El TSJA obliga a incluir las plazas de interinos

La Asociación de la Función Pública pide a la DGA que no recurra al Supremo

elperiodicodearagon.com 05.01.2016

El Gobierno de Aragón deberá ampliar la oferta pública de empleo (OPE) para el 2015 para incluir todas las plazas ocupadas por funcionarios interinos, de acuerdo con la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Según informó la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, el fallo judicial declara que no son conformes a derecho la ofertas aprobadas por el Gobierno de Aragón, en cuanto a que omiten en las mismas todas las plazas vacantes cubiertas en estos momentos por funcionarios interinos.

Además, la sentencia reconoce el derecho de la asociación recurrente a que el Ejecutivo autonómico modifique los decretos impugnados, incluyendo en las OPE para el 2015 todas las plazas reservadas a funcionarios cubiertas por personal interino o eventual o por personal estatutario interino.

RESOLUCIONES PENDIENTES El Tribunal Supremo ya anuló la OPE del 2007 y el TSJA, de acuerdo con lo declarado por el Tribunal Supremo, ha anulado las del 2010 y el 2011 y, con la nueva sentencia, la del 2015, de manera que solo están pendientes de resolución las impugnaciones formuladas frente a las ofertas aprobadas para los ejercicios 2013 y 2014.

El TSJA, según explicó dicha asociación, entiende obligado el respeto de la inclusión de plazas ocupadas por interinos que exigen tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley aragonesa de Función Pública, pues el incumplimiento de dichos preceptos suponen una lesión directa del derecho fundamental de acceso a estos puestos en la Administración reconocido en la Constitución española.

De acuerdo con la sentencia, las plazas cubiertas por interinos deben ser incluidas en oferta, sin que la Administración autonómica pueda aducir motivos económicos y de autoorganización para no dar cumplimiento a lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Además, la asociación va a solicitar al consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, como responsable de la función pública, que no se plantee el recurso de casación ante el Tribunal Supremo con el único fin de retrasar la firmeza y efectividad del fallo judicial.

También le reclaman que se proceda a la ejecución de la sentencia para asegurar el pleno restablecimiento del derecho de acceso a la Administración autonómica de Aragón. Es decir, que cumpla lo que los jueces ya han dictado.