El Supremo ratifica la condena al SERPA a hacer fijas a dos trabajadoras

 06/06/2018
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La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que ratifica la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que condenaba a la empresa pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias (SERPA) a declarar fijas de plantilla a dos trabajadoras contratadas mediante contratos temporales por obra o servicio.

Elcomercio.es 05.06.18

El auto del Supremo señala que los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para acceder a la función pública son inaplicables en este caso al tratarse de trabajadores que mantienen una relación laboral común con una entidad con forma societaria que forma parte del sector público empresarial.

Así, incide en que a las sociedades mercantiles públicas, independientemente de que su ámbito sea estatal, autonómico o municipal, no le son aplicables esos preceptos ni el Estatuto Básico del Empleado Público "por lo que ninguna razón existe para que el fraude en la contratación implique la declaración de la existencia de una relación laboral indefinida no fija, en lugar de indefinida".

La Sala de lo Social del TSJA estimó el pasado mes de septiembre el recurso de las trabajadoras contra una sentencia previa del Juzgado de lo Social número 4 de Gijón, que sólo les había reconocido la relación laboral indefinida no fija.

El TSJA atendió la reivindicación de ambas trabajadoras al considerar que los contratos temporales por obra o servicio se fueron prolongando de forma fraudulenta durante varios años.

Una de las demandantes es una oficial administrativa que inició su relación laboral con SERPA en 2009, mientras que la otra es jefa administrativa y comenzó a trabajar en la empresa pública en 2006.

Según el Conceyu por otra Función Pública n'Asturies, con esta decisión el Supremo "deja vía libre para que el enchufismo, las recomendaciones y las influencias de todo tipo, sean medios válidos y legítimos para el acceso a los puestos de trabajo de las empresas públicas estatales, autonómicas y municipales".

En un comunicado, este colectivo asegura que de esta forma se abre el camino para que estas empresas, sufragadas con dinero público, contraten a sus trabajadores al margen y sin consideración alguna a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a esos puestos.

"Se trata de una resolución judicial de una enorme gravedad pues santifica la actuación de los partidos políticos como agencias de colocación en los "chiringuitos", un foco incuestionable de corrupción, y despoja a los ciudadanos -entre ellos a miles de jóvenes en paro- del derecho fundamental a participar en procesos selectivos públicos, objetivos y transparentes", añaden.

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