España, por encima de la media de la OCDE en integridad pública y lucha contra la corrupción

Coincidiendo con la celebración del Foro Global sobre Anticorrupción e integridad que organiza la OCDE cada año, se ha publicado el Informe bienal sobre integridad y anticorrupción de la OCDE, acompañado de la ficha-país correspondiente a España, que singulariza los resultados del informe para cada Estado y que funciona como una herramienta de análisis comparativo entre pares para mejorar.

- La OCDE publica su informe bienal y analiza diversos indicadores como la estrategia, el conflicto de intereses y el acceso a la información pública de los países miembros

- Destaca el elevado cumplimiento de España para prevenir los conflictos de intereses, tanto en regulación como en la práctica

Digital.gob.es 26.03.26

Coincidiendo con la celebración del Foro Global sobre Anticorrupción e integridad que organiza la OCDE cada año, se ha publicado el Informe bienal sobre integridad y anticorrupción de la OCDE, acompañado de la ficha-país correspondiente a España, que singulariza los resultados del informe para cada Estado y que funciona como una herramienta de análisis comparativo entre pares para mejorar.

Nuestro país puntúa por encima de la media OCDE en prácticamente todos los indicadores analizados, destacando especialmente la consideración del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción y el Anteproyecto de Ley que lo implementará como primera estrategia integral admitida por la OCDE; el alto rendimiento y ejecución en la gestión de conflictos de intereses, y como elementos de mejora señala la aprobación final de la Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés, actualmente en trámite parlamentario.

Respecto al detalle de cada uno de los indicadores, entre las conclusiones de la OCDE destacan, entre otros:

Estrategia: España obtiene un cumplimiento del 53% en su marco regulatorio y un 17% en su implementación práctica, frente a las medias de la OCDE del 38% y 32%. Se valora de forma muy positiva tanto la adopción del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción por parte del Consejo de ministros, como su implementación práctica a través del APL de Integridad Pública y, de hecho, supone el primer marco estratégico formalmente aceptado por esta organización para España.

Conflictos de Intereses: España obtiene un 89% de cumplimiento, tanto en marco regulatorio como en la práctica, muy por encima del 80% y 43% de media OCDE. Se valora muy especialmente la gestión individualizada, pormenorizada y rigurosa de las denominadas “declaraciones de intereses” de los altos cargos (bienes y derechos patrimoniales; actividades) y se ve como una oportunidad de mejora las novedades que incorpora el anteproyecto de ley de Administración Abierta.

Acceso a la información pública: (89% en normativa y 81% en la práctica, frente a un 72% y 62% en la OCDE). Se valoran específicamente los avances para alinearse con los requisitos del Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos (Convenio de Tromsø), y la amplitud de la información administrativa que se publica de forma activa en el Portal de Transparencia.

Grupos de interés: España cumple un 40% en lo que se refiere al marco regulatorio y un 0% en la práctica (frente a 43% y 38% como medias OCDE), debido a la aprobación pendiente del PL de Transparencia e Integridad de los Grupos de Interés (ley de lobbies), si bien se reconocen sus esfuerzos en el avance y remisión del texto a las Cortes Generales.

Financiación de partidos políticos: (70% en marco regulatorio y 43% en la práctica, frente a 76% y 58% en la OCDE). Se valora un marco regulatorio robusto, que establece sanciones para las infracciones proporcionales a la gravedad de las mismas, y prohíbe las contribuciones a partidos políticos de empresas de titularidad pública, empresas extranjeras y Estados extranjeros. Además, todos los partidos políticos deben reportar sobre sus finanzas durante las campañas electorales y hacer públicos los informes financieros, incluidas todas las contribuciones que superen un límite fijo.

Integridad Judicial: (88% en materia regulatoria y 64% en la práctica, comparado con un 66% y 45% en la OCDE). Se celebra de manera específica el marco regulatorio que afecta al Poder judicial, así como la transparencia de los miembros del CGPJ y la aprobación e implementación práctica de la ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Integridad del Ministerio Fiscal: (76% en ámbito normativo y 74% en la práctica, comparado con un 66% y 52% como media en la OCDE). Se entienden como medidas especialmente positivas la adopción del “Código Ético del Ministerio Fiscal”, así como el establecimiento de un canal interno de denuncias.

Sistema disciplinario: (92% en marco regulatorio y 17% en implementación práctica, frente la media OCDE de 66% y 22%, respectivamente). En este caso, y frente a la rotundidad del marco normativo, se indica como espacio de mejora la elaboración y publicación de guías y manuales estandarizados sobre la conducción de procedimientos disciplinarios en la Administración General del Estado.

Origen de los datos: Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.