura y Deportes, José Manuel Almeida; y el director general de Recursos Humanos y Transformación del SESCAM, Iñigo Cortázar.
Tras el proceso de negociación colectiva que se ha llevado a cabo, la OEP queda distribuida de la siguiente manera: 1.260 plazas en Administración General, de las cuales 596 son para el personal funcionario y 394, para personal laboral, 673 plazas en Educación y 3.907 del SESCAM. Del total de plazas, 5.262 serán de turno libre (990 en Administración General, 639 en Educación y 3.633 en SESCAM), 425 de promoción interna y 153 de promoción interna directa en el puesto.
En la presente oferta se reserva un cupo no inferior al 7 por ciento de las plazas ofertadas para ser cubiertas por personas con discapacidad, siendo el 2 por ciento de dichas plazas cubiertas por personas con discapacidad intelectual y el 5 por ciento restante para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.
Una vez celebrada la Mesa General de Negociación, la Oferta de Empleo Público para 2024 en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se elevará al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, para su aprobación por parte del Ejecutivo autonómico.
Esta nueva oferta se suma a las sucesivas ofertas de empleo público que cada año convoca el Gobierno autonómico, en el marco de un importante plan de impulso a los servicios públicos. Con lo que se persigue reducir la tasa de temporalidad, que ya en Castilla-La Mancha es, de por sí, una de las más bajas de España, además de blindar las plantillas, ofrecer posibilidades de encontrar un empleo en la Administración, facilitar oportunidades de promoción interna, favorecer la incorporación de las personas con discapacidad a la función pública y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, mejorando, a su vez, la calidad de los servicios públicos que se prestan desde la Administración regional.
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