Latribunadeciudadreal.es – Javier D. Bazaga – 21.12.20
Para ello, el último Consejo de Gobierno antes de la Navidad ha servido para aprobar distintas medidas para fomentar la generación de puestos de trabajo, tanto en empleo público como en autónomos y pymes.
En cuanto al primero, se aprobó la oferta pública de empleo correspondiente al año 2020, por la que se convocan 1.903 plazas de empleo público. Una convocatoria que supone el <<pistoletazo de salida>> al II Plan de Impulso a los Servicios Públicos de la Junta, como manifestó el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que se prolongará hasta el año 2023 y con el que está previsto que se lleguen a aprobar cerca de 6.000 plazas de empleo público. Con ello <<hemos agotado todas las posibilidades que nos permite la legislación básica del Estado>> en lo que a tasa de reposición se refiere.
Por sectores. El total de plazas se reparten, por sectores, entre 650 plazas de administración general, 893 correspondientes al sector educativo y, finalmente, 360 para el personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam). De esta forma, dos de cada tres plazas de la OPE de este año, un total de 1.253 plazas, están destinadas a educación y sanidad.
En el montante total de 1.903 plazas se incluyen aquellas reservadas a personas con discapacidad, que, como en todas las ofertas de empleo público que ha aprobado el Ejecutivo, ascienden al 7 por ciento del total, con el objetivo de fomentar su inclusión laboral y social de este colectivo.
Después de advertir que la pandemia nunca va a ser una excusa para cumplir con los compromisos adquiridos con la ciudadanía, Ruiz Molina destacó que, en el ámbito de la función pública, se seguirán aprobando ofertas de empleo público de forma anual y convocando los correspondientes procesos selectivos, cumpliendo con los objetivos que se marcó el ejecutivo regional de blindar las plantillas de los empleados públicos para que en ningún caso el gasto de personal pueda ser un capítulo de ajuste; reducir la tasa de interinidad de la Administración regional, situando a Castilla-La Mancha como una de las comunidades autónomas con menor tasa de interinidad; dar oportunidades de promoción interna a los empleados públicos de la Administración regional; favorecer la incorporación de las personas con discapacidad a la función pública y ofrecer posibilidades de encontrar un empleo en la función pública a todas aquellas personas que tengan esa vocación.
Así, se busca <<consolidar la mejoría en la calidad de los servicios públicos que se ha experimentado en la región desde 2015>>, gracias al I Plan de Impulso de los Servicios Públicos, que supuso la aprobación de 12.301 plazas.
En total, se han aprobado 14.204 plazas en los últimos cinco años, <<muy por encima de las previsiones iniciales que había en 2015>>.
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