Más de 600.000 funcionarios autonómicos gozan ya de una jornada de 35 horas semanales

La Junta de Castilla y León y los sindicatos han acordado implantar las 35 horas semanales para los funcionarios y trabajadores públicos, medida que entrará en vigor el próximo 1 de junio, y que eleva a siete el número de comunidades que cuentan con esta jornada laboral. Se trata de Andalucía, Extremadura, País Vasco, Canarias, Asturias y Castilla-La Mancha (en este caso salvo en Educación), además de la señalada Castilla y León.

Elmundo.es 21.05.19

Esto supone que hay más de 600.000 funcionarios de comunidades autónomas que gozan de una jornada diaria de 7 horas, cifra que representa cerca de la mitad de los 1,3 millones de trabajadores públicos autonómicos que hay en España, según el boletín del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

La introducción de esta jornada es el resultado del acuerdo alcanzado entre sindicatos y Función Pública el pasado año, cuando el responsable de la cartera era Cristóbal Montoro y tras muchas peticiones y presiones por parte de los representantes de los trabajadores públicos. Para llevar a cabo la reducción, el también ministro de Hacienda puso la condición de que las administraciones debían cumplir los objetivos de estabilidad y criterios de gasto, ya que la reducción de la jornada conlleva más contrataciones y, por lo tanto, más gasto.

Gracias al acuerdo, algunos ayuntamientos como los de Madrid, Zamora o Las Palmas, entre otros muchos, también han iniciado el proceso para la reducción o ya tienen incluso implantada la nueva jornada. En cambio, la condición impuesta por Montoro hace muy difícil que los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) vayan a gozar de esta jornada a corto plazo ya que el Estado sigue sufriendo notables desequilibrios.

Extender la medida

La situación, por lo tanto, varía en función de la Administración para la que se trabaje y ocasiones, según los sindicatos, un agravio comparativo. "Hasta 13 comunidades autónomas así como las corporaciones locales han cumplido los rigurosos objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública durante 2018, según el informe del Gobierno publicado recientemente. Para que no se produzcan agravios, porque creemos en la igualdad entre todos los empleados públicos independientemente de donde presten sus servicios es preciso que esta medida se extienda a todas las Administraciones, incluido la del Estado", exige la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Este mismo sindicato también afirma que "el Gobierno debe de ir preparando el tramo de la subida adicional del 0,25%, para que entre en vigor en julio, después de que se conociera el PIB definitivo de 2018". "El acuerdo en materia de retribuciones vigente establece una subida del 0,25% -adicional a la del 2,25% ya aplicada- ligada a un objetivo del PIB del 2,5 [los datos publicados por el INE sitúan en el 2,6% el crecimiento del PIB en 2018]. Por tanto, el Gobierno debe aplicar la subida para que entre en vigor en julio, tal y como establece el acuerdo". añade.