Tribunales

Fiscalía advierte: la pandemia "no justifica" las contrataciones exprés realizadas por la Junta

 06/10/2020
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La Fiscalía provincial de Sevilla asegura que la pandemia del coronavirus "no justifica" el procedimiento exprés seguido para llevar a cabo contrataciones en varias ocasiones durante los últimos meses. "Se trata de un atentado al derecho de igualdad de acceso a la función pública”, apunta el fiscal en su escrito, como publica Diario de Sevilla, en referencia a la decisión de la Junta, que adjudicó puestos según el orden de llegada de las peticiones, para lo que solo había 24 horas.

Lavozdelsur.es 06.10.20

El "carácter urgente" de las contrataciones "no justifica que con carácter definitivo se consolide una situación laboral en la esfera pública sin contar con los méritos de la persona”, expresa el Ministerio Público, tras las denuncias presentadas por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) en los tribunales de lo Contencioso-Administrativo. Las diligencias abiertas por el Ministerio Público considera que la pandemia “no justifica” la adjudicación de plazas como interino “sin tener en cuenta los méritos de los participantes y estableciendo la adjudicación exclusivamente por el orden de entrada de la petición”, un procedimiento seguido para la contratación de los auxiliares de playa, técnicos forestales o administradores de gestión financiera.

Las contrataciones realizadas por la Junta de Andalucía están bajo sospecha, si el Ministerio Público utiliza el mismo criterio en el resto de diligencias abiertas tras las denuncias del Sindicato Andaluz de Funcionarios. Otros sindicatos, como CGT o CCOO, y partidos como el PSOE, también han denunciado estas prácticas. En lo que se basan las entidades denunciantes en que las contrataciones exprés incumplirían deberes de los poderes públicos. Esto es, los principios de igualdad y publicidad de los procedimientos, que velan para evitar arbitrariedades o resoluciones injustas. "Es una vía flagrante al enchufismo", indicaba CGT.

Además, el hecho de que dejen fuera a ciertos perfiles, como mayores de 60, embarazadas, lactantes, diabéticos, portadores de VIH o con otra enfermedad crónica, sería "discriminatorio", a juicio del sindicato. La Junta impone estas restricciones para la contratación pública en base a los riesgos que se les presupone a estas personas ante la pandemia. La denuncia implicaría una discriminación perseguida en el Código Penal y una prevaricación si no se base en criterios fundamentados. La cuestión es si las personas contratadas en las últimas convocatorias son, necesariamente, personas en primera línea de batalla contra el coronavirus, si no hay posibilidad de teletrabajo. De haberla, entonces, podría suponer efectivamente una discriminación, y ahora queda al criterio de los fiscales determinarlo jurídicamente.

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