Consejo de Ministros

El Gobierno desarrolla el Estatuto de la Víctima del Delito y regula las Oficinas para su asistencia

 14/12/2015
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El Consejo de Ministros también ha aprobado la creación del Registro Central de Delincuentes Sexuales cuyos datos contribuirán a la investigación, persecución e identificación de los autores del delito. Además, evitará que los condenados en firme por delitos sexuales puedan trabajar con menores.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado la aprobación de dos nuevas normas para incrementar la protección a las víctimas de los delitos, en especial a las menores de edad, que se suman al conjunto de medidas en esta materia adoptadas durante la legislatura. La primera es el Real Decreto que desarrolla el Estatuto de la Víctima del Delito y regula las Oficinas de Asistencia a las Víctimas con el fin de asegurar su protección y garantizar plenamente sus derechos.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha explicado que se regula un sistema asistencial público, profesional, gratuito y confidencial de asistencia a las víctimas a través de estas oficinas, que contarán con un psicólogo, un funcionario de gestión procesal que las acompañará durante el proceso penal y con otros profesionales especializados para garantizar la calidad del servicio.

Catalá ha avanzado que se formalizará la constitución de 26 oficinas de asistencia y que el presupuesto de su departamento para 2016 incrementa un 57% la dotación destinada a formalizar convenios con los colegios de psicólogos. También ha anunciado que el Real Decreto prevé la creación de un Consejo Asesor de Asistencia a las víctimas con representación de la Administración General del Estado, del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas con competencias en Justicia y de las asociaciones representativas de las víctimas.

"Lo que hacemos es materializar, concretar, articular con medios, con oficinas, con equipos profesionales, con presupuesto, con dotación financiera todas las líneas de sensibilidad y apoyo a las víctimas que la legislación ha ido creando a lo largo de esta legislatura", ha afirmado el ministro.

Registro de delincuentes sexuales

La segunda norma aprobada es el Real Decreto por el que se crea y regula la organización y funcionamiento del Registro Central de Delincuentes Sexuales, que tiene como objetivo prevenir este tipo de delincuencia y evitar que los condenados en firme por este tipo de delitos puedan trabajar con menores.

Soraya Sáenz de Santamaría ha resaltado que el registro permitirá que los agentes que necesiten información sobre estos delitos dispongan de ella de forma centralizada, e impedirá que "los delincuentes sexuales puedan entrar en contacto en el futuro con potenciales víctimas, como pueden ser los menores, en actividades escolares o de voluntariado".

Rafael Catalá ha añadido que también facilitará "la investigación e identificación de delitos sexuales y establecerá mecanismos eficaces entre el ámbito jurisdiccional y policial dentro de España y con otros países".

El ministro ha señalado que el registro incorporará "una serie de datos de identidad, perfil genético, penas y medidas impuestas contra los autores de delitos sexuales". En principio, incluirá los datos del condenado pero no de la víctima. Si la víctima es menor de edad se hará constar este hecho, pero no se la identificará.

En el registro estará incluido cualquier delito contra la libertad y la identidad sexual como la agresión y el abuso sexual, el acoso, el exhibicionismo, la prostitución cuando es constitutiva de delito y la corrupción de menores. Los datos serán transmitidos de forma automática por el Registro Central de Penados y el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad de los menores. La información será accesible directamente para los jueces, tribunales, Ministerio Fiscal, policía judicial, entidades públicas de protección de menores y autoridades policiales tanto de España como de otros países que acrediten un interés legítimo para obtener ese acceso.

Rafal Catalá ha precisado que en España existen 43.745 personas condenadas por delitos sexuales. La norma aprobada hoy, al igual que preveía la Ley de Protección a la Infancia, evitará que estas personas puedan dedicarse a labores docentes o relacionadas con menores.

A juicio del ministro, con estas actuaciones de ámbito administrativo "se cierra un ciclo de protección a la víctima del delito, en particular a la víctima de delito de violencia de género o víctimas de delitos sexuales contra menores, que requieren la máxima colaboración de las administraciones públicas y contar con herramientas de gestión, como son bases de datos y las oficinas de atención a las víctimas, que se articularán en todo el territorio nacional".

ANECA

El Consejo de Ministros ha aprobado la regulación del Estatuto del Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que mantiene su objetivo de contribuir a la mejora de la calidad del sistema de educación superior mediante la evaluación, certificación y acreditación de enseñanzas, profesorado e instituciones y amplía sus funciones al incorporar las que venía realizando la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora sobre retribuciones del profesorado universitario.

De esta forma de dos entes se pasa a uno, ha puntualizado la vicepresidenta. Además, la ANECA deja de ser una fundación para convertirse en un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Adquisición y Pérdida de la Condición de Militar

El Gobierno ha aprobado el Reglamento de Adquisición y Pérdida de la Condición de Militar y situaciones administrativas de los militares profesionales, cuyas principales novedades, según ha comentado la vicepresidenta, se refieren a la protección de la militar profesional víctima de violencia de género y al posible paso de los militares de carrera al servicio de la administración civil.

Sáenz de Santamaría ha explicado que en los casos de violencia de género, el militar no tendrá su condición militar en suspenso ni dejará de estar sujeto al régimen general de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas cuando esté en situación de excedencia por este tipo de violencia. Además, para solicitar dicha excedencia no será necesario haber cumplido un tiempo mínimo de permanencia en el servicio.

Otros acuerdos

El Consejo de Ministros ha acordado prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2016 la participación de unidades y observadores militares en las operaciones fuera del territorio nacional autorizadas por el Congreso de los Diputados. Esta aprobación constituye un requisito imprescindible para que las operaciones puedan continuar con normalidad a partir del 1 de enero de 2016.

Por otra parte, el Ejecutivo ha autorizado a las comunidades autónomas adheridas al Fondo de Financiación Autonómica formalizar préstamos a largo plazo para financiar los gastos extraordinarios derivados de la atención a los pacientes con hepatitis C crónica, por un importe de hasta 1.000 millones de euros.

Además, ha autorizado la concesión a la Comunidad Autónoma de Extremadura de una subvención por importe de 40 millones de euros para financiar proyectos de inversión en el ejercicio 2015, a cuenta de la denominada deuda histórica de Extremadura.

Asuntos de actualidad

La vicepresidenta del Gobierno ha informado de que el Ejecutivo, ha abierto, a través de la Oficina de Conflicto de Intereses del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, una investigación para que el actual embajador de España en India, Gustavo de Arístegui, dé explicaciones sobre las informaciones aparecidas en un medio de comunicación sobre el cobro de comisiones, presuntamente ilegales.

Estas actuaciones y la rapidez con las que se han puesto en marcha ha sido posible, ha especificado Sáenz de Santamaría, por la aprobación en la presente legislatura de la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Buen Gobierno (Ley 19/2013), y la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo en la Administración General del Estado (Ley 3/2015). Esta última establece la obligación de que los altos cargos presenten una declaración de bienes al principio y al final de su mandato.

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