lavanguardia.com 01.08.2017
La estrategia, elaborada conjuntamente por las consejerías de Hacienda y Administración Pública y de Cultura, centra sus objetivos en garantizar la conservación, tratamiento y recuperación de los documentos en el espacio electrónico, así como su validez, perdurabilidad, seguridad, disponibilidad, confidencialidad e interoperabilidad.
Las medidas se dirigen también a facilitar el cumplimiento de los derechos y obligaciones que recogen las recientes normativas autonómicas de transparencia, buen gobierno y Administración abierta.
La nueva política completará la regulación que aborda la gestión documental en el ámbito de la Junta, integrada, entre otras normas, por la Ley de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, y el Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos.
Destacan también la orden del 2007 del Sistema de Información para la Gestión de los Archivos de titularidad de la Junta y la aprobada en el año 2000 sobre la Comisión Andaluza de Valoración de Documentos.
El acuerdo aprobado hoy viene precedido del trabajo desarrollado por la Junta desde el 2010 en aplicación de normas básicas estatales para la interoperabilidad en el ámbito de la administración electrónica.
Desde entonces se ha avanzado en la normalización del tratamiento de unos documentos que, por otra parte, ya nacen en entornos y formatos electrónicos.
Este trabajo continúa ahora en el marco de dos leyes estatales del 2015: la de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la de Régimen Jurídico del Sector Público.
En línea con la política que ahora se pone en marcha en Andalucía, ambas normas están orientadas al objetivo de la utilización de medios electrónicos en los procedimientos y en las relaciones entre administraciones.
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