Lavanguardia.com 04.11.20
La proposición de ley, presentada por la CUP, ha llegado al pleno de la cámara catalana sin enmiendas de retorno y el visto bueno de todos los grupos a abordar esta cuestión, por lo que una vez realizado el debate de este miércoles prosigue con la tramitación parlamentaria.
La iniciativa de la formación anticapitalista alude a los trabajadores del sector público con contratos o nombramientos temporales de más de tres años que no sean para cubrir actividades provisionales, esporádicas o excepcionales, sino para actividades ordinarias, estables o permanentes.
Dicha proposición de ley propone que estos trabajadores tengan reconocido el derecho a continuar en sus puestos de trabajo con los mismos derechos y la misma estabilidad e inamovilidad que rige la función pública de carrera, sin que se les reconozca en todo caso esta condición.
Además, se plantea que los funcionarios interinos o temporales no puedan perder el empleo si las plazas a las que están adscritas son ocupadas después de un proceso selectivo.
En nombre de la CUP, el diputado Vidal Aragonés ha lamentado que la administración catalana se haya convertido en el "gran agente de generación de precariedad", con entre un 25 % y un 33 % de trabajadores temporales e interinos, y ha dejado claro que su proposición de ley "no está construyendo una nueva figura contractual, sino dando aplicación a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE".
Dimas Gragera (Ciudadanos) ha afeado al Govern que debería haber liderado este debate, en lugar de hacerlo la oposición, y si bien ha considerado que la iniciativa de la CUP no es la solución, ha confiado en llegar a consensos en la tramitación posterior.
Desde el PSC, que retiró su enmienda a la totalidad, el diputado Pol Gibert ha considerado que "hay que encontrar una solución", ya sea por los propios interinos o por una Administración a la que "no le conviene tener personal precarizado" y ser "motor de precarización".
Por parte de los comunes, David Cid ha lamentado que haya sido una "legislatura perdida" respecto a la situación del sector público y, en ese sentido, ha opinado que la ley es "un buen punto de partida"; mientras que Manuel Reyes (PPC) ha dicho que su partido pondrá "todas las fuerzas" para abordar este problema, en lugar de "seguir de brazos cruzados como el Govern".
Jordi Albert (ERC) ha destacado el consenso mayoritario para encontrar un acuerdo, que debe trasladarse también al Congreso para que "todos los ámbitos vayan en la misma dirección", ya que "esta situación no es por la acción o inacción de gobiernos determinados, sino por una cuestión sistémica y legislativa".
Y, en una línea similar, Gemma Geis (JxCat) ha acogido la propuesta que abre la CUP, compartiendo gran parte del "diagnóstico", si bien ha recordado que se debe abrir esta vía del Parlament y mantener también la del Congreso de los Diputados en un mismo sentido.
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