El Gobierno espera aprobar antes de final de legislatura la Ley de Función Pública

El anteproyecto de Ley de Función Pública llegará al Parlamento de La Rioja en noviembre y entonces empezará una tramitación con el objetivo de que esta nueva normativa entre en vigor antes de que acabe la legislatura. Son los plazos que maneja el Gobierno de La Rioja para una ley que afectará a unos 14.400 funcionarios, ha detallado el consejero de Hacienda y Administración Pública, Celso González.

Larioja.com - Juan Carlos Berdonces – 18.10.22

Este anteproyecto fue aprobado por el 70,8% de la representación de los trabajadores a través de sindicatos como STAR, UGT o CCOO pero la central mayoritaria en el funcionariado, CSIF, votó en contra. La ley consta de 143 artículos y entre las principales novedades esta la creación de un nuevo grupo, el B, en el que se encuadran los técnicos superiores. Asimismo, se establece <<alguna nueva situación administrativa para el personal funcionario de carrera, destacando la mejora del empleo>>, ha explicado el director general de Función Pública, Manuel García, situación a la que accederá <<como personal interino con mantenimiento de la reserva de su puesto durante un plazo máximo de dos años>>.

Esta normativa, además, crea el cuerpo de bombero forestal que ahora pertenece a categorías profesionales de personal laboral, se abre la movilidad de los empleados del Servicio Riojano de Salud y docente no universitario para ocupar puestos en la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se fomenta la estabilidad en el medio rural con incentivos administrativos, profesionales o económicos y se regulan los puestos de segunda actividad que será voluntaria para aquellos trabajadores que, cumpliendo con los requisitos necesarios, prefieran pasar a realizar tareas adecuadas a su aptitud psicofísica.

En la nueva ley se desarolla la figura de la Dirección Pública Profesional, se constituye un Consejo de Coordinación de Función Pública como órgano técnico para facilitar la coordinación y el asesoramiento de la política de Función Pública y se crea el Consejo Regional de Función Pública que deja de ser un órgano superior colegiado y pasa a ser un órgano consultivo.

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