Quinto informe del "Monitor de impacto de la covid-19 sobre los servicios sociales"

El proyecto de investigación "Monitor de impacto de la covid-19", coordinado por Inés Calzada de la Universidad Complutense de Madrid en el marco de la Convocatoria permanente de proyectos de investigación de alta calidad que financia el INAP, acaba de lanzar su quinto estudio: "Los servicios sociales ante la pandemia: estabilidad".

El objetivo de la investigación consiste en analizar cómo están respondiendo ante la crisis de la pandemia los servicios de trabajo social correspondientes a cerca de 60 poblaciones de seis comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Euskadi y Madrid), mediante una entrevista telefónica con la persona coordinadora del centro de servicio social.

Este quinto informe incide en la situación de permanente crisis que están afrontando los y las trabajadores sociales desde que empezó la pandemia, hace más de un año y medio. “Hay mucha esperanza puesta en la vacuna, pero también una idea muy clara de que la crisis social no ha hecho más que empezar. Es verdad que la recuperación económica rescatará a personas y familias que ahora dependen casi totalmente de los servicios sociales, pero también es verdad que no todos los problemas se van a solucionar con la vuelta al crecimiento. Las personas que, ya antes de la pandemia, tenían dificultades para entrar en el mercado de trabajo (parados de larga duración, mayores de 50, personas con alguna discapacidad, etc.) no están hoy en mejor situación sino todo lo contrario”, manifiestan los investigadores en el estudio.

Así mismo, subrayan la necesidad de que “el tema de la salud mental debería empezar a tomarse con la seriedad que requiere”. Entre los aspectos positivos, el informe destaca el avance de la vacunación, la reactivación de la hostelería y la resiliencia de la sociedad, así como la esperanza entre los y las trabajadores sociales de mayores recursos humanos y materiales.

En relación a la tramitación del ingreso mínimo vital, el informe evidencia los problemas de colaboración de algunos ayuntamientos por los certificados de empadronamientos necesarios para gestionar esta prestación, así como de la Seguridad Social.

Acceso al informe

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