El Gobierno ha suprimido 2.297 organismos y empresas públicas esta legislatura

El Gobierno ha suprimido, en lo que va de legislatura, 2.297 organismos y empresas públicas, según anunción el pasado viernes la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La número dos del Gobierno ha puesto en valor esta cifra como ejemplo de los efectos que está teniendo la reforma de las administraciones públicas.

Eleconomista.es 17.07.15

Sáenz de Santamaría ha aportado otros datos como el de la venta de inmuebles públicos, que según ha asegurado ha permitido obtener 500 millones de euros desde 2013, cuando la previsión era mucho menor, de 150 millones.

Como ejemplo de estas operaciones ha puesto la última autorización del Gobierno para enajenar un edificio de la Tesorería de la Seguridad Social situado en la madrileña calle Fuencarral, y ha señalado que mediante este programa se han puesto en valor 15.000 inmuebles. La mitad de ellos ya está en el mercado mediante subastas o enajenaciones directas.

Acceso electrónico

El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a otras medidas del informe CORA, como un cambio en el reglamento del decreto para el acceso electrónico a los servicios públicos referido a los registros de apoderamiento, para que sirvan frente a cualquier administración pública y actuación administrativa tanto presencial como electrónica.

La vicepresidenta también ha anunciado que se ha dado "un paso más" en la integración de las ventanillas únicas, en este caso para el servicio a emprendedores y a pymes, y por otro lado ha explicado que Euskadi se ha sumado a la plataforma de contratación del sector público.

El Consejo ha autorizado así el convenio entre Euskadi y el Ministerio de Administración por el que la citada comunidad se suma a esta plataforma en la que se publican todos los contratos públicos.

Según la vicepresidenta, son ya dieciséis los convenios firmados con comunidades y ciudades autónomas para esta plataforma con la que se consigue que ciudadanos y empresas puedan conocer todos los contratos del Estado, comunidades y administraciones locales adheridas a este mecanismo. Cualquier empresario puede así, ha explicado, conocer los contratos que ofrecen estas administraciones.