El BOE publica un convenio suscrito entre el Cermi y Función Pública para la reducción de cargas administrativas que afectan a las personas con discapacidad

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este viernes el acuerdo suscrito entre el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública para la identificación y reducción de cargas administrativas que afectan a las personas con discapacidad y a sus familias.

SERVIMEDIA 26.06.20

El convenio, suscrito por la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, renueva la colaboración entre ambas partes y destaca que el Cermi acometerá una labor de análisis de las obligaciones de información y cargas burocráticas derivadas del cumplimiento de la normativa vigente que afecten a las personas con discapacidad y a sus familias; suministrará información adecuada, y participará en la elaboración de propuestas de reducción de las cargas administrativas.

En este marco, el Cermi elaborará un informe con “propuestas concretas y contrastadas” para “la mejora e impulso de la relación de las personas con discapacidad con la administración”.

Entre otras medidas que podrán desarrollarse en virtud de este acuerdo se encuentra también el desarrollo de laboratorios de ideas para la reducción de cargas administrativas y simplificación de procedimientos que Función Pública podría promover, “con el fin de fomentar la implicación de los órganos gestores y expertos de los sectores afectados”. Además, el Cermi podrá participar en actividades de comunicación y difusión de las medidas que se vayan implementando.

Por otra parte, para el seguimiento del convenio se creará una comisión formada por dos representantes del Ministerio de Función Pública y otros dos por parte de la plataforma representativa de la discapacidad en España.

Asimismo, el acuerdo pone en valor la trayectoria del Cermi en defensa de la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, al tiempo que subraya el compromiso del Gobierno con “la simplificación administrativa, el estudio de “las mejoras procedimentales y los procesos de reducción de cargas administrativas que han de aplicarse para flexibilizar las estructuras de las administraciones”.

Por último, destaca que la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) instan a los Estados a adoptar medidas en esta línea, para simplificar trámites burocráticos a empresas y personas.