Las Cortes Valencianas aprueban la ley que exige conocer el valenciano en la administración

 26/03/2021
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La nueva norma ha sido aprobada en las Cortes Valencianas con los votos del PSPV, Compromís y Unides Podem y con la oposición del PP, Cs y Vox. Se establece un periodo de un año para regular el requisito lingüístico en las diferentes categorías de los puestos de la función pública

lavanguardia.com 25.03.2021

La Cortes Valencianas han aprobado esta mañana la nueva Ley de la Función Pública Valenciana que ha generado no poca bronca política porque exigirá, a partir de ahora, el conocimiento del valenciano para poder optar a un puesto en la administración pública. De hecho llevaba años tramitándose para buscar un consenso entre las fuerzas del ejecutivo valenciano.

Aunque la ley deja abierto un plazo de un año para regular este requisito lingüístico, que no será igual para todos los funcionarios, el solo hecho de haberse llevado adelante ha generado una dura reacción de la oposición política al gobierno de Ximo Puig.

Así, la norma ha sido aprobada con los votos de los partidos del Botànic: PSPV, Compromís y Unides Podem. Y ha recibido el voto en contra de toda la oposición: PP, Ciudadanos y Vox. Y, ayer, el debate de la ley provocó uno de los plenos más tensos que se recordaban en las Cortes Valencianas.

La ley establece un plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma para desarrollar reglamentariamente este requisito, previo informe favorable de la Conselleria de Educación. Y la voluntad del Consell es adaptar este requisito según la función que se desempeñe.

Tras la aprobación de la ley, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, impulsora de esta ley, ha destacado que supone "el instrumento normativo que permitirá modernizar y transformar la Administración autonómica", porque si los servicios públicos han sido "pieza clave durante la gestión de la pandemia, ahora han de ser el motor más esencial para la recuperación económica".

La consellera ha señalado que esta ley acaba con la "anomalía" que suponía que la Comunidad Valenciana "fuera la única comunidad bilingüe que no tenía regulada la exigencia de capacitación lingüística" de sus plantillas públicas. "Por primera vez en 40 años, los valencianos y valencianas podrán dirigirse a la Administración en la lengua que deseen y nos equiparamos al resto de España", ha destacado Bravo.

Bravo ha reivindicado que no es una norma que "mire única y exclusivamente al empleado público, sino que mira a toda la ciudadanía", pues va a permitir la transformación de la administración de forma que los servicios públicos "estén gestionados por personal capacitado que impulse la recuperación económica".

Ha indicado que la regulación permite "mayor flexibilidad en los procesos de selección" de personal y "atraerá al talento joven", además de avanzar en derechos para las mujeres con medidas de acción positiva para garantizar la conciliación y que las trabajadoras puedan ejercer sus cargos y funciones sin ningún tipo de discriminación.

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