El Gobierno reformará las leyes de Bases del Régimen Local y de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local para impulsar la autonomía de las entidades locales

 19/06/2020
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La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha expresado su deseo de reformar durante esta legislatura la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), para mejorar la capacidad de las entidades locales en la atención de las personas, y la modificación de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), para impulsar la autonomía local.

Elperiodic.com 18.06.20

Son anuncios que ha realizado Carolina Darias, durante su comparecencia en la Comisión de Entidades Locales del Senado, donde ha detallado las líneas de actuación del Ministerio de Política Territorial y Función Pública durante esta legislatura en materia local.

“Política Territorial es por encima de todo cooperación”, ha manifestado la ministra, y ha puesto de manifiesto que es deseable “una buena comunicación”, que permita “una buena coordinación”, que conduzca a la “cooperación”. En este sentido ha añadido que la política territorial que, en este momento necesita nuestro país debe basarse en una doble perspectiva: “debemos atender tanto a la autonomía competencial, como a la necesaria cooperación institucional”.

Reforma normativa

Carolina Darias ha realizado un balance crítico de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local: “Han quedado probados sus efectos negativos sobre la capacidad de los ayuntamientos y otras entidades locales para atender las necesidades de las personas y contribuir a su bienestar personal”.

Contra esta Ley se presentaron varios recursos ante el TC, dando lugar a una intensa conflictividad, ha destacado la ministra, motivo por el que, dentro del acuerdo programático de las fuerzas políticas que conforman el Gobierno, se procederá en esta legislatura a la aprobación de una nueva normativa que sustituya a la LRSAL.

La ministra también ha anunciado la modificación de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local “para avanzar en la autonomía local”, intensificando la colaboración y cooperación con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Ejes de estas modificaciones serán: recuperar la autonomía local que permita a los ayuntamientos diseñar políticas públicas propias y responder así a las demandas de sus vecinos; mayor profundización democrática de las instituciones locales, en cuestiones tan importantes como el ejercicio del derecho de voto o el acceso a la información municipal por parte de los representantes locales; y apostar por lo público en la gestión de los servicios locales frente a otros modos de gestión, respetando la autonomía local.

Estatuto Básico de los Pequeños Municipios

El Estatuto Básico de los Pequeños Municipios es una novedad que se enmarca en la elaboración de la Estrategia Nacional frente el Reto Demográfico, que lidera la vicepresidenta cuarta. Persigue tres objetivos: fijar la población al territorio, mantener la calidad democrática del municipio, de acuerdo con nuestro Estado democrático, y garantizar las condiciones de vida de los ciudadanos con independencia del territorio en el que residan, con la prestación de unos servicios públicos de calidad.

Medidas, ha explicado la ministra, que se pueden incorporar a este estatuto: simplificación orgánica, agilización procedimental, especialidades en el ámbito de la contratación y en la gestión económica-financiera y patrimonial, especialidades en el régimen de los habilitados nacionales y mecanismos de asistencia por parte de las restantes administraciones a los pequeños municipios.

Entidades Locales Menores

Las modificaciones de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, efectuadas por la LRSAL, han originado que las Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM) creadas con posterioridad a esta ley no cuenten con la condición de entidad local careciendo de personalidad jurídica, mientras que las creadas anteriormente todavía pueden disponer de esa condición.

Existe por tanto una doble condición legal. La ministra ha anunciado la apertura de un proceso de diálogo con estas entidades y con las comunidades autónomas, para estudiar “cambios que eviten esta doble situación y que mejoren la atención que estas entidades prestan a sus vecinos”.

Habilitados nacionales

El problema con los habilitados nacionales, ha informado la ministra, es el déficit de personal para ocupar las plazas, sobre todo en territorios con mayor despoblación. Existen 8.518 puestos reservados a personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional (7.694 puestos obligatorios), mientras que el número de efectivos de la Escala en servicio activo es de 5.202. Situación que se verá agravada por el envejecimiento de la plantilla (casi la mitad de los efectivos en activo tiene más de 55 años).

Para paliar este déficit, se han autorizado por oferta de empleo público 2.469 plazas en las diferentes subescalas, de las que 1.549 son de acceso libre y 920 de promoción interna. En los procesos selectivos finalizados, la relación entre plazas convocadas y personas que superaron el proceso selectivo alcanza el 68,69% en acceso libre y el 51,80% en promoción interna.

Es uno de los motivos por los que Función Pública ha puesto en marcha un proyecto de captación del talento en el empleo público.

Proceso de cogobernanza durante la pandemia

La ministra ha destacado el papel de las comunidades autónomas y entidades locales durante este periodo, en sus respectivos ámbitos competenciales. Su papel relevante en el proceso de cogobernanza queda claro con varios datos que ha ofrecido: 8.132 ayuntamientos, 38 diputaciones provinciales de régimen común, 3 diputaciones forales, 7 cabildos insulares y 4 consells insulares han demostrado gran capacidad de actuación, directa y cercana, con multitud de reuniones entre ellos y encuentros con el Gobierno a través de la FEMP.

Carolina Darias ha subrayado la coordinación total a través de las Delegaciones del Gobierno. En el ámbito de seguridad, con una estrecha colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales; y en el ámbito sanitario, con el reparto de mascarillas, otro material sanitario, alimentos, material educativo o alojamiento a las personas en situación de vulnerabilidad.

La ministra ha hecho balance también en materia de cooperación con las administraciones territoriales: 14 Conferencias de Presidentes, 32 reuniones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, conferencias sectoriales y consejos interterritoriales sobre economía y hacienda, industria, comercio, cultura, agricultura, servicios sociales y atención a la dependencia, justicia, transportes, educación, ciencia e innovación, universidades, medio ambiente y energía, administración pública, entre otros.

Trabajo de las entidades locales y de la FEMP

Entre los problemas estructurales de nuestras entidades locales, la ministra ha mencionado la reordenación de la dimensión mínima territorial de los municipios, la reconsideración de las funciones de las que deben ocuparse los ayuntamientos y las potestades que deben ejercer, así como la reforma de las haciendas locales y los mecanismos de financiación.

Carolina Darias ha destacado el papel que desarrolla la FEMP, y ha señalado la colaboración estrecha que mantiene con su presidente, las reuniones celebradas y la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) del 10 de febrero, con la asistencia de la ministra de Hacienda, para dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La ministra ha resaltado la contribución de las entidades locales para que podamos superar con el menor daño posible la crisis sanitaria, así como la importancia de su participación en el proceso de reconstrucción social y económica.

El Gobierno de España ha adoptado medidas concretas que han contribuido a mejorar la capacidad de respuesta de las entidades locales: autorización a las entidades locales para que un 20% del superávit de 2019 se pueda destinar a financiar gastos de inversión en servicios sociales.

La ministra se ha referido también a la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para financiar un Fondo Social Extraordinario de 300 millones para sufragar servicios sociales prestados por las diputaciones o las corporaciones locales y a la modificación del artículo 46. 3 de la Ley de Bases de Régimen Local para regular por primera vez la posibilidad de que las entidades locales celebren sesiones y adopten acuerdos de forma telemática.

Ayudas por catástrofes naturales

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública gestiona las ayudas por catástrofes a las entidades locales.

Subvenciones derivadas del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre: daños ocasionados por incendios, temporales y otras catástrofes naturales ocurridos entre junio y septiembre de 2019. El Consejo de Ministros autorizó más de 151 millones de euros.

Subvenciones derivadas del Real Decreto 630/2019, de 31 de octubre: catástrofes entre el 1 de enero de 2018 y 31 de marzo de 2019 por temporales de lluvias, nieve, inundaciones, desbordamientos de ríos y torrentes e incendios forestales. El Gobierno ha convocado hoy mismo ayudas por importe de 12,7 millones de euros.

Ampliación de ayudas del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre: daños en infraestructuras municipales y red viaria por catástrofes acaecidas entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020. La Secretaría General de Coordinación Territorial ya ha recabado a las Delegaciones del Gobierno la información sobre los sucesos, el ámbito temporal y la valoración de daños.

Contribución al proceso de reconstrucción

La ministra, como ha hecho en otras ocasiones, ha vuelto a reclamar hoy en el Senado la necesidad de “lograr un mínimo común de entendimiento”, porque en el proceso de reconstrucción social y económica que necesita España, “debemos caminar con prudencia y con el mayor grado de consenso posible para modernizar nuestras instituciones públicas”.

En este sentido, la ministra ha recordado la aprobación en nuestro país del Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030, como un primer paso en la necesidad de que todas las administraciones públicas desarrollen un modelo de prestación de servicios abierto, colaborativo y transparente, y ha indicado la necesidad de tener en cuenta la propuesta de la ONU expresada en el Objetivo de Desarrollo Sostenible.

La ministra, que ha reconocido la importancia también de los ayuntamientos en la gestión del Ingreso Mínimo Vital, y ha finalizado su intervención mostrando su convencimiento de que la cooperación territorial está estrechamente vinculada con la cohesión social y resulta “imprescindible para alcanzar las grandes transformaciones que necesita este país, así como a un plan de reconstrucción social y económica”.

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