Carlos Yáñez Díaz

La Sentencia de 10 de diciembre del Tribunal Supremo declara que no es necesario el informe de impacto de género en la aprobación de los planes urbanísticos en la Comunidad de Madrid, Este artículo analiza la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a los informes de impacto de género y su errónea exclusión de la aplicación de la cláusula de aplicación supletoria del Derecho estatal.

Rubén Martínez Gutiérrez

El presente trabajo analiza las consecuencias jurídicas de la reforma del artículo 230 de la LOPJ y de la promulgación de la Instrucción 1/2018 del CGPJ, producidas en diciembre de 2018. Con esta base, se analizará el marco normativo de la e-Justicia con especial interés en la jurisdicción contencioso – administrativa, profundizando en el estudio de (1) los nuevos requisitos técnicos de las plataformas de gestión procesal para la tramitación del expediente judicial electrónico, (2) las exigencias de formación en el personal de la Administración de Justicia necesarias para imponer el uso de medios electrónicos, y, (3) los requerimientos de medios materiales y organizativos que permitan un correcto desarrollo de la e-Justicia.

Esther Rango Burgos

El objeto del presente trabajo es tratar de poner sobre la mesa una de las cuestiones que, junto al interés casacional objetivo, posiblemente, mayores polémicas ha suscitado en la nueva regulación del recurso de casación en el orden contencioso-administrativo. Las cuestiones formales de los escritos procesales del referido recurso incorporadas con la modificación de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa por la Ley Orgánica 7/2015, así como el ulterior Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, en el que se regula la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidas al recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y las consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento de aquéllos a la luz de los primeros autos y sentencias, requieren una detenida reflexión […]

Adrián Palma Ortigosa

En el presente trabajo se realiza una interpretación del Art 22 del RGPD, para ello defendemos que, además del derecho de los particulares a no verse sometido a decisiones plenamente automatizadas, lo que en esencia se reconoce en este precepto es la regulación específica de un tratamiento de datos personales concreto, esto es, el uso de máquinas por parte de organizaciones en la toma de decisiones sobre particulares sin intervención humana. Para ello, junto al análisis y definición del tratamiento, se estudian las distintas bases jurídicas que legitiman al responsable para llevarlo a cabo y, se examinan una por una el conjunto de facultades de las que gozan aquellos particulares que se ven afectados por tal tratamiento. Nuestro principal objetivo es clarificar un precepto que a día de hoy se muestra como uno de los pocos que prevé una serie de garantías jurídicas en favor de aquellos que se ven sometidos a decisiones tomadas por una máquina.

Juan Mestre Delgado y Álvaro Martínez Rivero

Los gobiernos locales que cesen tras las próximas elecciones, y se mantengan en funciones hasta que se constituyan los nuevos órganos con los concejales electos, deben principalmente velar por su correcta sustitución y ejercer mientras tanto, salvo que razones de urgencia debidamente justificadas exijan otra cosa, meras labores de administración ordinaria que no condicionen las orientaciones de quienes los sustituyan. Este límite afecta, desde luego, a la potestad reglamentaria, que no puede ser ejercida por un gobierno local en funciones; menos aún cuando se trate de regular, por medio de ordenanzas locales, materias sometidas a reserva de ley.

Rafael Jiménez Asensio

Cuando el reconocimiento de la autonomía local ha superado el umbral de los cuarenta años y en este mismo año 2019 se celebra también el cuarenta aniversario de las primeras elecciones municipales, así como cuando nos encontramos en los primeros pasos de una campaña municipal literalmente tapada por las elecciones legislativas de 28 de abril, tal vez sea oportuno llevar a cabo una somera reflexión sobre el pulso actual del gobierno local, aproximándonos a los desafíos a los que se deberá enfrentar en los próximos años.

Carla Esplugues Barona

España amanece en el siglo XXI con enormes cambios sociales y transformaciones en las estructuras administrativas. Ello ha implicado una variación de los conflictos existentes entre Administración y ciudadanos. Así, surge el debate en torno a la búsqueda de nuevos cauces alternativos para la resolución de los conflictos administrativos. En este escenario, conviene analizar el estado de la cuestión en el Derecho comparado: Estados Unidos, por ser el país cuna de las Alternative Dispute Resolution o ADR y Francia, por cuando es el país del que proviene nuestro modelo de Derecho administrativo. Se trata de dos modelos muy dispares y, por ende, el planteamiento frente a la admisibilidad o no del arbitraje en Derecho administrativo difiere sustancialmente.

Manuel Pereiro Cárceles

El blockchain constituye una tecnología innovadora en la automatización de procesos, con múltiples aplicaciones en el ámbito del procedimiento administrativo. Su utilización nos obliga a plantear una reconfiguración de los trámites previstos en la normativa, así como a evaluar posibilidades de simplificación administrativa que no mermen los derechos y garantías de los interesados. A partir de esta reflexión, pretendemos abordar los potenciales usos del blockchain en los procedimientos administrativos, en particular, en los de contratación pública y concesión de subvenciones.

Mónica Domínguez Martín

En los últimos años, de la mano de la reforma de la legislación sobre contratación pública (tanto nacional como de la Unión Europea) estamos asistiendo a un cambio de la regulación relativa a los contratos y, en concreto, a los que desarrollan las Administraciones Públicas en el ámbito sanitario. La Ley de Contratos del Sector Público de 2017 suprime el contrato de gestión de servicios y lo sustituye por la concesión de servicios y el contrato de servicios a los ciudadanos. La transferencia o no al contratista del riesgo operacional se configura como el criterio clave de distinción entre ambos contratos. Además de lo anterior, la jurisprudencia del TJUE permite que los contratos de prestaciones personales de carácter sanitario se excepcionen de las reglas de la concurrencia propias de un contrato típico de servicios y que su prestación se puede llevar a cabo a través de fórmulas no contractuales: reserva y acción concertada.

Mariano López Benítez

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, encabeza el grupo normativo dedicado a la regulación de la violencia de género en nuestro ordenamiento jurídico. Un grupo normativo, particularmente denso e influido por normas internacionales, en el que se integran, además de otras normas estatales que complementan dicha Ley Orgánica, una amplia panoplia de normas autonómicas. Y un grupo normativo que tiende a equipararse y confundirse con el constituido por las Leyes de Igualdad, pese a que, por más que puedan proyectar recíprocas inferencias, muestran finalidades y campos de acción bien diferentes […]

José Zamorano Wisnes

Este trabajo se centra en el estudio de los bienes integrantes de los patrimonios públicos del suelo y especialmente de su destino, cuya interpretación se hace especialmente problemática a partir del TRLS de 1992. En relación con los bienes integrantes de los PPS, se presta especial atención a estudio de qué bienes forman “necesariamente” parte de esta patrimonio separado. En cuanto al destino desde la Ley de Suelo de 2007 se han venido introduciendo algunas innovaciones significativas que se estudian convenientemente […]

Beatriz Pérez de las Heras

La agenda de legislar mejor y su desarrollo práctico desde 2015 representan una nueva cultura de regulación jurídica en el sistema de gobernanza multinivel de la Unión Europea (UE). Las actuales formas de actuación normativa aportan así numerosos mecanismos para la interacción directa entre las instituciones de la UE, las autoridades nacionales, regionales y locales, así como con el conjunto de la sociedad civil. Aún todavía mejorables en algunos aspectos, las evaluaciones de impacto y las consultas públicas emergen como piezas clave de transparencia y de democracia participativa. […]

Cristina Clementina Arenas Alegría

La Ley de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre de 2017 por la que se adaptan al ordenamiento jurídico español las Directivas 2014 cuenta entre sus objetivos con la lucha contra la corrupción. En un alto porcentaje, el uso de la contratación menor, y su apariencia de legalidad, constituye una vía habitual que se utiliza para incumplir los preceptos legales correspondientes sobre publicidad y concurrencia. Por ello la, Ley impone en el artículo 118 importantes limitaciones al uso de este tipo de contratos, limitaciones que han de interpretarse correctamente para que no supongan una eliminación en la práctica de esta figura.

Por Severiano Fernández Ramos y José M.ª Pérez Monguió

En esta crónica de jurisprudencia se destacan las resoluciones más recientes y relevantes de diferentes tribunales en materia de transparencia y buen gobierno. En lo que a la transparencia se refiere, se tratan cuestiones diversas relativas a las causas de inadmisión del derecho de acceso a la información pública. Por lo que al buen gobierno respecta, se analizan las consultas populares.

Amaya Angulo Garzaro

La Administración pública, en el diseño y desarrollo de sus procedimientos de contratación, es susceptible de tener que soportar daños derivados de la comisión de prácticas anticompetitivas. La Administración no solo está facultada para reclamar el resarcimiento de los daños ocasionados por la conducta, sino que, sobre la base de los principios de buena administración y asignación eficiente de los recursos públicos, estaría obligada a buscar la reparación del daño que ha tenido que soportar como consecuencia de la infracción de la normativa de competencia.

Eduardo Gamero Casado

Acaba de comenzar a aplicarse el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, larga denominación que el propio título de la disposición abrevia con la locución “Reglamento general de protección de datos” (en lo sucesivo, RGPD). Irrumpe en un momento en el que cada vez son más frecuentes las alarmas por actuaciones fraudulentas o malintencionadas en el tratamiento de los datos personales […]

Amaya Casado Echarren

Se analiza en esta crónica de jurisprudencia la Sentencia 892/2018, de 31 de mayo de 2018, de la Sección 5.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Rec. Casación 2/2017), por la que se resuelve un procedimiento en el que se debate el alcance de la vinculación jurídica existente entre el procedimiento de reestablecimiento de la legalidad urbanística y el procedimiento de solicitud de la licencia urbanística, tendente a hacer efectiva dicha legalización.

Miguel Ángel Ruiz López

En esta crónica de jurisprudencia se destacan las resoluciones más recientes y relevantes de diferentes tribunales en materia de expropiación forzosa, tratándose cuestiones relativas a la indemnización en caso de nulidad del expediente expropiatorio (interpretación de la disposición final 2ª de la Ley 17/2012, de Presupuestos Generales del Estado) o al significado y alcance de la potestad de desistimiento del procedimiento de expropiación forzosa

Alejandro Huergo Lora

En esta crónica de jurisprudencia se destacan las resoluciones más recientes y relevantes de diferentes tribunales en materia de contratación administrativa, tratándose cuestiones relativas a la preparación y adjudicación del contrato (Aplicación del baremo y admisibilidad de variantes, Recursos y retroacciones de actuaciones, Aplicación no formalista de los requisitos para contratar y Adjudicación de licencias de televisión de ámbito autonómico) y a los efectos y extinción del contrato (Convenios interadministrativos y Fusión y escisión de empresas).