Mónica Domínguez Martín

En los últimos años, de la mano de la reforma de la legislación sobre contratación pública (tanto nacional como de la Unión Europea) estamos asistiendo a un cambio de la regulación relativa a los contratos y, en concreto, a los que desarrollan las Administraciones Públicas en el ámbito sanitario. La Ley de Contratos del Sector Público de 2017 suprime el contrato de gestión de servicios y lo sustituye por la concesión de servicios y el contrato de servicios a los ciudadanos. La transferencia o no al contratista del riesgo operacional se configura como el criterio clave de distinción entre ambos contratos. Además de lo anterior, la jurisprudencia del TJUE permite que los contratos de prestaciones personales de carácter sanitario se excepcionen de las reglas de la concurrencia propias de un contrato típico de servicios y que su prestación se puede llevar a cabo a través de fórmulas no contractuales: reserva y acción concertada.

Mariano López Benítez

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, encabeza el grupo normativo dedicado a la regulación de la violencia de género en nuestro ordenamiento jurídico. Un grupo normativo, particularmente denso e influido por normas internacionales, en el que se integran, además de otras normas estatales que complementan dicha Ley Orgánica, una amplia panoplia de normas autonómicas. Y un grupo normativo que tiende a equipararse y confundirse con el constituido por las Leyes de Igualdad, pese a que, por más que puedan proyectar recíprocas inferencias, muestran finalidades y campos de acción bien diferentes […]

José Zamorano Wisnes

Este trabajo se centra en el estudio de los bienes integrantes de los patrimonios públicos del suelo y especialmente de su destino, cuya interpretación se hace especialmente problemática a partir del TRLS de 1992. En relación con los bienes integrantes de los PPS, se presta especial atención a estudio de qué bienes forman “necesariamente” parte de esta patrimonio separado. En cuanto al destino desde la Ley de Suelo de 2007 se han venido introduciendo algunas innovaciones significativas que se estudian convenientemente […]

Beatriz Pérez de las Heras

La agenda de legislar mejor y su desarrollo práctico desde 2015 representan una nueva cultura de regulación jurídica en el sistema de gobernanza multinivel de la Unión Europea (UE). Las actuales formas de actuación normativa aportan así numerosos mecanismos para la interacción directa entre las instituciones de la UE, las autoridades nacionales, regionales y locales, así como con el conjunto de la sociedad civil. Aún todavía mejorables en algunos aspectos, las evaluaciones de impacto y las consultas públicas emergen como piezas clave de transparencia y de democracia participativa. […]

Cristina Clementina Arenas Alegría

La Ley de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre de 2017 por la que se adaptan al ordenamiento jurídico español las Directivas 2014 cuenta entre sus objetivos con la lucha contra la corrupción. En un alto porcentaje, el uso de la contratación menor, y su apariencia de legalidad, constituye una vía habitual que se utiliza para incumplir los preceptos legales correspondientes sobre publicidad y concurrencia. Por ello la, Ley impone en el artículo 118 importantes limitaciones al uso de este tipo de contratos, limitaciones que han de interpretarse correctamente para que no supongan una eliminación en la práctica de esta figura.

Por Severiano Fernández Ramos y José M.ª Pérez Monguió

En esta crónica de jurisprudencia se destacan las resoluciones más recientes y relevantes de diferentes tribunales en materia de transparencia y buen gobierno. En lo que a la transparencia se refiere, se tratan cuestiones diversas relativas a las causas de inadmisión del derecho de acceso a la información pública. Por lo que al buen gobierno respecta, se analizan las consultas populares.

Amaya Angulo Garzaro

La Administración pública, en el diseño y desarrollo de sus procedimientos de contratación, es susceptible de tener que soportar daños derivados de la comisión de prácticas anticompetitivas. La Administración no solo está facultada para reclamar el resarcimiento de los daños ocasionados por la conducta, sino que, sobre la base de los principios de buena administración y asignación eficiente de los recursos públicos, estaría obligada a buscar la reparación del daño que ha tenido que soportar como consecuencia de la infracción de la normativa de competencia.

Eduardo Gamero Casado

Acaba de comenzar a aplicarse el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, larga denominación que el propio título de la disposición abrevia con la locución “Reglamento general de protección de datos” (en lo sucesivo, RGPD). Irrumpe en un momento en el que cada vez son más frecuentes las alarmas por actuaciones fraudulentas o malintencionadas en el tratamiento de los datos personales […]

Amaya Casado Echarren

Se analiza en esta crónica de jurisprudencia la Sentencia 892/2018, de 31 de mayo de 2018, de la Sección 5.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Rec. Casación 2/2017), por la que se resuelve un procedimiento en el que se debate el alcance de la vinculación jurídica existente entre el procedimiento de reestablecimiento de la legalidad urbanística y el procedimiento de solicitud de la licencia urbanística, tendente a hacer efectiva dicha legalización.

Miguel Ángel Ruiz López

En esta crónica de jurisprudencia se destacan las resoluciones más recientes y relevantes de diferentes tribunales en materia de expropiación forzosa, tratándose cuestiones relativas a la indemnización en caso de nulidad del expediente expropiatorio (interpretación de la disposición final 2ª de la Ley 17/2012, de Presupuestos Generales del Estado) o al significado y alcance de la potestad de desistimiento del procedimiento de expropiación forzosa

Alejandro Huergo Lora

En esta crónica de jurisprudencia se destacan las resoluciones más recientes y relevantes de diferentes tribunales en materia de contratación administrativa, tratándose cuestiones relativas a la preparación y adjudicación del contrato (Aplicación del baremo y admisibilidad de variantes, Recursos y retroacciones de actuaciones, Aplicación no formalista de los requisitos para contratar y Adjudicación de licencias de televisión de ámbito autonómico) y a los efectos y extinción del contrato (Convenios interadministrativos y Fusión y escisión de empresas).