Alejandra Boto Álvarez

Transformaciones estructurales en la administración francesa: cuestiones éticas y tecnológicas

 16/03/2017
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Esta crónica analiza un conjunto de normas que de manera han reciente han buscado implementar las reglas sobre transparencia pública y sociedad de la información en la Administración francesa. Se estudia todo un paquete normativo relacionado con el amparo al delator de corrupción, la mejora de la transparencia y la ética, el control de los grupos de interés y, finalmente, los derechos de los usuarios y las nuevas tecnologías en la Ley para una República Digital. Se trata de normas que partiendo de conceptos ya asentados transmiten el compromiso del país vecino con la modernización digital y la protección de sus ciudadanos.

Alejandra Boto Álvarez es Profesora Contratada Doctora de Derecho Administrativo en la Universidad de Oviedo

El artículo se publicó en el número 44 de la Revista General de Derecho Administrativo (Iustel, enero 2017)

I. INTRODUCCIÓN(1)

Más allá del protagonismo de las medidas ligadas a la declaración del estado de urgencia por las amenazas terroristas(2) y de la renovación del derecho electoral(3), en la segunda mitad del año 2016 han visto la luz en Francia importantes normas sectoriales en materia de Derecho Administrativo, en el ámbito por ejemplo de los derechos sociales(4), el patrimonio cultural(5), el deporte y los medios de comunicación(6), la energía(7) o el medioambiente(8). También ha habido avances relevantes en materia de Administración territorial(9).

Cualquiera de las leyes anteriores hubiera tenido entidad suficiente para ser objeto de comentario en esta sección. Se ha entendido más adecuado, sin embargo, aprovechar la ocasión para analizar en su conjunto un bloque de normas que se caracterizan por tener una cierta dimensión estructural para la transformación de la Administración francesa. Y es que el desarrollo de la sociedad de la información, las redes sociales y la exigencia de mayor participación ciudadana y transparencia en el funcionamiento de los poderes públicos han adquirido una gran importancia incidiendo de forma directa en la forma de actuación pública y en la relación con los particulares, que demandan cada vez con mayor insistencia la materialización efectiva de la buena Administración.

Con esta premisa se analizan a continuación, en primer lugar, dos leyes orgánicas y varias ordenanzas que tratan de avanzar en aspectos éticos y de selección de los mejores candidatos; en un caso están centrados en una función pública de gran relevancia en el marco de la reforma de la justicia francesa, y en el otro tratan de reforzar y proteger al eventual delator. Es esta una medida muy relacionada con la llamada Ley Sapin II, centrada en la transparencia y la lucha contra la corrupción, que se comentará después, antes de cerrar el estudio prestando atención a los efectos administrativos de la llamada revolución tecnológica.

II. DOS LEYES ORGÁNICAS Y VARIAS ORDONNANCES EN MATERIA DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA

Además de lo hasta ahora comentado, existe otra norma a destacar en el período que cubre la presente crónica; se trata de la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, que enmarca la llamada iniciativa J21, para una justicia más cercana, eficaz y accesible(10). Ligada a esta reforma procesalista y en el marco de la tendencia general abierta por la Ley 2016-483, comentada en la entrega precedente de esta misma sección(11), vieron la luz la Ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant le Conseil d'Etat y la Ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel(12). Antes se había aprobado también la Loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature.

Esta última es una norma que introduce importantes innovaciones en el estatuto de la magistratura, materializando tras un largo procedimiento parlamentario la iniciativa que en 2015 había sido objeto de un Proyecto de Ley sobre la independencia e imparcialidad judicial y la apertura de la magistratura a la sociedad.

Entre otras cosas, se prevé la creación de un órgano colegiado, distinto del Consejo superior de la Magistratura, que se encargará de dictaminar cualquier cuestión deontológica individual y de examinar los conflictos de interés que pudieran presentarse (art. 28). También se regula la prevención de tales conflictos y se contienen previsiones relativas a los sistemas de selección, reclutamiento y formación profesional (art. 3-6), la carrera profesional (art. 13) o la libertad sindical (art. 27).

El texto aprobado en el Parlamento fue sometido al examen de constitucionalidad previo que exigen para las Leyes orgánicas los artículos 46 y 61 de la Constitución gala. El Consejo Constitucional, en su decisión 2016-732, de 28 de julio, juzgó sólo parcialmente conforme con la Constitución el texto que había sido votado por la Asamblea Nacional y el Senado. En particular, censuró las “declaraciones sobre la situación patrimonial” que el artículo 26 del texto aprobado en el Parlamento imponía realizar sólo a ciertos magistrados ante la Autoridad independiente encargada de velar por la transparencia de la vida pública(13) dos meses antes y dos meses después de acceder y cesar en el puesto. El Consejo Constitucional entendió que la limitación subjetiva de esta obligación era contraria al principio de igualdad. También se censuraron otras disposiciones por entenderse fundamentalmente como excesos propios del cavalier législatif y se formularon ciertas reservas de interpretación para los artículos 35 (integración provisional en el cuerpo judicial) y 39 (magistrados a título temporal)(14).

Por otro lado, también procede destacar la Loi organique n° 2016-1690 du 9 décembre 2016 relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte, tramitada de manera paralela a la Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, conocida como Ley Sapin II y que será objeto de comentario específico a continuación. Como se verá, entre otras cosas esa norma crea un estatuto para los delatores de corrupción y confía su protección al Défenseur des droits, lo que automáticamente hace operativa una reserva de Ley orgánica para ciertos aspectos(15). Así, tal y como fue aprobada en el Parlamento, la nueva Ley orgánica contenía un artículo único que incorpora modificaciones a cinco artículos de la Ley orgánica de 2011 que crea y regula la referida Autoridad independiente. El Consejo Constitucional, en su decisión 2016-740 de 8 de diciembre, validó en general el encargo de la protección de los delatores al Défenseur en cuanto a ofrecerles orientación, pero censuró que se hubiera previsto darles también apoyo y seguridad financiera, dado que ese aspecto no encaja en las funciones que la propia Constitución encomienda a esta Autoridad en su artículo 71-1(16).

III. LA LEY 2016-1691 DE TRANSPARENCIA, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA VIDA ECONÓMICA

Los informes del Grupo Europeo contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) pueden ser un acicate para que los Estados revisen su regulación en la materia(17). En este caso, por ejemplo, mucho es lo que tuvo que ver el informe de 2014 sobre la situación francesa con la preparación de lo que acabaría siendo la Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique(18). Esta Ley, conocida como Sapin II por venir a dar continuidad a la llamada Ley Sapin de 1993(19), que en su momento supuso un paso muy relevante para luchar contra la corrupción contractual, pretende asimismo seguir avanzando en una cultura de transparencia en la que también se han producido otros hitos más recientes, como la Ley orgánica de 2013 ya citada y la coetánea ley ordinaria nº 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. En la lucha contra la corrupción también merece la pena destacar la Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière y la Loi organique n° 2013-1115 du 6 décembre 2013 relative au procureur de la République financier.

El texto aprobado tras dos lecturas en cada Cámara y una lectura definitiva en Asamblea Nacional contaba con 169 artículos y fue remitido al Consejo Constitucional, a instancia del Presidente del Senado, del Primer Ministro y de un grupo considerable de diputados y senadores. El Consejo se pronunció sobre la validez parcial de la Ley en la decisión 2016-741, de 8 de diciembre. Aquí se analizaran las principales novedades de la norma en cuanto al Derecho Administrativo(20).

Para luchar contra la corrupción, la Ley crea la Agence française anticorruption (art. 1-5) que, pese a que su nombre recuerde a Autoridades independientes del sector en el derecho comparado(21), se configura como un mero servicio, vinculado a los Ministerios de Justicia y Presupuestos, aunque dirigido por un magistrado no sometido órdenes jerárquicas. Una vez que tal director sea designado, la Agencia comenzará su andadura sucediendo de manera reforzada al service central de prévention de la corruption que ejercía funciones en cierta medida asimilables hasta ahora.

También se crea un régimen de protección para los delatores (art. 6-16). La figura se define y perfila en el artículo 6, que circunscribe su condición a personas físicas que actúan de manera desinteresada y de buena fe y excluye las informaciones cubiertas por secreto de defensa nacional, médico o profesional abogado-cliente, pero no otro tipo de secretos, por cuya revelación el delator no habrá de responder penalmente (art. 7). La delación ha de dirigirse al superior jerárquico o empleador, y en su defecto a la autoridad judicial, administrativa o a los colegios profesionales, en supuestos especialmente graves puede incluso hacerse pública; en cualquier caso cualquier persona puede dirigirse al Défenseur des droits para ser orientada sobre el organismo adecuado y el procedimiento para la delación (art. 8). Tales procedimientos deben garantizar el anonimato y la confidencialidad (art. 9). Se prevén medidas específicas para los potenciales efectos laborales de la delación (art. 10-13) y disposiciones concretas en los ámbitos militar (art. 15) y del mercado (art. 16). Ante el Consejo Constitucional se impugnaron por parte un grupo de senadores varios aspectos de estos artículos básicamente por ser imprecisos, pero la crítica no fue acogida (párrafos 2 a 9 en la fundamentación de la decisión 2016-741).

Además, la Ley pretende también instaurar más transparencia en el proceso de elaboración de las decisiones públicas y por ello se prevé la creación de un repertorio digital sobre las relaciones entre los poderes públicos y los lobbies, a cargo de la Autoridad independiente en materia de transparencia (art. 25). Más allá de esta medida resulta interesante la definición que se incorpora a la Ley de transparencia de 2013 de lo que deben entenderse como representantes de intereses de lobbies, que excluye a cargos electos, partidos políticos, sindicatos, patronal y asociaciones culturales(22). Estas disposiciones fueron muy contestadas ante el Consejo Constitucional, por atentar contra la división de poderes y vulnerar los principios de inteligibilidad de la Ley (por una definición imprecisa del lobista) y de igualdad. En Consejo validó la mayor parte del texto del artículo, estableciendo una reserva de interpretación en cuanto a las asambleas parlamentarias y declarando inconstitucionales algunos párrafos que no respetaban el principio de legalidad en materia sancionadora (párrafos 22 a 46).

Por otro lado, se busca también agilizar algunos procedimientos en materia de domino público (art. 34) y contratación, aprovechando para ratificar y simultáneamente modificar la Ordonnance nº 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (art. 39), convalidando también la Ordonnance nº 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession (art. 40).

Finalmente, el texto aprobado por las Cámaras contenía un artículo, el 28, que venía extender el control de la Alta Autoridad para la transparencia de la vida pública sobre el sistema de puertas giratorias (pantouflage), para controlar a los empleados públicos que pasan al sector privado un tiempo después de haber ejercido funciones en cierta manera políticas. Así, se quería extender la competencia de la Alta Autoridad para supervisar el devenir profesional de ciertos cargos de libre designación (altos funcionarios nombrados discrecionalmente para ocupar puestos de gabinete en los ministerios, en la presidencia de la República o en las propias Autoridades independientes). La constitucionalidad de este precepto fue examinada de oficio por el Consejo, pues no había sido impugnado por ninguno de los recurrentes, a pesar de la amplitud de su espectro y de sus críticas. El supremo intérprete de la Constitución entendió que, en la medida en que las nuevas competencias de control de la Autoridad independiente no excluían las funciones de control ya encomendadas a la Comisión de deontología de la función pública, la concurrencia de competencias de ambas instituciones sobre el mismo colectivo convertía el precepto en ininteligible y por tanto contrario a la Constitución (párrafos 144 a 146).

La decisión no ha estado exenta de crítica, argumentándose que las verdaderas razones para la declaración de inconstitucionalidad podrían no ser en el fondo ni competenciales ni de seguridad jurídica, pues no son pocos los casos en que en Derecho Administrativo francés existen solapamientos parciales concurrentes entre distintas entidades y organismos(23). Es más, es muy reciente la última reforma que articuló la relación de funciones respectivas entre la Alta Autoridad para la transparencia de la vida pública y la Comisión de deontología, a la que se procedió sin mayores reservas(24).

Según el profesor Thomas Perroud (Université Panthéon-Assas, Paris III) todo tendría que ver con la previsible actitud menos proclive a la concesión de autorizaciones de compatibilidad para pasar al sector privado de una entidad (la Autoridad de la transparencia) frente a otra (la Comisión deontológica de la función pública)(25). Si esto es así, se estaría corroborando una vez más la importancia de las cuestiones organizativas en la buena Administración.

IV. LA LEY 2016-1321 PARA UNA REPÚBLICA DIGITAL

La Loi nº 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique se compone de 113 artículos, divididos en cuatro Títulos que versan fundamentalmente sobre conceptos ampliamente conocidos ya como los de open data, open access, la integración de datos y la reutilización de información del sector público. La nueva regulación busca explorar y aumentar el valor económico y social ligado a estos fenómenos pero sin olvidar los problemas que los rodean (transparencia democrática, seguridad, intimidad y sentimiento difuso de vigilancia, etc.)(26).

El Título I (circulación de datos y del saber) introduce múltiples modificaciones en el recientemente aprobado code des relations entre le public et l’administration(27) para avanzar en la implementación de la Administración electrónica, regulando por ejemplo la obligación de que se sigan estándares abiertos e interoperables para la puesta a disposición de documentos por medios electrónicos o de que se mencione expresamente y se informe al interesado de qué decisiones se adoptan de forma automatizada. También se procede a flexibilizar el acceso y circulación de los datos públicos y de interés general para las Administraciones y otras entidades encargadas de misiones de servicio público, con especial atención a ámbitos como el medio ambiente o la energía, en la línea del Acuerdo de los países del G8 sobre open data pero además reconociéndolo como un eje de modernización de la propia Administración y un servicio público. Se establece asimismo la obligación de comunicaciones electrónicas en determinados aspectos de las concesiones, las subvenciones o la información estadística y catastral. También se disciplina la publicación en soporte digital, abierto y gratuito, de datos como los relativos al tiempo de intervención de los cargos públicos en los medios de información, la circulación por carretera, los resultados de investigaciones mayoritariamente financiadas por medios públicos e incluso ciertas resoluciones administrativas; todo ello, evidentemente, con respeto a los límites que marca la intimidad, la vida privada y la propiedad intelectual e industrial.

Conectado precisamente con este último aspecto, el Título II (protección de derechos en la sociedad digital) regula cuestiones relacionadas con la interoperabilidad, neutralidad y fiabilidad del entorno digital, pero sobre todo se ocupa de la protección de la vida privada online, reforzando en estos entornos electrónicos los derechos de protección de datos personales y secreto de comunicaciones. La norma no se olvida del derecho al olvido, ocupándose en particular de la situación de los menores (art. 56), e incluso introduce un novedoso derecho a decidir el destino de las informaciones personales para después de la muerte (art. 63).

Entre las disposiciones del Título III (acceso a lo digital) destacan varias medidas para fomentar la mejora de la cobertura de internet por vía telefónica y por fibra óptica en el territorio, al tiempo que también se articulan medidas de policía para evitar “caídas” de red por parte de los operadores. También existen reglas que tratan de reforzar la usabilidad y seguridad de los sistemas electrónicos de identificación, con una regulación detallada del servicio denominado “caja fuerte electrónica” que insiste en la trazabilidad e integridad de la información recibida, conservada y trasmitida a través de estos servicios, para los que, superados ciertos estándares de seguridad, se emitirá un certificado oficial que será el único que habilite para el empleo de la denominación coffre-fort numérique. Las notificaciones electrónicas son objeto de una sección especial dentro de este título (art. 93), aunque la precisión de las cuestiones técnicas se confían a un Decreto en Consejo de Estado; lo mismo ocurre con los sistemas de pago (art. 94), y sin embargo se regulan con mayor precisión las cuestiones relativas al juego en línea y competiciones de videojuegos (art. 95-102).

Antes de pasar al Título IV (disposiciones relativas a ultramar), la Ley se ocupa específicamente del público más vulnerable (art. 105-109), con previsiones concretas para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios telefónicos y páginas web institucionales públicas y, lo que resulta llamativo y ha sido también reclamado desde diversos sectores en nuestro país, con la inclusión de los servicios de telefonía fija y acceso a internet como parte de aquellos servicios sociales mínimos para las familias y personas en situación de necesidad que pueden merecer cobertura o bonificación por parte de las Administraciones. Así, se establece que en caso de impago de las facturas, el corte del servicio no puede ser inmediato, al menos para las llamadas telefónicas de urgencia y el correo electrónico (art. 108).

V. BIBLIOGRAFÍA

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NOTAS:

(1). El presente trabajo ha sido elaborado en el marco del proyecto de investigación de referencia DER2015-68256-R y título “Respuestas jurídicas ante los riesgos derivados de las transformaciones en la Administración: demandas sociales y protección del e-ciudadano”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. El contenido relativo al reclutamiento de los magistrados administrativos y a las llamadas “puertas giratorias” en la alta función pública francesa, no obstante, se relaciona con investigaciones desarrolladas en el seno del equipo de trabajo de otro proyecto, el PSI2013-44854-R titulado “Evaluación imparcial de competencias para la selección de directivos en la Administración pública”, también financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

(2). Que han dado pie a la aprobación de medidas como la Loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence; la Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale; la Loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste o la Loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.

(3). Loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle; Loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections; Loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales; Loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France; Loi organique n° 2016-1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales.

(4). Loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale y Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

(5). Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.

(6). Loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme; Loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016 ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport y Loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

(7). Loi n° 2016-1015 du 25 juillet 2016 précisant les modalités de création d'une installation de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue y Loi n° 2016-1341 du 11 octobre 2016 ratifiant l'ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d'électricité. También merece la pena destacar las Ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité y 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables.

(8). Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages; Loi organique n° 2016-1086 du 8 août 2016 relative à la nomination à la présidence du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité y Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

(9). Con la aprobación de la Loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d'une commune nouvelle o la Loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement regional. Aunque corresponde más bien a la sección de jurisprudencia, merece la pena referenciar al menos el pronunciamiento del Consejo Constitucional de 16 de septiembre de 2016 (Décision n° 2016-565 QPC du 16 septembre 2016) sobre la desaparición de la cláusula de competencia general de los departamentos por mor de la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015, que había sido objeto de comentario en esta sección en el número 41 (2016) de esta revista.

(10). En general sobre la reforma puede verse http://www.justice.gouv.fr/modernisation-de-la-justice-du-21e-siecle-12563/. Para una primera revisión doctrinal de las novedades de la reforma en el ámbito contencioso-administrativo, donde destacan la nueva regulación de la mediación y la creación de una acción colectiva y de reconocimiento de derechos, pueden verse los trabajos monográficos contenidos en el número 40 (2016) de la revista Actualité Juridique. Droit Administratif, pp. 2255-2277.

(11). Boto Álvarez, A., “Modernización en empleo público: la Ley francesa 2016-483, de 20 de abril, sobre deontología, derechos y obligaciones de los funcionarios”, RGDA, núm. 43, 2016.

(12). Al respecto puede verse el comentario de Pastor, J-M., “Modifications statutaires pour les juridictions administratives”, Actualité Juridique. Droit Administratif, núm. 35, 2016, p. 1948.

(13). Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

(14). Al respecto: Benetti, J., “Continuité jurisprudentielle ou (nouveau) revirement ? À propos de la censure de cavaliers organiques par la décision du Conseil constitutionnel du 28 juillet 2016”, Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, 3/2016, pp. 396 y ss.

(15). Por ser necesario introducir modificaciones en la Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, que es la que instituye y regula esta Autoridad independiente. Sobre la misma, por todos, puede verse el reciente trabajo de Toubon, J., “Le Défenseur des droits, un contre-pouvoir?”, Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, 2/2016, pp. 213-223.

(16). Sobre las funciones de la Autoridad: Saint-Hubert, M., “Le défenseur des droits”, Revue administrative, vol. 65, núm. 385, 2012, pp. 82-92 o, desde nuestra doctrina, Sánchez Navarro, A.J., “La difícil articulación de una nueva institución: El Défenseur des Droits francés”, Teoría y realidad constitucional, núm. 26, 2010, pp. 413-434.

(17). Así por ejemplo lo he estudiado ya, en el caso italiano y en el ámbito contractual, en Boto Álvarez, A., “Modelos organizativos y corrupción contractual en Italia”, El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, núm. 52, 2015, pp. 48-55.

(18). No es casualidad así que el ponente del Proyecto de Ley ante la Asamblea Nacional mencionase el citado informe GRECO en la parte introductoria de su Rapport (cfr. http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r3785-tI.pdf, p. 13, nota al pie número 1 del documento).

(19). Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

(20). También contiene relevantes disposiciones en materia por ejemplo de derecho penal (con la creación de un instrumento transaccional específico, art. 22); mercantil (con la redefinición del abuso de mercado, art. 42) o fiscal (con ciertas medidas sobre la retirada de fondos de los seguros de vida, art. 49).

(21). Es el caso de la italiana Autorità Nazionale Anticorruzione, por ejemplo.

(22). Nuevo artículo 18-3 de la Ley 2013-907 por mor del artículo 25.I de la Ley Sapin II.

(23). Por todos puede verse el artículo “Intense bataille autour du pantouflage des hauts fonctionnaires”, Acteurs publiques: https://www.acteurspublics.com/2016/12/12/loi-sapin-ii-epilogue-inattendu-sur-le-pantouflage-des-hauts-fonctionnaires

(24). Comentada de hecho en la entrega precedente de esta sección: Boto Álvarez, A., “Modernización en empleo público, cit.

(25). http://blog.juspoliticum.com/2016/12/16/le-conseil-constitutionnel-contre-la-transparence/.

(26). Sobre estos retos pendientes pueden consultarse las contribuciones monográficas contenidas en el dossier “Les enjeux de l’open data” del número 2 (2016) de la revista Actualité Juridique. Droit Administratif, pp. 79-106.

(27). Comentado en el núm. 42 (2016) de esta sección de la Revista.

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