Iceta limita el teletrabajo en el sector público para evitar ministerios vacíos

 30/03/2021
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CCOO y CSIF denuncian el control férreo que el Gobierno pretende imponer sobre el acceso al trabajo no presencial y reclaman criterios objetivos para determinar cuando se puede o no teletrabajar.

lainformación.com 28.03.2021

Es posible que el teletrabajo haya venido para quedarse, pero si alguien pensaba que podía ser uno de los vectores de aceleración de la tan reclamada modernización de la Administración Pública ya puede empezar a cambiar de idea. El último borrador de acuerdo para el desarrollo del teletrabajo en la Administración General del Estado presentado a los sindicatos por el Ministerio de Función Pública y Política Territorial de Miquel Iceta, al que ha tenido acceso La Información, introduce todo un sistema de cautelas para limitar el acceso de los funcionarios del Estado al trabajo no presencial y deja en manos de los responsables de cada departamento y de cada organismo público la aprobación de las solicitudes que les lleguen para trabajar desde casa.

El planteamiento ministerial choca con la propuesta sindical que aspiraba a configurar el teletrabajo como un derecho más para los empleados públicos al servicio del Estado, a partir de la regulación de una serie de criterios objetivos que dieran acceso a los funcionarios a esta modalidad de trabajo en igualdad de condiciones con el trabajo presencial. El Ministerio de Función Pública no ha 'comprado' esta filosofía. Su última propuesta ignora las reivindicaciones sindicales de definir a priori los puestos de trabajo susceptibles de ser desempeñados desde casa, de reflejar incluso esa opción en la definición de los puestos de trabajo que se convoquen en las ofertas de empleo público o al menos de negociar con los sindicatos qué puestos de trabajo se pueden desempeñar a través de esa modalidad y cuáles no.

Las limitaciones impuestas por la pandemia han demostrado que hay un número no pequeño de funcionarios que puede desempeñar sus tareas a distancia y que así lo han hecho durante los meses más duros del confinamiento. Hubo etapas durante las que el 80% de los funcionarios del Estado estuvieron trabajando desde sus casas en un despliegue sin precedentes y hubo ministerios que tuvieron a la práctica totalidad de su plantilla trabajando bajo esta modalidad, en la mayoría de los casos con sus propios equipos y 'tirando' de sus conexiones a internet. La experiencia no parece haber convencido, sin embargo, a los responsables de regular el funcionamiento de la Función Pública para abrazar esta modalidad de trabajo no presencial.

El plan de Función Pública es establecer una barrera de entrada, al exigir la acreditación de al menos un año de antigüedad en el puesto que se desempeña; hacer depender la aceptación de las solicitudes del único criterio de cada responsable de departamento; y restringir el flujo de funcionarios que puedan acceder al teletrabajo por la vía de realizar convocatorias periódicas con carácter anual. La intención del Ministerio es introducir es una cautela más en la norma para limitar el número de solicitudes de trabajo no presencial que se presenten cada año en función de la disponibilidad de dispositivos informáticos para habilitar la opción del teletrabajo.

"El teletrabajo no es un derecho y no es para todo el mundo". Según el sindicato Comisiones Obreras, éste fue el lema con el que los negociadores del Ministerio de Función Pública y Política Territorial delimitaron el espacio de negociación para acordar la regulación del teletrabajo en la Administración del Estado. El sindicato cuestiona que el Ministerio pretenda hacer descansar el acceso o no de un empleado público al teletrabajo al único criterio del responsable de un departamento, con el margen de arbitrariedad que eso puede introducir en la operativa normal de la Administración, y reclama o bien la definición de criterios objetivos para tomar esa decisión o bien la participación sindical en el proceso. El borrador planteado por Función Pública deja bien claro que la definición de los puestos susceptibles de teletrabajar los determinará "cada departamento ministerial u organismo público" a partir de "los criterios comunes establecidos por la Comisión Superior de Personal", un órgano sin representación sindical que está compuesto por los subsecretarios de los diferentes ministerios.

"Nos piden una carta blanca y no se la vamos a dar", subrayan desde CCOO, augurando su oposición a la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado si el Ministerio no varía su posición de manera notable. En una sintonía similar se mueve CSIF, que en una nota interna distribuida la pasada semana lamentaba la unilateralidad con la que pretendía actuar la Administración y afeaba que el Ministerio ni siquiera hubiera definido algún baremo de referencia para determinar qué trabajadores pueden tener acceso al teletrabajo.

Control exhaustivo sobre los 'teletrabajadores'

El texto planteado por el Ministerio pretende también establecer un control exhaustivo - más estricto que el que se plantea en el común de los convenios de empresa que ya han regulado el teletrabajo - sobre los empleados públicos en modalidad de trabajo no presencial a través de un 'acuerdo de teletrabajo'. Éste regulará cuestiones básicas como la distribución entre jornada de teletrabajo y presencial - que por regla general será de tres jornadas en modalidad no presencial y dos en modalidad presencial -, o las tareas a realizar y los objetivos a cumplir por el funcionario.

Pero también definirá otras cuestiones como la ubicación del funcionario los días que realice jornada no presencial o un horario fijo en el que éste tendrá que estar disponible y localizable. Regulará asimismo las condiciones para la prórroga de ese acuerdo de teletrabajo que como mucho podrá extenderse durante un máximo de tres años.

Las controversias entre Ministerio y sindicatos alcanzan a la regulación de la prevención de riesgos laborales. Función Pública pretende sustanciar el control de riesgos sobre el puesto de trabajo del 'teletrabajador' con un ejercicio de autoevaluación y una declaración responsable por parte de éste, mientras que los sindicatos exigen que sea la Administración la que se responsabilice de garantizar la observación de las medidas preventivas.

En este sentido, el Ministerio solo se compromete a proporcionar al trabajador en modalidad no presencial un dispositivo informático portátil y una tarjeta de datos para tener conexión a Internet, según denuncian desde Comisiones Obreras, lo que excluye de partida la posibilidad de proporcionar sillas ergonómicas y otros elementos preventivos. Fuentes sindicales recuerdan que la ley del teletrabajo obliga a la empresa, en este caso la Administración, a proporcionar a los trabajadores en modalidad no presencial todo el material que necesiten para su trabajo...

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