El "Plan Concilia", un nuevo logro para los empleados públicos

El pasado viernes 10 de mayo se ha firmado el Acuerdo por el que se establecen medidas de mejora de las condiciones de trabajo para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias(PLAN CONCILIA CANARIO).

Infonortedigital.com 13.05.19

El pasado viernes, con la firma del Plan Concilia Canario para la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias se da un nuevo impulso al avance en el proceso de recuperación de los derechos arrebatados a las empleadas y empleados públicos de Canarias.

Recordamos que ya el Estatuto Básico del Empleado Público reconoce el derecho individual del personal al servicio de la Administración a que dispongan de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

El propio EBEP y La Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, contienen un conjunto de medidas de conciliación que se articulan a través de permisos aplicables al personal funcionario. Además ambas Leyes remiten a su vez a la legislación laboral, respecto a los permisos, licencias, vacaciones y demás medidas de conciliación del personal laboral, incluidos los convenios colectivos que resulten de aplicación, y en tal sentido, el III Convenio Colectivo del Personal Laboral de esta Administración, también contiene previsiones al respecto.

La conciliación de la vida personal, familiar y laboral tiene su anclaje fundamental en la Constitución Española, que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones y remover los obstáculos para el libre ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de la ciudadanía.

En los últimos años el conjunto de restricciones establecidas por la legislación básica del Estado, escudados en la necesidad de contención del gasto público, no han permitido alcanzar los niveles de condiciones de empleo del personal del sector público deseadas, siendo precisamente que este sector ha contribuido decididamente, con su esfuerzo, a la superación de una profunda crisis económica.

Los acuerdos alcanzados en el ámbito del Estado, entre el Gobierno de la Nación y algunas de las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal, para la mejora del empleo público, y su reflejo en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los años 2017 y 2018, han supuesto un punto de inflexión en la política de gestión de los recursos humanos del sector público, y con ello la derogación o modificación de algunas normas restrictivas, abriendo por tanto un nuevo escenario que devuelve a las Comunidades Autónomas su capacidad de negociación colectiva respecto a las condiciones de trabajo de su personal.

Desde un primer momento, las organizaciones sindicales y el Gobierno de Canarias firmantes de aquellos acuerdos, mostraron su firme voluntad de implementar sus contenidos en el ámbito de nuestra Administración Pública, suscribiendo al efecto un compromiso el día 19 de octubre de 2018, en cuyo apartado 6 se indicó que tras la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, se iniciaría un proceso de negociación colectiva destinado al establecimiento de un marco general de medidas de conciliación.

En particular, a través del presente acuerdo, no sólo se implementan medidas complementarias que favorecen la conciliación, sino que, en particular, se implementa uno de los contenidos más significativos de aquellos acuerdos, cual es, el establecimiento de una bolsa o crédito horario anual para la conciliación de carácter recuperable, del 3% para el año 2019, 4% en 2020 y del 5% en el año 2021, la mayor bolsa horaria de todo el estado.

Por tanto, este acuerdo no sustituye ni deja sin efecto los acuerdos, pactos y convenios que se hayan suscrito anteriormente y que contengan medidas de conciliación, sino que antes, al contrario, constituye un conjunto de medidas complementarias a las ya existentes en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Advertimos que la aplicación de este plan se hará efectiva en un corto plazo de tiempo, en torno a un mes, pues un par de temas incluidos en el mismo requieren de la emisión de resolución por parte de la Dirección General de la Función Pública Canaria, mientras que el resto de asuntos contemplados en el acuerdo suponen tener que abordar diferentes cambios en el sistema informático de control de horarios (SICHO).

Desde nuestra posición nos comprometemos a seguir trabajando para recuperar los derechos arrebatados a los empleados públicos y mejorar sus condiciones laborales y retributivas.

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