Carlos Aymerich Cano

El recurso de apelación contable

 28/01/2016
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El trabajo aborda el régimen jurídico del recurso de apelación contable y argumenta la necesidad de una regulación procedimental específica para la jurisdicción contable que asegure en todo caso la posibilidad de recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, dado el carácter materialmente sancionador de la responsabilidad contable.

Carlos Aymerich Cano es Profesor Titular de Derecho Administrativo en la Universidade da Coruña

El artículo se publicó en el número 40 de la Revista General de Derecho Administrativo (Iustel, 2015)

I. NATURALEZA Y EFECTOS

De acuerdo con el art. 80.3 LFTCu, los recursos de apelación contra los autos y sentencias dictados por los Consejeros de Cuentas en primera instancia, “se sustanciarán” y “decidirán” en la forma prevista para el recurso del mismo nombre en la LJCA(1).

Tratándose de un recurso ordinario, el Recurso de Apelación Contable (RAC) permite que el órgano ad quem pueda revisar todo lo actuado en primera instancia, dentro del respeto al principio dispositivo. Por consiguiente, serán los motivos alegados en la apelación los que delimiten el ámbito de cognición del tribunal, sin perjuicio de puedan ser ampliados por la parte recurrida através de la adhesión al recurso (art. 461.1 y 2 LEC). En palabras de la Sentencia 9/2013, de 17 de septiembre, de la Sala de Justicia del TCu:

“ debe recordarse el criterio sostenido por esta Sala respecto a la naturaleza del recurso de apelación. Por todas, las sentencias de la Sala de Justicia 4/1995, 5/1995, 7/1997 y 17/1998 afirman que el recurso de apelación, como recurso ordinario, permite al Tribunal de apelación la posibilidad de aplicar e interpretar normas jurídicas con un criterio diferenciado, tanto de las partes como del órgano juzgador de instancia, y la de resolver confirmando, corrigiendo, enmendando o revocando lo decidido y recurrido, e incluso decidir lo mismo con fundamentación diferente, aunque siempre dentro del respeto al principio de congruencia y dentro del límite de las pretensiones de las partes”.

Por lo que se refiere a sus efectos, rige la regla general del art. 83.1 LJCA: el RAC contra sentencias se admite a ambos efectos, devolutivo y suspensivo, sin perjuicio de la posibilidad de ejecución provisional de la sentencia apelada (posibilidad de escasa utilidad práctica en el ámbito del RAC dada la celeridad con que estos recursos se resuelven). Tratándose de autos, conforme a lo dispuesto en el art. 80 LJCA, la apelación será a un solo efecto sin suspender, por tanto, la ejecución de la resolución impugnada.

II. REQUISITOS OBJETIVOS: RESOLUCIONES RECURRIBLES Y SUMMA GRAVAMINIS

En el ámbito contable son recurribles en apelación las sentencias dictadas por los consejeros en los juicios de cuentas, en los procedimientos de reintegro por alcance y en los expedientes de cancelación de fianzas (art. 24, 54.1.by 80.2LFTCu).

También pueden ser objeto de RAC los autos:

- De inadmisión de demandas y acciones dictados por los Consejeros de Cuentas y, en particular, de la acción popular (art. 56.4 LFTCu y 80.1.c LJCA)(2).

- De sobreseimiento (art. 79.3 LFTCu)

- Que decidan la no incoación del juicio de cuentas en los casos previstos en el art. 68.1 LFTCu y, en general, de los demás procedimientos cuyo conocimiento compete, en primera instancia, a los Consejeros de Cuentas (art. 81.3 LFTCu).

- Los dictados por los Consejeros de Cuentas en los procedimientos de ejecución(3) (art. 80.1.d LJCA) o ejecución provisional de sentencias (art. 80.1.e LJCA).

- Los que pongan fin a la pieza separada de medidas cautelares (art. 80.1.a LJCA).

- Los que resuelvan los incidentes de nulidad de actuaciones en procedimientos de los que conozcan los Consejeros de Cuentas (art. 64.4 LFTCu).

En cualquier caso, se debe tener en cuenta que la Ley 37/2011, de 10 de octubre – titulada de “Medidas de Agilización Procesal” – elevó la cuantía de los asuntos que pueden ser recurridos en apelación en el contencioso-administrativo de 18.000 a 30.000€, previsión ésta plenamente aplicable a la jurisidicción contable en la cual, por cierto, la existencia de asuntos de cuantía indeterminada parece una hipótesis remota(4). Repárese en que, según el art. 62.1 LFTCu, para la determinación de la cuantía de los asuntos “se atenderá al valor de la pretensión de responsabilidad contable que se ejercite o al importe de la fianza que se pretenda cancelar”. A mayor abundamiento, el apartado 2º del ya citado art. 62 LFTCu parece amparar expresamente la aplicación de esta summa gravaminis al reproducir, con otras palabras, la regla general del art. 41.3 LJCA indicando que en los supuestos de acumulación la cuantía resultará de la suma del valor de las pretensiones acumuladas sin que tal circunstancia “comunique a las de cuantía inferior la posibilidad de recurso que, en su caso, proceda contra las de cuantía superior(5). Idénticas exigencias de cuantía mínima extiende la jurisprudencia a la adhesión a la apelación: también en este caso será la cuantía de la pretensión formulada por el adherente la que determine la admisibilidad del recurso(6).

Recuérdese, en todo caso, la doctrina jurisprudencial que establece que, en vía de recurso y para los casos de estimación parcial de la demanda en la instancia, la cuantía del asunto no viene determinada por la pretensión inicialmente ejercitada sino por la diferencia entre lo inicialmente pretendido y lo concedido(7), aplicando analógicamente el criterio empleado por el legislador en el art. 42.1.b.2ª LJCA(8).

III. REQUISITOS SUBJETIVOS

1. Competencia

La competencia para conocer del RAC corresponde a la Sala de Justicia del TCu (art. 54.2 LFTCu).

Al margen de lo que infra se indicará acerca del procedimiento, la tramitación del recurso se desarrolla ante el Consejero que hubiese dictado la sentencia o auto impugnado – fase de interposición y admisión – y ante la Sala – fases de prueba, en su caso, vista o conclusiones y resolución (art. 85 LJCA). De conformidad con los art. 83 y 84 LJCA y 462 LEC, el Consejero, en su condición de juez de instancia, es también competente para adoptar, a instancia de parte interesada, “las medidas cautelares que sean pertinentes para asegurar,en su caso, la ejecución de la sentencia” así como como para la ejecución provisional de la sentencia apelada.

2. Legitimación

Serán parte legitimada para interponer RAC quienes hayan sido parte en la instancia, tanto demandada como demandante, y cuyos derechos o intereses legítimos resultasen afectados por la sentencia. Dicho de otro modo: carece de legitimación para interponer RAC aquella parte cuyas pretensiones fuesen completamente estimadas por la resolución de instancia.

Mención aparte merece el caso de aquellos interesados que, por no haber sido debidamente emplazados (art. 49 LJCA), no pudiesen personarse como parte en el proceso de instancia. A éstos también se refiere el art. 82 LJCA(9) y, caso de hallarse en plazo, podrán interponer el correspondiente RAC. En otro caso, como apunta SOSPEDRA NAVAS(10), sólo les restaría acudir al incidente excepcional de nulidad de actuaciones del art. 241 LOPJ, de conformidad con el cual habría que interpretar el incidente que, con idéntico nombre aunque con diferente contenido, regula el art. 64 LFTCu(11).

Debe destacarse también la especial posición que el Ministerio Fiscal ostenta en la jurisdicción contable en contraste con la contencioso-administrativa. La Sentencia 19/2013, de 17 de septiembre, de la Sala de Justicia, resume la interpretación que la jurisprudencia contable realiza de los preceptos – art. 55.1, 73.2, 73.3, 69.1, 69.2 y 70.2 LFTCu – alusivos a esta posición procesal de la Fiscalía:

El Ministerio Fiscal tiene legitimación activa en todos los procedimientos de reintegro por alcance, pudiendo formular en los mismos pretensiones de responsabilidad contable, bien adhiriéndose total o parcialmente a demandas planteadas por otros legitimados, bien presentando una demanda propia”.

También en los juicios de cuentas, en contra de lo que en un principio podría concluirse de la letra del art. 69.2 LFTCu(12), se puede afirmar que la legitimación del MF no es subsidiaria de la que corresponde a la entidad pública perjudicada. Vale la pena reproducir la Sentencia 13/2012, de 19 de julio, de la Sala de Justicia del TCu:

En definitiva, la dicción literal del artículo 69.2 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas no convierte la posición jurídico-procesal del Ministerio Público en condicionada, mediatizada o subsidiaria de la pretensión –deducida o no deducida-­ por la Entidad perjudicada. Nuestra legislación otorga al Ministerio Fiscal una amplia intervención en los procesos contables, de modo que puede provocar la iniciación del proceso para depurar presuntas responsabilidades contables; e interviene como legitimado también cuando el proceso se haya iniciado de oficio por los órganos de la jurisdicción contable o a instancia de parte interesada (artículos 16.2, 55.1 y concordantes de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas)(13).

IV. INTERPOSICIÓN DEL RAC

1. Lugar

Según el art. 63.1 LFTCu, la presentación de escritos y documentos con destino a los procedimientos jurisdiccionales de competencia del TCu debe realizarse en su Registro General o en el Juzgado de Guardia o de Primera Instancia e Instrucción del lugar de residencia del interesado o de su representante procesal. Ampliando el régimen previsto en la LEC(14), la jurisprudencia contable interpreta que lo que este precepto excluye es la presentación de escritos procesales dirigidos al Tribunal de Cuentas en registros administrativos, pero sin cerrar la posibilidad de que la presentación pueda realizarse por medios telemáticos a pesar del silencio que la LFTCu guarda en este punto. Así, en relación con la presentación por fax de una demanda por el Ayuntamiento de Marbella, la Sentencia 21/2013, de 5 de diciembre, de la Sala de Justicia, desestima las alegaciones de inadmisibilidad realizadas por el apelante en los términos que a continuación se transcriben:

"1) La Disposición Final Segunda 2. de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, establece que “para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales del Tribunal de Cuentas, en cuanto no esté previsto en la presente Ley o en la su funcionamiento, se aplicarán supletoriamente la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y las de Enjuiciamiento Civil y Criminal, por este mismo orden de prelación”.

2) Al no regular las Leyes del Tribunal de Cuentas y Ley 29/1998, de 13 de julio, la presentación de escritos ante los Tribunales por medios técnicos, es de aplicación, como afirma acertadamente el Ministerio Fiscal en su escrito de oposición al presente recurso, el artículo 135.5 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que dispone que ”Cuando las Oficinas Judiciales y los sujetos intervinientes en un proceso dispongan de medios técnicos que permitan el envío y la normal recepción de escritos iniciadores y demás escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y de la fecha en que se hicieron, los escritos y documentos podrán enviarse por aquellos medios”. Por ello, la remisión de la demanda por el Ayuntamiento de Marbella mediante fax al Secretario del procedimiento nº B-73/11, de la que quedó constancia de su recepción en los autos mediante Diligencia de aquél de fecha 25 de octubre de 20 se ajusta plenamente a derecho.

3) Por la remisión de la demanda por el Ayuntamiento de Marbella por fax directamente al Secretario del procedimiento jurisdiccional no se ha infringido lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, como ha alegado el recurrente, ya que lo que pretende evitar lo dispuesto en dicho artículo, como ha venido reiterando esta Sala (entre otros, Autos de 21 de octubre de 1994, 23 de febrero de 1995, 26 de febrero de 1998 y 29 de junio de 2009), es la presentación de escritos y documentos con destino a procedimientos jurisdiccionales en otros Registros Públicos, en concreto, administrativos, distinguiendo con ello las dos funciones del Tribunal de Cuentas, que son, por un lado, la fiscalizadora y, por otro, la de enjuiciamiento contable o jurisdiccional. En el supuesto que nos ocupa, es de destacar que el escrito de interposición de la demanda por el Ayuntamiento de Marbella fue dirigido expresamente al Secretario del Procedimiento, presentándose directamente ante el Órgano que se debía pronunciar sobre la admisión de dicha demanda, a tenor de lo dispuesto en el artículo 404 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, por remisión del artículo 73.2 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas".

La presentación de la demanda de apelación fuera de los lugares indicados en la LFTCu es ineficaz. Así, un escrito presentado en una oficina de correos el 16 de enero – un día antes del vencimiento del plazo para la interposición del RAC –pero recibido en el Registro General del TCu el día 18 de ese mes es inadmitido como extemporáneo. En este sentido , la Sentencia de la Sala de Justicia 12/2013, de 9 de mayo:

“entre los presupuestos o condiciones de los actos procesales, y como requisito para su válida y eficaz realización, figura la determinación del lugar donde deben producirse. En este sentido, el artículo 63.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, establece que la presentación de escritos y documentos con destino a los procedimientos jurisdiccionales de la competencia del Tribunal de Cuentas se efectuará en su Registro General. También podrán presentarse en el Juzgado de Guardia o en el de Primera Instancia e Instrucción del lugar de residencia del interesado o de su representante procesal. El Juzgado que recibiere los documentos, después de extender en ellos la correspondiente diligencia de presentación, los remitirá sin dilación al Tribunal de Cuentas. Por ello, no existe en este caso, posibilidad de varias interpretaciones porque la norma no ofrece duda alguna respecto al sentido de sus palabras ni a su finalidad.

Con este diseño legal, como ha venido reiterando el Tribunal Constitucional (entre otras, Sentencia 165/1996, de 28 de octubre), y, asimismo esta Sala de Justicia (entre otros, Auto 47 de 24 de julio de 1997) se satisface adecuadamente el principio de seguridad jurídica, se tiene certeza del transcurso de los plazos procesales y los órganos jurisdiccionales pueden hacer efectivo puntualmente el impulso procesal de oficio.

Por todo ello, y conforme a la doctrina de improrrogabilidad de los plazos contenida en los artículos 128 de la precitada Ley 29/1998, de 13 de julio, y 134 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, referenciados en el Fundamento de Derecho Segundo del Auto recurrido en queja, que se dan aquí por reproducidos, esta Sala considera que no procede otra cosa que la inadmisión del recurso de apelación interpuesto”.

En conclusión, el escrito de interposición del RAC debe dirigirse al Consejero que dictase la sentencia o auto cuya apelación se pretenda (art. 85.1 LJCA) en los lugares y a través de los medios indicados en el art. 63 LFTCu.

2. Tiempo

La interposición del RAC debe realizarse en el plazo de quince días contados desde la notificación de la resolución recurrida (art. 85.1 LJCA). Según el art. 63.2 LFTCu, “el tiempo hábil para las actuaciones judiciales del TCu será el regulado por la LOPJ para los diferentes órganos de la Administración de Justicia”, de modo que son inhábiles sábados, domingos y festivos, los días 24 y 31 de diciembre y todos los días del mes de agosto; son horas hábiles de ocho de la mañana a ocho de la tarde y el cómputo de los plazos se hará de acuerdo con lo dispuesto en el art. 5 CC – es decir, comenzando el cómputo al día siguiente de la notificación con exclusión de los días inhábiles.

Para la interposición del RAC es de aplicación lo dispuesto en el art. 135.1 LEC, tal y como la jurisprudencia contable ha declarado reiteradamente, entre otras, en la ya citada Sentencia 21/2013, de 5 de diciembre:

La demanda del Ayuntamiento de Marbella fue interpuesta dentro del plazo conferido por la Diligencia de Ordenación del Secretario del procedimiento, de fecha 15 de septiembre de 2011, ya que la fecha de su recepción en el Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento (14,30 h, del día 25 de octubre de 2011) se produce con anterioridad a las 15 h del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, aplicable según la Disposición Final Segunda 2. de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo; sin que este Órgano ad quem aprecie infracción alguna del artículo 63.2 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, como afirma la representación del recurrente, ya que este apartado dispone que el tiempo hábil para las actuaciones judiciales del Tribunal de Cuentas, es decir, los días hábiles o inhábiles a efectos procesales, será el regulado por la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin que establezca, por el contrario, disposición alguna expresa sobre el cómputo de los plazos en que han de practicarse las actuaciones del proceso. En el supuesto que nos ocupa, se ha tenido en consideración los días inhábiles contemplados en el artículo 182.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y así se descontaron los sábados y domingos y el festivo 12 de octubre”.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 66 LFTCu(15), debe notarse que, en lo que constituye una nueva muestra de su naturaleza mixta, el TCu no está obligado a efectuar sus notificaciónes a través del Servicio Común previsto en el art. 272 LOPJ(16).

Por otra parte, en alguna ocasión la Sala de Justicia ha estimado la solicitud de suspensión del plazo de interposición del RAC por la concurrencia de causa de fuerza mayor – imposibilidad de visionar la grabación de las actuaciones de instancia – cuando esta circunstancia sea alegada por la parte por medio de recurso de revisión contra la diligencia del Secretario que denegaba la solicitud inicial de suspensión(17).

Resolviendo la antinomia existente entre los art. 267.9 LOPJ(18)y 215.5 LEC(19), el Auto 18/2012, de 19 de junio, invocando el principio pro actione y reiterada jurisprudencia tanto del TS como del TC, decide que en el caso en que se inste una aclaración o subsanación de la resolución objeto de recurso, el plazo para interponerlo debe computarse de nuevo desde la notificación del auto o decreto que decida sobre tal solicitud(20).

Repárese, por último, en que el art. 128 LJCA excluye expresamente “los plazos para preparar o interponer recursos” del deber de admitir los escritos presentados “dentro del día en que se notifica la resolución” de caducidad dictada por el Secretario, razón por la cual esta previsión non sería de aplicación al RAC.

3. Representación y defensa

A diferencia de lo establecido con carácter general por el art. 23 LJCA, el art. 57 LFTCu permite que en los procedimientos jurisdiccionales de competencia del TCu, las partes puedan valerse tan sólo de abogado “con poder al efecto”. Lógicamente, si actuasen representadas por un Procurador, deberán también estar asistidas por abogado.

Asimismo, a pesar de haber sido derogado por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, la posibilidad anteriormente contemplada en la LJCA de que los funcionarios públicos pudiesen comparecer por si mismos “en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de funcionarios públicos inamovibles”, el art. 57.3 LFTCu sigue manteniendo esta alternativa, reconocida en términos más amplios que los del derogado art. 23.3 LJCA(21), extendiéndola también a los licenciados – y, debe interpretarse ahora, graduados – en Derecho “aunque no ejerzan la profesión de abogado o procurador”. En el caso concreto de los juicios de cancelación de fianzas, los interesados pueden comparecer también por si mismos (art. 57.4 LFTCu).

Tratándose de entidades locales, el incumplimiento del requisito establecido por el art. 54.3 do TRRL(22) para el ejercicio de acciones determina, de no ser convenientemente subsanado, la inadmisibilidad del recurso(23).

4. Tasas y depósito

Reintroducidas las tasas judiciales por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, el art. 2 de la vigente Ley 10/2012, de 20 de noviembre establece que la interposición de recursos de apelación contra sentencias en el orden contencioso-administrativa constituye el hecho imponible de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional de la que, en todo caso, por disposición del RD-Ley 1/2015, de 27 de febrero, están exentas las personas físicas, las jurídicas cuando gocen del beneficio de justicia gratuita así como el Ministerio Fiscal y, en general, los poderes públicos. Parecería, en cualquier caso, que la remisión que el art. 80 LFTCu efectúa a la LJCA en cuanto a la “sustanciación” del RAC alcanza tamén a la exigencia, como requisito de admisión de la demanda, de liquidación de esta tasa. Otra es, sin embargo, la interpretación que realiza la jurisdicción contable: al amparo de la prohibición de la analogía en materia tributaria (art. 14 LGT(24)), el silencio de la Ley 10/2012, que no contiene ninguna referencia al TCu, es interpretado en el sentido de que las acciones ejercidas ante la jurisdicción contable no integran el hecho imponible del tributo.

Diferente naturaleza – y cuantía – tiene el depósito de 50 € - en el caso de RAC contra sentencias – o 25€ - si se tratase de autos - para la interposición del recurso de apelación establecido en la DA 15ª LOPJ introducida por laLey 1/2009. También en este supuesto la constitución del depósito es requisito de admisibilidad del recurso, previéndose un breve plazo de subsanación de apenas dos días (DA 15ª, apartado 7, LOPJ). De todos modos, el depósito será restituido cuando el recurso sea estimado total o parcialmente, perdiéndose en caso de desestimación o inadmisión (DA 15ª, apartados 8 y 9, LOPJ). El hecho de que, con relación a los recursos de casación y revisión, el art. 84.1 LFTCu introduzca el inciso “sin que sea necesaria garantía de depósito alguno” tras remitirse a la LJCA, provoca que, por contraste, el silencio pudiese interpretarse en el sentido de que en el caso del RAC este depósito sí resulta exigible. Sin embargo, al igual que en el caso de las tasas, la jurisdicción contable considera que este depósito no es exigible para la interposición del RAC.

5. Escrito de interposición

De conformidad con el art. 85.1 LJCA, “el recurso de apelación se interpondrá ante el juzgado que hubiese dictado la sentencia apelada, dentro de los quince días siguientes a su notificación, mediante escrito razonado que deberá contener las alegaciones en que se fundamente el recurso”.

Analizados ya los requisitos de lugar, tiempo y forma de presentación del RAC, procede ahora analizar el contenido del propio escrito de interposición a la luz de la jurisprudencia contencioso-administrativa y contable.

5.1. “Alegaciones en que se fundamente el recurso”

Haciéndose eco de una consolidada jurisprudencia contencioso-administrativa, la Sala de Justicia del TCu exige que el escrito de interposición del RAC no se limite a reproducir las alegaciones formuladas en la instancia sino que, por la propia naturaleza del recurso, contenga una motivación suficiente del mismo en forma de crítica a la resolución apelada. Sirva como ejemplo el Auto 29/2012, de 8 de noviembre, de la Sala de Justicia:

En este sentido, hay que señalar que la técnica de reproducir las alegaciones realizadas en la instancia no es, en general, un modo de actuación jurídicamente aceptable, según ha sostenido el Tribunal Supremo y así lo ha mantenido esta Sala de Justicia (por todas, Sentencia 8/2006, de 7 de abril); y es que, en efecto, la segunda instancia responde a la necesidad de poder confrontar los resultados ofrecidos por la primera, en cuanto que la pretensión tiene por objeto la impugnación de la resolución jurisdiccional dictada por el órgano a quo; y por ello, exige que los razonamientos en que se funde la apelación tiendan a desvirtuar -con base en un juicio crítico racional- la argumentación jurídica que sirva de soporte a la resolución impugnada, dado que la misma ya debió de tener en cuenta -y así ocurre tanto en general como en el presente procedimiento- los hechos y razonamientos jurídicos que perfilaron en la instancia la pretensión”.

Sin embargo, esta recepción de la jurisprudencia contencioso-administrativa parece limitada al plano declarativo ya que sólo muy raramente la falta – o la falta de expresión clara – de una crítica motivada de la resolución recurrida determina la inadmisión del RAC. La Sala de Justicia justifica esta relativa laxitud en el antiformalismo y en el contraste entre el recurso – ordinario – de apelación y el – extraordinario – de casación, como sucede en la Sentencia 17/2013, de 24 de julio:

La finalidad del recurso de apelación no es otra que la depuración de un resultado procesal obtenido en la instancia, de tal modo que el escrito de alegaciones del apelante no puede desconocer la existencia de la Sentencia apelada sino que ha de contener una crítica de misma. Ahora bien, del artículo 85 de la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, aplicable por remisión del artículo 80.3 de la Ley 7/1988, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, resulta que para la interposición del recurso de apelación ni es exigible ni imprescindible un formalismo como el que impone la técnica del recurso de casación, con identificación precisa y concreta de los motivos en que se apoya y de las infracciones que se aprecian en la Sentencia () A la vista del escrito de recurso (interpuesto en el plazo de quince días y con especificación de las alegaciones en las que se funda) no cabe sino concluir en que la apelación interpuesta fue correctamente admitida a trámite pues, de una parte, contiene una auténtica impugnación de la Sentencia apelada ya que pretende la revocación del fallo y, de otra, cuestiona los argumentos ofrecidos en la Sentencia que se apela para la estimación de la pretensión deducida en instancia(25).

Con todo, esta relajación del rigor (al menos si se compara con el empleado por la jurisdicción contencioso-administrativa) dista de ser universal. Es más frecuente cuando la apelante es una entidad pública o el Ministerio Fiscal y menos esperable cuando de otros sujetos se trata, en especial en el caso de ejercicio de la acción pública contemplada en los art. 47.3 LOTCu y 56 LFTCu. En este supuesto, tanto los Consejeros como la Sala de Justicia se muestran especialmente exigentes quizás porque, como expresamente declara el Auto 9/2014, de 1 de julio, de la Sala de Justicia resolviendo un RAC interpuesto contra la inadmisión en primera instancia de acción pública, citando una consolidada doctrina jurisprudencial, de lo que se trata es de “obstaculizar la posibilidad de que prosperen, en vía jurisdiccional contable, intentos frívolos y sin fundamentación seria de poner en marcha una administración de justicia”, exigencia que, en cualquier caso, debe hacerse compatible con el principio pro actione(26).

5.2. La prueba en la apelación contable

El art. 85.3 LJCA abre la posibilidad de que en los escritos de interposición del recurso o de oposición al mismo, apelante y apelada puedan pedir el recibimiento a prueba “para la práctica de las que fuesen denegadas o no fuesen debidamente practicadas en la primera instancia por causas que non les fuesen imputables”.

La jurisprudencia contable, en términos coincidentes con la contencioso-administrativa, es constante al declarar que aunque el RAC permita un nuevo juicio en el que la Sala de Justicia puede valorar las pruebas practicadas corrigiendo la realizada en la instancia,

la fijación de los hechos y a valoración de los medios de prueba es competencia del juez de instancia, de forma que frente al juicio de apreciación de la prueba que la Sentencia de instancia contenga no pueden prevalecer meras alegaciones de parte, sino que será necesario desvirtuar los hechos declarados probados con medios que acrediten la inexactitud de los mismos y la veracidad de los alegados en contrario (por todas, Sentencia 7/04, de 3 de marzo de esta Sala de Justicia)(27).

En algunos casos, en especial cuando más débil resulte la valoración de las pruebas y la fijación de los hechos realizadas en la instancia, los argumentos anteriores se refuerzan con la invocación de los principios de inmediación y valoración conjunta de la prueba que se erigen, de este modo, en obstáculos casi infranqueables a una efectiva revisión de la actuación probatoria desarrollada en la primera instancia(28):

En efecto, como ya razonara la Sentencia de esta Sala nº 16/2008, de 1 de diciembre F.Jº.3º, con cita de la Sentencia de 17 de junio de 2005... "el alcance del control jurisdiccional que supone la segunda instancia, en cuanto a la legalidad de la producción de las pruebas, la observancia de los principios rectores de la carga de la misma, y la racionalidad de los razonamientos, no puede extenderse al mayor o menor grado de credibilidad de los testigos, partes o cualquier otro elemento probatorio, porque ello es una cuestión directamente relacionada con la inmediación del juzgador de primera instancia, transfiriendo la apelación al tribunal ad quem el conocimiento pleno de la cuestión, quedando reducida la alzada a verificar si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el juez a quo de forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de experiencia o a las normas de la sana crítica o si, por el contrario, la apreciación conjunta de la prueba es la procedente por la adecuación a los resultados obtenidos en el proceso"”.

Así pues, la revisión de la valoración de las pruebas realizada en la instancia o la práctica de nuevas pruebas en la apelación constituirá, en todo caso, una circunstancia excepcional(29). Máxime si atendemos a lo dispuesto en los art. 460 y 270 LEC, de aplicación supletoria en el contencioso-administrativo(30) y del especial valor que en los procesos contables tienen los informes de fiscalización. A la vista de estos preceptos, en la segunda instancia podrán aportarse documentos nuevos, junto con el escrito de interposición del recurso, siempre que sean (a) de fecha posterior a la demanda y no fuese posible acceder a ellos antes del momento de interposición del recurso o (b) tratándose de documentos de fecha anterior a la demanda, se justifique no tener conocimiento previo de los mismos o la imposibilidad de su obtención por razones ajenas a la parte. Aplicando estos preceptos, la Sala de Justicia del TCu inadmite la prueba documental propuesta en segunda instancia cuando la apelante no demuestre cumplidamente la imposibilidad de aportación en la instancia:

Pues bien, habiendo inadmitido, tras reflejar la apropiada fundamentación, esta Sala de Justicia la prueba documental propuesta por la representación procesal de Don F.Q.M., de Don F.R.G. y de Don J.V.C., mediante Auto de 3 de octubre de 2012, recurrido en reposición y confirmado en todos sus extremos por Auto de la Sala, de 7 de noviembre siguiente, por los motivos y sobre la base de los razonamientos que en las dos meritadas resoluciones se recogen y que se tienen aquí por reproducidos, debe considerarse la sentencia de instancia plenamente ajustada a derecho, no cabiendo al respecto del recurso de apelación sino la desestimación del mismo.Esta conclusión obedece a la falta de actividad de los ahora apelantes, que pudieron y debieron haber aportado o solicitado la documentación que con posterioridad han tratado, infructuosamente, de incorporar a la segunda instancia, pretendiendo superar las limitaciones impuestas por el artículo 460.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 270 de la misma norma y en el artículo 85.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa(31).

Téngase presente, en cualquier caso, la doctrina constitucional según la cual la denegación del derecho a emplear los medios de prueba que la parte estime pertinentes para la defensa de sus pretensiones alcanza relevancia constitucional, como violación del derecho a la tutela judicial efectiva, cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a saber, (a) que la petición probatoria sea conforme a la legalidad, es decir, se refiera a un medio de prueba autorizado por el ordenamiento y se solicite en el momento procesal oportuno; (b) que la negativa del órgano judicial a la práctica de la prueba carezca de motivación o los motivos aducidos sean incongruentes, arbitrarios o irracionales; y (c) que la prueba no admitida o no practicada pudiese tener una influencia decisiva en la resolución del pleito(32).

5.3. Tutela cautelar

La remisión general a la LJCA determinaría que no hubiese, en principio, diferencias en cuanto al alcance que la ejecución provisional y la adopción de medidas cautelares tiene en el contencioso-administrativo, incluida la posibilidad de que se adopten las medidas cautelarísimas a que se refiere el art. 135 LJCA. Hay, en cualquier caso, algunas especialidades reseñables derivadas de que, a diferencia de lo que sucede en el contencioso-administrativo, las medidas cautelares en el ámbito contable afectan principalmente a particulares – a los gestores de fondos públicos y a sus causahabientes – y son, dada la naturaleza de la responsabilidad contable, de carácter patrimonial.

Por esta razón, el art. 67 LFTCu contiene una regulación específica del embargo preventivo como medida de aseguramiento de las responsabilidades contables, previendo expresamente la posibilidad de que se adopten antes de la formulación de la demanda y exonerando a las personas legitimadas para solicitarlas – Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado o representación legal de la entidad pública perjudicada(33) - de la prestación de la fianza que, para estos casos, exige la LEC.

En el caso del RAC se plantea la cuestión del mantenimiento de las medidas cautelares acordadas en la instancia cuando el recurso se interpone contra sentencias absolutorias. Tal es el caso decidido, en relación con un recurso de casación ante la Sala Tercera del TS, del Auto 18/2008, de 1 de julio. Empleando argumentos perfectamente extrapolables al recurso de apelación, la resolución (remitiéndose al art. 744 LEC y no, como sería de esperar, al 132 LJCA) establece:

a) El carácter excepcional del mantenimiento de las medidas cautelares una vez recaída sentencia absolutoria, de conformidad con lo dispuesto en el art. 744 LEC: “El precitado artículo 744 dispone que absuelto el demandado en primera o segunda instancia, el tribunal ordenará el inmediato alzamiento de las medidas cautelares adoptadas, salvo que el recurrente solicite su mantenimiento o la adopción de de alguna medida distinta y el tribunal, oída a la parte contraria, atendidas las circunstancias de caso, y previo aumento del importe de la caución, considere procedente acceder a lo solicitado, mediante auto. Es indudable que las medidas cautelares, por esencia, están abocadas a extinguirse al mismo tiempo que el proceso de declaración, pero, excepcionalmente, se autoriza al órgano judicial a que, a instancia del actor vencido, y previa audiencia de la parte contraria, pueda potestativamente mantenerlas o sustituirlas por otras tras una sentencia que no haya adquirido firmeza, atendidas las circunstancias del caso, ”

b) Que, a la vista de las circunstancias del caso, el órgano a quo pueda acordar su mantenimiento por estimar que persisten los elementos que autorizaron en su momento la adopción de la medida – los ya conocidos de periculum in mora y fumus boni iuris(34), en especial éste último – siempre tras dar audiencia a la parte contraria:“ subsiste, a juicio de esta Sala, la apariencia de buen derecho para mantener las medidas cautelares adoptadas en su día, dado que las dos sentencias dictadas en la jurisdicción contable absuelven al Sr. DEL P. por una cuestión de valoración jurídica y no fáctica. Por tanto, la pretensión del recurrente goza de la misma razonabilidad jurídica en estos momentos que la que llevó en su día al órgano competente a adoptar la medida cautelar que ahora se discute para su levantamiento o mantenimiento”.

Por lo que se refiere a la ejecución provisional de la sentencia impugnada – cuestión, por lo demás, de importancia secundaria dada la celeridad con la que la Sala de Justicia resuelve los recursos de apelación – es de nuevo un Auto dictado en relación con la ejecución provisional de una sentencia recurrida en casación ante la Sala Tercera del TS(35) – ésta sí, algo menos célere –el que nos ofrece algunos de los criterios empleados por el TCu:

a) No procedencia de la ejecución provisional de oficio

b) Aplicación de la LEC y no de la LJCA: “La Ley de Funcionamiento sí prevé en el art. 85 que la ejecución de las sentencias firmes se hará en la forma establecida para el proceso civil y sí prevé la ejecución provisional en el art. 84.2 aunque no indica en qué forma. No obstante, esta parca mención de la ejecución provisional en otro Capítulo, es lógico entender que si la Ley de Funcionamiento hubiera regulado o incluido algún precepto sobre la ejecución provisional de las sentencias en los procedimientos de responsabilidad contable lo hubiera incluido en el Capítulo XII con el título genérico "De la ejecución de las sentencias" y hubiera remitido expresamente al proceso civil, de la misma forma que remite en las sentencias firmes, pues no tendría sentido aplicar de forma supletoria leyes diferentes, dependiendo si la ejecución es provisional o firme. La redacción genérica del Capítulo XII de la Ley de Funcionamiento debe interpretarse comprensiva de cualquier tipo de ejecución de sentencias”.

La razón de fondo de esta preferencia por la legislación procesal civil, más allá de los argumentos formales, es que ésta sería menos exigente que la contencioso-administrativa:

De todas formas, la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa sólo dedica el art. 91 a la ejecución provisional de sentencias pendientes de recurso de casación, y su contenido está orientado, fundamentalmente, a ponderar los posibles perjuicios que puedan derivarse de su adopción, estableciendo medidas cautelares, por lo que es más restrictivo que la regulación civil, al contrario de lo que pretende la Abogacía del Estado”.

Este Auto, el último dictado en la materia por la Sala de Justicia del TCu, corrige el criterio sentado por otro anterior de 30 de mayo de 2001 que, a mi juicio de forma acertada, apostaba por la aplicación supletoria de la LJCA con preferencia a la LEC, de conformidad con lo dispuesto con carácter general en la DF 2ª.2 LOTCu.

V. TRAMITACIÓN DEL RECURSO

1. Ante el Consejero autor de la resolución apelada

Tras la modificación de la LJCA operada por la Ley 13/2009, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial(36), el Secretario Judicial ejerce un primer control de admisibilidad del RAC. Se trata de un control limitado a comprobar si el recurso se dirige contra una resolución recurrible o si el escrito de interposición cumple con los requisitos establecidos por el art. 85.1 LJCA (plazo, representación y defensa, liquidación de tasas y consignación del depósito.

Contra la resolución que declare admitido el RAC no se dará recurso alguno. Por el contrario, si el Secretario estimase que concurre algún motivo de inadmisión, lo pondrá en conocimiento del juez que, en su caso, dictará Auto de inadmisión contra el que cabrá recurso de queja, o dictará providencia de admisión contra la que no cabe ningún recurso (art. 85.2 LJCA).

Se debe tener en cuanta que el art. 65.1 LFTCu fija un plazo de 10 días para la subsanación de los defectos advertidos en los actos de las partes que, dado su alcancegeneral y su carácter de lex specialis respecto de lo previsto en la LJCA, también resulta de aplicación al escrito de interposición del RAC(37).

En principio, de acuerdo con el art. 85.2 y 4 LJCA, una vez admitido a trámite el recurso, el Secretario Judicial dará a las partes un plazo común de 15 días para oponerse al mismo y, en ese mismo escrito, solicitar su inadmisión o adherirse a la apelación. Presentado el escrito, el Secretario dará audiencia a la parte apelante por plazo de 5 – para la alegación de inadmisión – o de 10 días – para oponerse a la adhesión al recurso. Transcurridos estos plazos, el Secretario elevará los autos y los escritos presentados(38) ordenando la comparecencia en el plazo de 30 días ante la Sala de Justicia, que habrá de resolver lo que proceda acerca de la inadmisión o del recibimiento a prueba (art. 85.5 LJCA).

Emplazadas las partes a comparecer ante la Sala en los términos ya indicados, la incomparecencia de la parte apelante determina que el recurso sea declarado desierto con la consiguiente firmeza de la resolución impugnada (art. 463 LEC)(39). Por su parte, la incomparecencia de la apelada únicamente supone la continuación de la tramitación del recurso sin necesidad de comunicación alguna con ella.

En todo caso, incluso después de la remisión de los autos a la Sala de Justicia, el órgano ad quem conserva su competencia en lo que afecta a la ejecución provisional de la sentencia apelada, de conformidad con lo dispuesto en el art. 84 LJCA.

2. Ante la Sala de Justicia

Recibidos los autos y personadas las partes, la Sala de Justicia debe resolver, en primer lugar, sobre la admisión del recurso. Se trata de una cuestión de orden pública procesal que debe ser, portanto, examinada como cuestión previa y resuelta por medio de Auto contra el que cabe recurso de reposición (art. 79 LJCA). Sin embargo, dada su naturaleza de asunto de orden público, la inadmisión puede ser también declarada por sentencia cuando sea apreciada de oficio por la Sala(40).

Por lo demás, la Sala debe resolver también acerca de la práctica de las pruebas solicitadas por las partes en los términos examinados supra(41). Por lo que respecta a la celebración de vista o conclusiones, deberá acordarla el Secretario cuando fuese solicitada por todas las partes o se hubiese practicado prueba. La Sala podrá acordarla cuando lo estime necesario “atendida la índole del asunto” (art. 85.8 LJCA).

VI. RESOLUCIÓN

Celebrada la vista o presentadas las conclusiones, la Sala declarará el juicio concluso para sentencia (art. 85.9 LJCA) teniendo en cuenta que, de acuerdo con el art. 465.1 LEC, “el Tribunal resolverá el recurso de apelación mediante auto cuando se interpusiera contra un auto o por sentencia en caso contrario”. Uno u otra deberán dictarse en el plazo de 10 días a contar desde la declaración del pleito como concluso (art. 85.9 LJCA).

Dispone el art. 85.10 LJCA que cuando se revoque en apelación una sentencia que declara la inadmisibilidade del recurso contencioso-administrativo debe resolverse también sobre el fondo. Con todo, en coherencia con la summa gravaminis fijada en el art. 81 LJCA, la jurisprudencia contencioso-administrativa limita esta posibilidad a los asuntos de cuantía superior a 30.000€(42). Por lo demás, el TC considera que esta decisión sobre el fondo procede incluso cuando el escrito de interposición del recurso se limita a cuestionar la inadmisión do recurso sin contener alegaciones sobre el fondo. Así se pronuncia la STC 60/2009, de 9 de marzo, FJ 4:

la decisión del órgano judicial de no entrar a examinar el fondo del asunto por considerar que el recurso no se encontraba fundamentado debe considerarse formalista y desproporcionada. Debe tenerse en cuenta que lo que la Sala exige a la recurrente no es que fundamente su recurso, sino que incorpore al escrito del recurso las argumentaciones expuestas en sus anteriores escritos, que constan en las actuaciones y a las que expresamente se remite”.

En cualquier caso, de acuerdo con el principio dispositivo que rige en la jurisdicción contable, la sentencia debe ser congruente con las pretensiones formuladas por las partes, de conformidad con lo establecido en el art. 218 LEC:

El art. 218. 1 LEC establece que las sentencias deben ser congruentes con las demandas y demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Fijarán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. El Tribunal, sin apartarse de la causa de pedir, acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes.La congruencia es, en definitiva, un requisito de la sentencia, especialmente de su parte dispositiva, que comporta la adecuación del fallo a las pretensiones formuladas por las partes y a los motivos aducidos por éstas. La congruencia se resuelve en una comparación entre dos extremos: las pretensiones de las partes y la resolución del juzgador(43)

Tratándose de la resolución de un recurso, además de este principio general de congruencia, rige también la prohibición de reformatio in peius que, reconocida expresamente en el art. 465.5 LEC integra, como ha declarado reiteradamente el TC en pronunciamientos recogidos por la Sala de Justicia del TCu, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE(44).

La Sentencia 11/2013, de 11 de abril, sintetiza cuál debe ser el contenido de la sentencia resolutoria del RAC:

Para resolver las pretensiones de las partes, seguiremos nuestro propio criterio expositivo, sustentado en el principio iura novit curia, con respeto a los principios de contradicción y, congruencia y de acuerdo con la configuración doctrinal diseñada por el Tribunal Constitucional para esta segunda instancia en nuestro sistema procesal, como una revisión de la primera instancia, con algunas salvedades, en la que se permite revisar todo lo actuado por la Consejera en primera instancia, tanto las cuestiones de hecho, como las jurídicas, oportunamente deducidas, para comprobar si la Sentencia recurrida se ajusta, o no, a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, con dos limitaciones: la prohibición de la reformatio in peius y la imposibilidad de entrar a conocer sobre aquellos extremos que hayan sido consentidos, por no haber sido objeto de impugnación”.

La sentencia o el auto resolutorios del RAC deben también pronunciarse sobre las costas. A diferencia de la remisión general que en esta materia realiza la LFTCu a la LEC (art. 57.3, 71.4ª.g y 87), en el ámbito del RAC hay que diferenciar dos supuestos:

a) En el caso de que el RAC se resuelva por sentencia, regirá lo dispuesto en el art. 139.2 LJCA, es decir, el criterio de vencimiento como regla general con atribución al tribunal de la potestad discrecional de no imponerlas, en atención a las circunstancias concurrentes en el caso, siempre que lo motive debidamente.

b) En el caso de que se resuelva por medio de auto, en virtud de la remisión contenida en el art. 139.6, rige lo dispuesto en la LEC.

Sin embargo, en la práctica, la Sala de Justicia tiende a aplicar analógicamente lo dispuesto en el art. 139.1 LJCA de forma indiferenciada, tanto si se trata de recursos contra autos como de recursos contra sentencias: cuando el caso presente, a su juicio, serias dudas de hecho o de derecho, no efectúa imposición de costas(45), por más que en algunos casos la aplicación de este criterio al caso concreto sea ciertamente discutible(46).

Indíquese, para terminar, que en contra de lo dispuesto en el art. 86.1 LJCA, las sentencias y autos dictados en apelación por la Sala de Justicia del TCu son recurribles en casación ante la Sala 3ª del TS en los términos previstos en el art. 81 LFTCu.

VII. CONCLUSIONES

Del análisis de la regulación legal vigente del RAC y de su aplicación por la jurisprudencia contable cabe extraer las siguientes conclusiones:

a) La necesidad de una regulación procedimental propia del TCu, a fin de superar la inseguridad jurídica provocada por las continuas remisiones, no siempre con un alcance claro, de la legislación contable a la LEC y a la LJCA.

b) La conveniencia de asegurar siempre la posibilidad de que todas las sentencias del TCu puedan ser recurridas ante la jurisidicción contencioso-administrativa, dada la naturaleza materialmente sancionadora de la responsabilidad contable y la peculiar posición institucional del TCu.

Bibliografía:

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VACAS GARCÍA-ALÓS, L., “La judicialización del Tribunal de Cuentas y su dimensión constitucional”, Cuadernos de Derecho Público nº 29, 2006.

NOTAS:

(1). En principio, de la distinta fórmula empleada en este caso con relación a la utilizada en el art. 84 LFTCu para el recurso de casación – “prepararán, interpondrán, sustanciarán y decidirán” – no cabe extraer diferencias en cuanto al ámbito y extensión de la remisión que a través de ambas se realiza a la LJCA, más allá de las que deriven de que, en el segundo caso, va a ser un órgano de esta jurisdicción – la Sala Tercera del TS – el llamado a conocer del recurso.

(2). De acuerdo con lo dispuesto en el art. 54.2.a) LFTCu, las Salas del Tribunal de Cuentas conocerán también “de los recursos de queja por inadmisión de la apelación acordada por los Consejeros de Cuentas en asuntos propios de su competencia jurisdiccional”.

(3). Dado que el art. 85 LFTCu se remite en materia de ejecución de sentencias a la LEC, estos autos pueden ser los que acuerden o denieguen el despacho de la ejecución (art. 545.5 e 552 LEC), los que suspendan la ejecución por defectos procesales (art. 559 LEC) o de fondo (art. 561 LEC). Los dictados tras la impugnación de infracciones procesales en el curso de la ejecución (art. 562 LEC) o actos de ejecución contradictorios con el título ejecutivo correspondiente (art. 563 LEC).

(4). Aunque no imposible. Resolviendo un recurso de casación contra la sentencia dictada en apelación por la Sala de Justicia del TCu en el marco de un juicio de reintegro por alcance en relación con la aprobación por el ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte de un convenio colectivo que reconocía a los trabajadores municipales unas pagas extras superiores, en cuantía, a las establecidas con carácter general para el conjunto del sector público, la STS de 28 de noviembre de 2012 rechaza la alegación de inadmisibilidad del recurso al no exceder las nóminas litigiosas la cantidad de 150.000€ estabelecidos polo art. 86.2.b LJCA como summa gravaminis para el recurso de casación: “Consideramos que la cuantía del alcance debe entenderse como indeterminada en este caso ya que, con independencia de la pretensión formulada, se consideró como imposible de determinar en primera instancia, dada la confusión indebida respecto de cantidades percibidas en concepto de paga extra tanto por personal funcionario como por personal laboral fijándose el alcance, aún, por una estimación a tanto alzado(penúltimo párrafo del fundamento de Derecho noveno de la sentencia de apelación) dada la persistencia de dicha confusión en la apelación misma. Por ello no es aplicable al caso la jurisprudencia que se invoca en el contrarrecurso. Como se razonó en el fundamento jurídico tercero del Auto de admisión, ya citado, resulta pertinente estar a lo preceptuado en los artículos 71.4.c) y 74.3 de la LFTCu, en relación con lo dispuesto en elartículo 38.3 de la LOTCU: De ellos se desprende que cada uno de los dos recurrentes están obligados como responsables contables directos, y en forma solidaria, al pago de una cantidad a tanto alzado que es superiora la summa gravaminis, determinante a efectos de cuantía (artículo 62.1 LFTCu)”. Estamos, sin embargo, ante un supuesto raro al punto de que, como acaba por concluir la sentencia, “La imposibilidad de cuantificación que ha apreciado la sentencia de primera instancia o las evidentes dificultades que revela el fundamento jurídico noveno de la sentencia recurrida, que ha sido invocada enforma insistente por los recurrentes, demuestran claramente la inexistencia en este caso de un alcance , en la interpretación estricta que legalmente ha de darse al término y al procedimiento de reintegro de los artículos72 a 74 de la LFTCu”.

(5). Aplicando esta norma, entre otras, la S.TSJ de Castilla-León, Sala de lo Contencioso-Administrativo, núm. 791/200, de 11 mayo (JUR 2001\213303).

(6). Cfr. S.TSJ de Madrid, núm. 1226/2013, de 4 de noviembre (RJCA 2014/123).

(7). Cfr., S.TSJ La Rioja núm. 176/2012 de 17 mayo (JUR 2012\228011).

(8). Según el cual “Para fijar el valor económico de la pretensión se tendrán en cuenta las normas de la legislación procesal civil, con las especialidades siguientes () Cuando el demandante solicite, además de la anulación, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, o cuando solicite el cumplimiento de una obligación administrativa, la cuantía vendrá determinada () Por la diferencia de la cuantía entre el objeto de la reclamación y el del acto que motivó el recurso, si la Administración hubiera reconocido parcialmente, en vía administrativa, las pretensiones del demandante”.

(9). “El recurso de apelación podrá interponerse por quienes, según esta Ley, se hallen legitimados como parte demandante o demandada”.

(10). Cfr., “El recurso de apelación”, en Estudio de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, A. EZQUERRA HUERVA y J. OLIVÁN DEL CACHO (dir.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pág. 816.

(11). El art. 241 LOPJ reconoce legitimación para suscitar este incidente a quien “fuese parte legítima o hubiese debido serlo”mientras que el art. 64.2 parece limitarla a las partes “comparecidas”.

(12). “Si ninguna demanda fuere presentada en el plazo concedido para ello, se conferirá traslado de la pieza y actuaciones al Ministerio Fiscal, por el mismo plazo, para que la formule si procediere”.

(13). En el mismo el Auto 21/2011, de 27 de septiembre.

(14). Cuyo art. 135.2 dispone que para las actuaciones ante los tribunales civiles no se admitirá la presentación de escritos ante el juzgado de guardia.

(15). De acuerdo con el cual “los traslados de escritos y actuaciones a las partes, salvo disposición expresa de la Ley, se efectuarán por plazo común a todas ellas y mediante entrega de las copias o reproducciones fotográficas, xerigrafiadas o de naturaleza similar que fuesen precisas”. Aún queda un largo camino por recorrer, como atestigua la Memoria Anual del TCu correspondiente al año 2013 al informar de la creación de un Grupo de Trabajo para la informatización de los procedimientos de responsabilidad contable a fin de que el TCu pueda asumir la introducción de las aplicaciones MINERVA y LEXNET para la gestión procesal y la práctica de notificaciones así como autorizar que los edictos sean remitidos en “pdf” a la Subdirección de Modernización para su implementación electrónica, mientras se autoriza la sede electrónica y el Tablón de anuncios y edictos electrónicos del Tribunal (pág.153).

(16). En este sentido la ya citada Sentencia 9/2013, de 9 de mayo, recuerda que los órganos jurisdiccionales del TCu no están “obligados legalmente a efectuar las notificaciones de sus resoluciones a los distintos Servicios comunes de notificaciones de los respectivos Juzgados dónde residan los interesados”.

(17). Cfr., Auto 4/2012, de 28 de febrero, por el que se estima el recurso de queja formulado contra un auto que había declarado la inadmisibilidad, por extemporáneo, de RAC.

(18). Que dispone que “Los plazos para los recursos que procedan contra la resolución de que se trate se interrumpirán desde que se solicite su aclaración, rectificación, subsanación o complemento y, en todo caso, comenzarán a computarse desde el día siguiente a la notificación del auto o decreto que reconociera o negase la omisión del pronunciamiento y acordase o denegara remediarla”.

(19). “No cabrá recurso alguno contra los autos o decretos en que se completen o se deniegue completar las resoluciones a que se refieren los anteriores apartados de este artículo, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la sentencia, auto o decreto a que se refiriera la solicitud o la actuación de oficio del Tribunal o Secretario judicial. Los plazos para estos recursos, si fueren procedentes, se interrumpirán desde que se solicite su aclaración, rectificación, subsanación o complemento, continuando el cómputo desde el día siguiente a la notificación de la resolución que reconociera o negara la omisión de pronunciamiento y acordara o denegara remediarla”.

(20). “Esta solución es, sin duda, la que, a partir de la regulación expuesta, mejor se compadece con la protección constitucional del derecho de acceso al recurso como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva aunque se echa en falta en el articulado una respuesta distinta para los casos de posible fraude procesal acaecido cuando se insta una aclaración o subsanación carente de sentido”.

(21). Por cuanto se extiende no sólo a los funcionarios sino también al resto del personal al servicio de las entidades del sector público.

(22). “Los acuerdos para el ejercicio de acciones necesarias para la defensa de los bienes y derechos de las entidades locales deberán adoptarse previo dictamen del Secretario, o, en su caso, de la Asesoría Jurídica o, en defecto de ambos, de un Letrado”.

(23). Esta fue la decisión adoptada por la Sala de Justiza del TCu en el Auto 8/2014, de 19 de mayo, en relación con el ayuntamiento de Cacabelos. Habiendo éste aportado el informe de un letrado, el Auto aclara que el art. 54.3 TRRL “no permite la libre elección por la Corporación demandante, para cumplir los requisitos procesales de representación y capacidad, del tipo de informe a aportar. Lo que dice la norma es que el informe de un letrado sólo cabe “en defecto” de dictamen del Secretario o de la Asesoría Jurídica”. Y dado que el ayuntamiento no acreditó que el informe del Secretario hubiese sido requerido antes del ejercicio de las acciones ni tampoco “las razones de urgencia y de falta de tiempo de la Secretaría municipal para realizar los informes esgrimidas por la representación procesal de la Corporación, por lo que sólo pueden ser consideradas como meras alegaciones de parte“, declaró la inadmisibilidad del RAC interpuesto por dicha entidad local por falta de representación.

(24). A cuyo tenor “No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales”.

(25). En idéntico sentido el Auto 3/2014, de 17 de febrero: “Antesde entrar a analizar la pretensión impugnatoria planteada, esta Sala de Justicia quiere poner de manifiesto que el recurso de apelación formulado por la representación del S. P. C. es una reproducción del recurso presentado por dicha representación, el 7 de mayo de 2013, contra el Acta de Liquidación Provisional, al amparo del artículo 48.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que fue resuelto por Auto de esta Sala de fecha 24 de julio de 2013, técnica que la doctrina jurisprudencial rechaza reiteradamente. No obstante, como a través del recurso del precitado artículo 48, este Órgano ad quem sólo pudo entrar a conocer sobre la cuestión jurídica de la indefensión, y no sobre aspectos relativos al fondo del asunto, se va a proceder a examinar la pretensión contenida en la apelación interpuesta”.

(26). Al señalar este mismo Auto que tal rigor formal “no puede llevarse tan lejos como para exigir a los posibles actores una precisión y complejidad, en los datos iniciales de apertura que desnaturalicen el carácter jurídico predicable a tal fase procedimental”. En idéntico sentido el Auto 27/2012, de 17 de julio.

(27). Cfr., Sentencia de la Sala de Justicia 2/2014, de 17 de febrero. Expresivamente, la Sentenza 3/2014, de 18 de marzo rechaza las alegaciones de indefensión de la apelante por error de apreciación de la prueba en la instancia: “La parte apelante fundamenta la indefensión en su discrepancia con las conclusiones de la resolución impugnada, pretendiendo que sean sustituidas por su propia valoración de la prueba practicada, lo que en modo alguno puede considerarse indefensión. No procede, por tanto, estimar esta alegación del recurrente ya que no se ha producido un perjuicio real y efectivo para su posición procesal ni menoscabo alguno de sus oportunidades de defensa”. En idéntico sentido la Sentencia 4/2014, de 31 de marzo, en la que la Sala de Justicia desestima la alegación de la parte acerca de la indefensión producida por el rechazo infundado de una prueba propuesta en primera instancia con el argumento, previsible, de que la fijación de los hechos y la valoración de los medios de prueba corresponde originariamente al Consejero que actúa en primera instancia.

(28). Tal es el caso de la Sentencia 22/2013, de 30 de diciembre. Tras constatar el Informe del Consello de Contas de Galicia sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma correspondiente al ejercicio de 2004 que la solicitud, concesión y pago de una ayuda otorgada por la administración gallega al Centro Cultural gallego en la Habana fueron prácticamente simultáneas y que la ayuda fue pagada sin haberse justificado la realización de la actividad (en el caso de autos, unas Jornadas de Cultura Cubana), la sentencia considera que los recortes de prensa aportados por la asociación beneficiaria “sirven para obtener la suficiente convicción, como se declaró en primera instancia, de la inexistencia de daño o perjuicio a las arcas públicas de la Comunidad de Galicia, constitutivo de alcance”.

(29). Esta afirmación puede demostrarse por el dato de que, salvo error u omisión, sólo en una única ocasión la Sala de Justicia revisó la valoración de la prueba realizada en la instancia. En efecto, la Sentencia 15/1996, de 22 de noviembre, estima el recurso de apelación y revoca la sentencia impugnada “por falta de la debida acreditación del alcance”, tras realizar una nueva valoración de la prueba y concluir que “no estando acreditado, pues, el alcance de fondos en la cuantía que se pretende, ni disponiendo de los elementos de prueba necesarios para su exacta determinación, resulta improcedente hacer pronunciamiento alguno de responsabilidad contable derivada de alcance, como es precisamente el objeto de la pretensión procesal de este procedimiento, por lo que debe estimarse el recurso interpuesto y en consideración al mismo, dejar sin efecto la Sentencia recurrida”.

(30). En este sentido se pronuncia la Sentencia de la AN de 18 de julio de 2012: “ la aportación y valoración de las pruebas debe efectuarse en primera instancia. En este sentido, hemos de llamar la atención sobre el hecho de que la prueba documental en segunda instancia es excepcional, de acuerdo con lo establecido en los artículos 460 y 270 de la LEC . En efecto, dichos preceptos permiten la aportación e incorporación de documentos, junto al escrito de formalización de la apelación, siempre que concurra alguno de los supuestos del artículo 270 de la LEC; A saber, ser de fecha posterior a la demanda, siempre que no se hubieran podido confeccionar u obtener con anterioridad a dicho escrito; tratarse de documentos anteriores a la demanda cuando se justifique no haber tenido con anterioridad conocimiento de los mismos, o no haber sido posible obtenerlos con anterioridad por causas que no sean imputables a la parte, siempre que se haya hecho la designación o en anuncio a que se refieren los artículos 265.2 y 4 de la LEC”.

(31). Cfr., Sentencia 4/2013, de 7 de febrero.

(32). Cfr., entre otras, la STC 156/2008, de 24 de noviembre, FJ 2.

(33). Entre las que no se incluyen a los promotores de la acción popular.

(34). El Auto 28/2012, de 17 de julio, contiene un resumen da la jurisprudencia contable sobre las características de las medidas cautelares – instrumentalidad, provisonalidad, temporalidad y variabilidad – y las circunstancias que permiten su adopción - periculum in mora y fumus boni iuris.

(35). Auto 6/2003, de 27 de marzo.

(36). Vid. G. CARUANA FONT DE LA MORA, “Incidencia en la jurisdicción contable de la reforma del proceso civil establecida por la Ley 13/2009 para la implantación de la nueva oficina judicial”, Revista Española de Control Externo nº 40, 2012.

(37). De hecho la jurisdicción contable lo emplea con normalidad para subsanar los defectos en demandas (vid., Sentencia 10/2007, de 9 de octubre) y denuncias (vid., Auto 66/1997, de 27 de noviembre).

(38). Dada la naturaleza no revisora de los juicios contables, puede obviarse la referencia que el precepto citado realiza al expediente administrativo.

(39). En este sentido los Autos, entre otros, 13/1995, de 20 de abril; 48/1996, de 10 de septiembre, y 64/1997, de 25 de noviembre.

(40). Sea como fuere, y como muestra de la inseguridad jurídica en que se mueve la jurisdicción contable como consencuencia de la falta de una regulación procesal específica, la admisión del recurso por el órgano a quo provoca que la Sala de Justicia, incluso cuando advierte la concurrencia de alguna causa de inadmisibilidad, se pronuncie sobre la pretensión esgrimida a través del recurso (“Ahora bien, en el presente caso y a estas alturas en las que ya se ha admitido y tramitado la apelación, razones de tutela y seguridad jurídica aconsejan un pronunciamiento de esta Sala pero bien que limitado al contenido de la pretensión esgrimida ”, cfr., Auto 12/2001, de 30 de mayo. En el mismo sentido el 6/2003, de 1 de julio).

(41). Añádase a los ya indicado que, en relación con el principio general de reparto de la carga de la prueba, la falta de uso de la facultad de proposición de pruebas en la segunda instancia, reconocida en el art. 85.3 LJCA abona la negativa de la Sala a revisar la valoración de la prueba realizada en la instancia (“El Ministerio Fiscal no ha hecho uso del derecho que le reconoce el artículo 85.3 de la L.J.C.A., es decir, no ha solicitado el recibimiento a prueba, en esta instancia, para la práctica de las pruebas que le hubieran sido denegadas o no hubieran sido debidamente practicadas en primera instancia por causas que no le fueran imputables”, Sentencia 19/2013, de 17 de septiembre).

(42). Cfr., STSJ Madrid, de 16 de febrero de 2012.

(43). Cfr., Sentencia 19/2013, de 17 de septiembre.

(44). “ esta Sala, como órgano ad quem, tiene vedado rebasar los límites en que ha planteado el recurso el Ministerio Fiscal, en virtud del principio procesal de prohibición de la reformatio in peius, ya que así se desprende de la jurisprudencia constitucional consolidada sobre el principio recogida en el mismo razonamiento de derecho de la citada STC 67/2009 cuando señala: Respecto a la reformatio in peius <<hemos de recordar que desde las primeras resoluciones de este Tribunal hemos afirmado que la interdicción de la reformatio in peius, aunque no esté expresamente enunciada en el art. 24 CE, tiene una dimensión constitucional, pues representa un principio procesal que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva a través del régimen de garantías legales de los recursos, que deriva, en todo caso, de la prohibición constitucional de indefensión (entre otras, SSTC 54/1985, de 18 de abril, F. 7; 116/1988, de 20 de junio, F. 2; 56/1999, de 12 de abril, F. 2; 16/2000, de 31 de enero, F. 5; 28/2003, de 10 de febrero, F. 3; 249/2005, de 15 de noviembre, F. 5). Es, además, una proyección de la congruencia en el segundo o posterior grado jurisdiccional, que impide al órgano judicial ad quem exceder los límites en que esté planteado el recurso, acordando una agravación de la Sentencia impugnada que tenga origen exclusivo en la propia interposición de éste (STC 17/2000, de 31 de enero, F. 4). Así pues, <<la reforma peyorativa sólo adquiere relevancia constitucional en tanto se manifiesta como forma de incongruencia determinante de una situación de indefensión (entre otras, SSTC 15/1987, de 11 de febrero, F. 3 o 241/2000, de 16 de octubre, F. 3>> (STC 204/2007, de 24 de septiembre, F. 3)>>” (Sentencia 19/2013, cit.).

(45). Vid., entre otros, los Autos 8/2014, de 19 de mayo; 27/2012, de 17 de julio; y 14/2012, de 19 de junio.

(46). Llama la atención que en la Sentencia 2/2014, de 17 de febrero, la Sala efectúe expresa imposición de las costas a la apelante a pesar de haberse formulado por uno de los consejeros voto particular.

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