Gobierno riojano y Parlamento colaborarán en la formación de los empleados públicos y en el ámbito de los servicios jurídicos

El consejero de Hacienda y Administración Pública, Celso González, y el presidente del Parlamento de La Rioja, Jesús María García, han firmado dos convenios de colaboración para la formación de empleados públicos y para que los Servicios jurídicos del Ejecutivo asuman la representación y defensa en juicio del Parlamento en aquellos procesos judiciales que le encomiende la Mesa de la Cámara.

Harodigital.com 19.02.21

En materia formativa, el convenio sellado entre las partes regula la participación del personal que presta servicios en el Parlamento de La Rioja en las acciones formativas incluidas en el Plan de Formación del Gobierno regional, salvo las áreas específicas y de prevención de riesgos laborales. El Plan de Formación incluye este año más de 300 acciones dirigidas a unos 7.000 empleados públicos.

El consejero de Hacienda y Administración Pública y el presidente del Parlamento han coincidido en señalar que la formación es un aspecto esencial para ofrecer un servicio más eficaz al ciudadano, además de que constituye un instrumento de motivación, compromiso y de progreso personal y profesional. La duración de este convenio es de cuatro años.

Servicios Jurídicos

Celso González y Jesús María García también han firmado un convenio de colaboración por el cual los Servicios jurídicos del Ejecutivo asumen la representación y defensa en juicio del Parlamento en aquellos procesos judiciales que le encomiende la Mesa de la Cámara por conducto de su Presidente y siempre y cuando no exista colisión de intereses entre ambas instituciones.

La actuación de la Dirección General de los Servicios Jurídicos se limitará a los procesos en que esté involucrado el Parlamento y se realizará conforme a lo establecido en la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja y en el Decreto 21/2006, de 7 de abril, por el que se regula la organización y funcionamiento de la Dirección General de los Servicios Jurídicos.

Una vez encomendado un determinado asunto, éste se llevará bajo la exclusiva dirección técnica y la coordinación de la Dirección General de los Servicios Jurídicos, sin perjuicio de la colaboración del Parlamento cuando le sea requerida a tal fin de representación y defensa. La vigencia de este convenio es, también, de cuatro años.

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