La Ordenanza reguladora del control de residuos de construcción y demolición de Mérida ha sido modificada y ya ha entrado en vigor

Los constructores pagarán una fianza para garantizar la gestión de ripios

Hoy - 21/05/2012

Acabar con las escombreras ilegales. Con los ripios de obras tirados en cualquiera de los caminos rurales o sitios apartados de la periferia de la ciudad. Y poner freno a los miles de kilos de restos de demolición de edificios que se acumulan en las cunetas y que, además de afear el entorno, atentan contra el medio ambiente.

Estos son los principales objetivos de la Ordenanza reguladora del control de residuos de construcción y demolición, cuya modificación se aprobó a mediados de abril y que entró en vigor de forma definitiva el 17 de mayo.

El otro objetivo, consecuencia del primero, también está muy claro. Dar cumplimiento a la Ley de Gestión de Residuos y hacer de Mérida una ciudad más limpia.

Esta es una ordenanza que ya existía en la anterior legislatura en la que estuvo gobernando el PP en la ciudad. Se redactó en abril de 2007. De hecho, se confeccionó al mismo tiempo que salía un concurso para la creación de una planta de gestión de residuos, planta que a fecha de hoy está teniendo diversos problemas para materializarse y ponerse en marcha.

La delegada de Urbanismo, Raquel Bravo, asegura que esta ordenanza no entró en vigor en ninguno de los cuatro años del Gobierno socialista en la pasada legislatura, periodo de tiempo en el que proliferaron en distintos puntos de la ciudad una serie de vertidos incontrolados de ripios y escombros de obras. “Además de atentar contra el medio ambiente, con estas acciones no se da cumplimiento a la normativa en materia de gestión de residuos”, apunta.

Raquel Bravo explica que se ha establecido una modificación de esta ordenanza con el fin de adaptarla a los últimos decretos que ha aprobado la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Extremadura.

La modificación de la ordenanza ya pasó tanto por Comisión de Urbanismo como por el Pleno Municipal y se aprobó. Una vez que se ha publicado en el BOP, ya ha entrado en vigor.

Esa ordenanza no lleva tasa, es decir, no va suponer un cargo añadido a las empresas o promotores que quieran llevar a cabo obras de construcción y deben mover una cantidad de residuos considerable, sino que marca una fianza para que sea el propio Ayuntamiento emeritense el que garantice la correcta gestión de los residuos.

Así, a la hora de conceder una licencia de obra, a quien la pida se le solicitará una fianza con el fin de que, cuando esa obra termine, el promotor en cuestión demuestre que la gestión de residuos durante el proceso de la obra se ha hecho, que esos residuos han ido a parar a un gestor autorizado, tal y como la ley marca, que los ha separado correctamente y que les ha dado una segunda vida, entre otras formas, reciclándolos. Con la certificación de que eso es cierto esta fianza se le devolverá. “Esta fianza no supone un coste añadido a la ejecución de una obra, pero sí una garantía para que la ciudad se ponga al frente de la gestión de los residuos”. Porque si uno no presenta el certificado de haber gestionado los residuos, el Ayuntamiento comprenderá que los ha llevado a cualquier punto de la ciudad y se ha saltado lo que marca la ley.

No es una fianza fija

La fianza quedará depositada, es decir, no es un dinero que sea corriente y que pueda ser utilizado para otros fines. Por otro lado, no será una cuantía fija. Se basará en el presupuesto incorporado al estudio de gestión y será proporcional a la cantidad de residuos que se estima va a generar.

Aún así, para establecer unos criterios mínimos comunes a todas las fianzas, se establecerá el importe mínimo teniendo en cuenta la categoría y la cantidad de residuos de cada categoría que se generará durante el desarrollo de las obras. Por eso se establecen los siguientes importes mínimos.

Los residuos de categoría 1 (residuos contaminantes) pagarán 1.000 euros por metro cúbico, los de categoría 2 (residuos muy sucios) 30 euros por metro cúbico, los residuos de categoría 3 (residuos sucios) abonarán 15 euros por metro cúbico y los residuos de categoría 4 (residuos limpios) tan sólo 7 euros.

Entre otros objetivos, lo que el Ayuntamiento pretende con la entrada en vigor de esta ordenanza es luchar contra las escombreras ilegales que proliferan en la ciudad, sobre todo en las zonas del extrarradio. “Esta medida es una de las primeras para que estos vertidos empiecen a tener un control”, afirma Bravo.

Al amparo de esta ordenanza, desde la Delegación de Medio Ambiente se estudiará la posibilidad de comprobar el incumplimiento de gestión y de atentado contra el medio ambiente. “Aquel que no cumpla con la ley tendrá una sanción”. La concejala afirma que los técnicos de la delegación de Urbanismo ya están poniéndose al día con esta ordenanza con el fin de empezar a saber de esas fianzas que tendrán que pedir a los interesados. “El personal de registro también está ya preparado para atender y dar información a los ciudadanos y promotores que la soliciten”.

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