El Ayuntamiento de Córdoba se lanza a la carrera de adaptarse a la administración digital

 26/08/2019
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¿Puede una administración como el Ayuntamiento de Córdoba, con decenas de servicios y algunos miles de empleados, cambiar en algo más de un año la forma de trabajar? La realidad no es que puede sino que debe hacerlo por imperativo legal con unas implicaciones que afectan a una institución que pone multas, da permisos, limpia calles, arresta a personas, apaga fuegos y tiene una estructura de servicios sociales.

sevilla.abc.es 23.08.2019

En octubre del año próximo, acaba el plazo de gracia concedido a todas las instituciones públicas del país para implantar la llamada administración digital. No se trata de comprar ordenadores, servidores o servicios de nube. El requisito es mucho más relevante: va de reformular las relaciones administrativas con la ciudadanía para cumplir con la nueva legislación de procedimientos administrativos adaptadas por el Gobierno de Rajoy que ha sido sistemáticamente ignorada por cuestiones presupuestarias por muchos municipios como Córdoba.

Una de las novedades de esta corporación sobre la materia es que dispone de una concejalía específica que tiene que trabajar con esta cuestión. Una de las sorpresas del gobierno montado por José María Bellido tras las elecciones municipales es que reservaba la concejalía de Transformación Digital, un departamento de nuevo cuño, a la empresaria Blanca Torrent. La mayor parte los análisis establecieron que era un asignatura maría para una persona que se había presentado a las elecciones como número dos.

Es verdad que Transformación Digital es una cartera poco llamativa. No tiene una legión de funcionarios detrás pero su papel va a ser determinante en una cuestión concreta. Por directiva de la Unión Europea, las administraciones tienen que interactuar con los ciudadanos como lo hacen las empresas: mediante medios telemáticos. Y ello genera una nueva cultura, intereses empresariales de contratación con las instituciones. En el Consistorio, todo lo que se haga en esta materia es campo. Recuérdese que el Ayuntamiento tarda cinco meses en grabar los datos de cambio de domicilio para pedir un certificado de empadronamiento. O que las notificaciones tributarias se siguen haciendo por la vía tradicional del correo ordinario.

Un campo nada desarrollado

Una de las primeras cuestiones que va a abordar el equipo de gobierno es un diagnóstico de la situación que tiene que ver tanto con la realidad material y profesional del antiguo CPD (el departamento de informática municipal) como con las necesidades que exige la nueva legislación que son muchas y variadas. La clave del nuevo sistema es que las relaciones telemáticas del administrado ya son un derecho por lo que modifica el vetusto sistema de ventanillas por el que se han regido las instituciones. El Consistorio tiene en marcha un proyecto de digitalización potente para el que cuenta con fondos de la Unión Europea pero el gasto del programa, llamado Edusi, va bastante lento en su aplicación efectiva.

En el Ayuntamiento es bien conocido que existe un problema tecnológico serio que sería inviable en una empresa de cierta envergadura. Todo es, en cierta manera, campo. De ninguna de las anteriores corporaciones salió el primer paso que es la elaboración de una ordenanza municipal que regule las relaciones elecrónicas con la ciudadanía con materias sensibles como qué es posible, que no, en qué plazos y bajo qué garantías legales. El asunto siempre ha sido menor en el debate público municipal.

El único informe disponible sobre la materia lo publicó ABC el pasado mes de marzo. Es un diagnóstico realizado por la consultora EY del nivel de adaptación de las grandes capitales a la legislación sobre administración electrónica con un objeto de estudio de 21 instituciones. El Ayuntamiento de Córdoba ocupaba el lugar 18 lo que viene a significar que su desarrollo tecnológicoa efectos administrativos es manifiestamente mejorable.

Los investigadores de EY trabajaban como si fueran usuarios en cada uno de los portales e intentaban realizar trámites. Constataron que el índice de aplicación de los requisitos legales apenas superaba el 40 por ciento. O lo que es lo mismo. En torno al 60 por ciento de lo que ya se tendría que estar haciendo, no se hace. Como dato relevante, la primera norma española sobre administración electrónica data de 2007. El texto consolidado del Gobierno Rajoy se publicó en 2015. El retraso es tan generalizado que el Ejecutivo tuvo que dar un tiempo de prórroga para adaptarse a aspectos básicos y relevantes de la legislación sobre procedimientos administrativos digitales.

¿Dónde se quiere llegar?

Para quien no esté familiarizado con la tecnología, lo primero es no asustarse. Las ventanillas van a seguir existiendo. Quien quiera verle la cara al funcionario podrá hacerlo. La administración electrónica consiste en una alternativa para las empresas o particulares que no quieran echar la mañana haciendo cola. El nuevo modelo tiene que fijar qué requisitos y plazos aparecen para que el ciudadano no tenga problemas de seguridad jurídica. Y son bastante precisos. Por ejemplo, hay que elegir un sistema concreto de certificación digital, hay que crear un registro de apoderados (personas que actúen en nombre de otras personas o de empresas), es preciso diseñar un punto de acceso a la administración electrónica (algo mejor de la actual y vetusta sede electrónica municipal) o un registro y un archivo centralizado para presentar y custodiar documentos. No es una decisión menor porque este tipo de elementos tienen que ser, por obligación legal, interoperables. Las administraciones han de estar conectadas entre sí para facilitarle la vida al ciudadano. Debe ser posible la obtención de un expediente vía digital desde cualquier institución o la presentación de documentos de toda índole.

La norma obliga a que todo se presente en formato digital y, si se hace en papel, que se convierta lenguaje informático con unas normas precisas y unos metadatos muy concretos que permitan una verificación oficial. Se trata de un reto que no es nada fácil y que, según los expertos, constituye uno de los grandes problemas del sistema. En España, cada cual ha hecho la guerra por su cuenta en materia digital de forma que no todos los sistemas oficiales pueden comunicarse entre sí. La ley obliga a digitalizar todo lo que esté en papel y a dar un paso más de cara a la transparencia. La gran tarea pendiente de la Administración.

El coste tecnológico

La ausencia de un plan estratégico de tecnología durante las anteriores etapas supuso un problema serio en las relaciones internas del anterio equipo de gobierno. El Área de Hacienda contaba, decía su titular, Alba Doblas, con una muy deficiente dotación tecnológica para desarrolar todo el trabajo de cobro de deudas tributarias. El plan de IU era el de adquirir una plataforma llave en mano que funciona en muchos otros municipios. El asunto entró en controversia porque había partidos, como fue el caso de Ganemos, que entendían que había que evitar la adquisición de sistemas de licencias que entregan elementos tan básicos como los datos fiscales a firmas privadas sujetas a contratos mercantiles. Hacienda alegaba que se estaba perdiendo dinero por la ausencia de una herramienta moderna. Los críticos, que se estaba convocando un concurso con nombre y apellidos.

El equipo de gobierno del PP y Ciudadanos tiene que desarrollar un planteamiento que pregunte, en primer lugar, cómo quiere desarrollar el trabajo. Si con personal propio o con empresas externas que vendan su tecnología. La posibilidad de que funcionarios municipales desarrollen solos, con los mimbres actuales, este tipo de aplicaciones tan sofisticadas resulta muy complicado. Ni siquiera las instalaciones y los equipos responden a ncesidades básicas. Las repercusiones económicas vía contratos a terceras empresas de la conversión digital en España no son moco de pavo. Y donde hay dinero público, existen también presiones corporativas.

El actual alcalde, José María Bellido, ya planificó cuando era teniente de alcalde de Administración Pública la creación de unas nuevas instalaciones para todas las tripas tecnológicas del Consistorio, que no llegó a hacerse. De las primeras adquisiciones efectuadas por el equipo directivo de Gerencia ha sido ordenadores en un servicio que tiene entre manos un plan de choque de licencias que pivota sobre más personal y sobre una mejor dotación tecnológica. Y solo es la punta de lo que tiene que cambiar en la institución en un plazo de meses.

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