La Junta romperá con las empresas que no paguen sus salarios dos meses

La Junta de Andalucía quiere "dar ejemplo" en materia sociolaboral y lo ha escenificado con la firma de un acuerdo con empresarios y sindicatos para favorecer la calidad del empleo, la igualdad de oportunidades, la conciliación de la vida laboral y familiar y el buen hacer en materia medioambiental. El documento firmado incluye cláusulas medioambientales y sociales de obligado cumplimiento para las empresas que contraten con la Administración andaluza.

Expansion.com – N.G.- 11.10.16

La novedad más destacable del acuerdo sobre cláusulas sociales y medioambientales es que la Administración andaluza rescindirá de manera automática el contrato que mantenga con una empresa si ésta deja de pagar a sus trabajadores durante dos meses consecutivos. Tras destacar el carácter pionero de la medida, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, presumió ayer de ser un ejemplo para el resto de las administraciones ya que la Administración andaluza es, por su tamaño "la primera empresa de la comunidad".

"La Junta utilizará su poder de contratación para construir una sociedad más decente en lo laboral, más justa en lo social y más sostenible con el medio ambiente", aseguró Díaz en presencia del presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, y los secretarios generales de CCOO-A y UGT-A, Francisco Carbonero y Carmen Castilla, respectivamente.

Tras la firma del acuerdo y la aprobación del correspondiente decreto por parte del Consejo de Gobierno de la Junta -previsiblemente a finales de octubre-, las cláusulas serán de inmediata incorporación a cualquier contratación que realice la Administración andaluza.

Guía de obligaciones

A tal efecto, la consejería de Hacienda y Administración Pública ha elaborado una guía de obligaciones que deberán recoger los pliegos de contrataciones, así como recomendaciones generales que deberán tener en cuenta los órganos de contratación a la hora de elegir las empresas en todo el proceso, desde la presentación de ofertas hasta la adjudicación y ejecución del contrato.

Entre las obligaciones previstas, las empresas que contraten con la Junta tendrán que respetar los convenios sectoriales, subrogarán a los trabajadores en las mismas condiciones laborales y, en caso de contar con más de 250 trabajadores deberán disponer de un plan de igualdad.

En la fase de adjudicación, se dará prioridad a aquellas empresas que faciliten la contratación de colectivos con dificultades como las personas que perciben rentas mínimas, que tengan alguna discapacidad o los parados de larga duración.

Tampoco contratará con aquellas compañías que hayan sido sancionadas por infracción muy grave en materia social, como aquellas que, contando con cincuenta o más empleados no tengan en sus plantillas al menos un 2% de trabajadores con discapacidad.

Criterio medioambientales

En materia medioambiental, la Junta prohibe a ninguno de sus entes contratar con alguna empresa que incumpla la legislación en la materia. En este apartado, además, en los pliegos de prescripciones técnicas se definirán, como recomendaciones para la contratación prioritaria, criterios de sostenibilildad referentes al reciclado, el tratamiento de residuos, la eficiencia energética, la prevención de accidentes o los riesgos de contaminación.

El presidente de la CEA, González de Lara, se congratuló ayer de que el acuerdo supla algunas carencias en la contratación pública ya que el Gobierno central no ha traspuesto aún algunas directivas europeas en esta materia. "Con el acuerdo se hacen concesiones, pero no se logran objetivos parciales sino un gran objetivo general", aseguró tras la firma.

Por su parte, los representantes sindicales también mostraron su satisfacción por la firma del acuerdo. "Muchas veces la austeridad nos ha llevado a que lo que vale es lo más barato, pero ahora, sabiendo que las empresas tienen que obtener beneficios, éstos no puede ser sólo a expensas de trabajadores", aseguró Carbonero.