Los funcionarios podrán elegir entre pasar sus ahorros al fondo de público o conservar su plan privado

El Gobierno aún trabaja en los elementos definitorios del texto legal que conformará el armazón del nuevo fondo público de pensiones. Aun con cuentagotas, algunos aspectos relevantes del nuevo instrumento destinado a fomentar el ahorro privado en el ámbito de la empresa con planes de pensiones de empleo. Ente ellos, los funcionarios de los diferentes niveles de la Administración General del Estado que cuentan con un plan de pensiones colectivo podrá elegir entre seguir con su gestora o asegurada privada con sus actuales condiciones o, por contra, podrán trasladar sus planes de ahorro al fondo público.

Eleconomista.es – Gonzalo Velarde – 20.10.21

De este modo, pese a la imprenta pública que lleva la promoción de este vehículo que agrupará varios fondos de pensiones y que será gestionada por el sector privado, ninguno de los organismos de los diferentes niveles de la Administración -solo en la AGE se encuentran medio millón de funcionarios con plan de pensiones- estará obligado a traspasar ese ahorro acumulado al nuevo esquema.

Precisamente, según apuntan fuentes oficiales a elEconomista, el objetivo de este fondo público para con los funcionarios no está en la captación de estos ahorros, que en muchos casos ya cuentan con unas comisiones cercanas a las que ofrecerá el fondo público, sino la de extender el sistema de ahorro en los niveles de la Administración que muestran escasos niveles de cobertura de sus trabajadores. Se trata principalmente de un 50% de las comunidades autónomas que no cuenta con planes de empleo para sus funcionarios, y un 80% de las entidades locales en esta misma situación.

Por ello, una de las prerrogativas que tendrán los colectivos diana (asociaciones de autónomos, organismos públicos o patronales sectoriales) de la medida será proponer una serie de entidades gestoras encargadas de administrar el ahorro en los trabajadores. Cabe recordar, que este será el paso previo para la celebración del concurso público al que podrán las empresas interesadas en la gestión y los depósitos del instrumento impulsado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Retomar aportaciones

Sobre este aspecto, recientemente, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado solicitó al Gobierno que reactive los planes de pensiones que contempla la normativa para el conjunto de los empleados/as públicos.

Recuerdan que la disposición final primera del Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, establece que las Administraciones Públicas podrán promover planes de pensiones de empleo y realizar aportaciones. Esta regulación fue completada en 2004 (RD 304/2004 de 20 de febrero) con un reglamento, tomando como referencia la experiencia en el ámbito de la Unión Europea.

Desde entonces, la mayoría de las administraciones públicas han realizado aportaciones al plan de pensiones hasta 2011 cuando, con motivo de la crisis, se acordó la suspensión de dichas aportaciones. Los planes de pensiones volvieron a habilitarse en 2018, si bien hasta el momento no se han vuelto a realizar aportaciones. De hecho, tan solo desde el País Vasco se han conservado los ritmos de aportación a los planes de ahorro en los últimos años, y tras levantarse la lupa de la Comisión sobre las finanzas públicas españolas.

Ahora, se da la circunstancia de que el Pacto de Toledo incluye entre sus recomendaciones la necesidad de impulsar estos planes de pensiones, sustentados en el marco de negociación colectiva. Además, el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia también incluye a los sistemas complementarios de pensiones en el marco de las inversiones y reformas.

Por todo ello, CSIF solicita a la secretaria de Estado de Función Pública que de las instrucciones para que las administraciones procedan de nuevo a efectuar las aportaciones a los distintos planes de pensiones, con efectos retroactivos.