La Junta retrasará la oferta pública de empleo tras el varapalo a sus iniciativas

 28/09/2015
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La incertidumbe sobre qué pasará con el concurso de méritos de los funcionarios después de que este miércoles el Parlamento tumbase la propuesta del Gobierno va a tener una primera consecuencia: la oferta pública de empleo (OPE) se tendrá que retrasar. La Junta entiende que las plazas no se pueden ofertar por oposiciones si antes no las ofrece a los funcionarios con las que ya cuenta la Administración.

Europasur.es 26.09.15

Así lo ratificó ayer la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, quien aseguró que la oferta de empleo pública prevista y anunciada para este año se tendrá que retrasar después de que el pleno del Parlamento rechazase convalidar el decreto ley enviado por el Gobierno socialista. PP y Podemos votaron en contra, y Ciudadanos e IU se abstuvieron.

Unos 23.000 funcionarios de la Administración General pueden acogerse a estas convocatorias para ascender o trasladarse de puesto.

En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, la consejera afirmó que la oferta pública de empleo "está condicionada por eso", toda vez que "antes de la oferta había que hacer el concurso de traslado".

Montero apuntó que "la preocupación no es sólo de los funcionarios, sino de muchos ciudadanos que estaban preparándose para poder presentarse a una oferta de trabajo de la Junta". "Muchos ciudadanos están preocupados por lo que va a ocurrir con la OEP, sobre la que era una condición importante que previamente pudiéramos celebrar el concurso de traslado para hacer efectiva esta oferta".

Por tanto, Montero precisó que dicha oferta se tendrá que retrasar y habrá que volver a reunirse con las organizaciones sindicales "para ver cual va a ser su destino".

Tampoco hay solución sobre la propuesta para el concurso de méritos, previa aprobación de una norma en la que se comience a computar el tiempo trabajado como interinos.

La solución más fiable es la negociación y presentación de un proyecto de ley, que se tramitaría de urgencia (uno o dos meses de tramitación) pero que complica el regreso de la convocatoria de méritos este año y tras cuatro años de vacío.

El PSOE quiere censurar la decisión de los otros partidos, salvo de Ciudadanos, y ayer desplegó por las provincias a sus dirigentes con cálculos sobre los funcionarios afectados en cada territorio.

La consejera también cargó contra la "pinza de PP y Podemos para que se bloqueara la acción de gobierno". "Con ello lo que han hecho es darle una bofetada en la cara a 22.000 funcionarios que pretendían dársela al Gobierno andaluz", lamentó la consejera, quien reclamó que las fuerzas políticas que han manifestado su oposición "digan qué plan b tenían, pues no proponen nada". A juicio de Montero, "parece que no tenían un plan B, simplemente se trataba de paralizar la actuación del Gobierno, sin importarle que eso afectaba a tantos trabajadores que no se pueden cambiar de provincia ni ver mejoradas sus expectativas profesionales".

La consejera reconoció la complejidad de la situación porque "va a ser complicado volver a discutir un proyecto de ley sensiblemente distinto al que se llevó, que era escueto y sólo consistía en la transposición de la directiva europea". Por ello, Montero confió en que los partidos "hayan reflexionado que no todo vale y que Podemos haya reflexionado que no puede utilizar esa fórmula para perjudicar a tantos trabajadores".

La respuesta del PP llegó a través de la portavoz adjunta del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, quien exigió al Gobierno andaluz "que deje de amenazar a los funcionarios andaluces y se ponga a trabajar con diálogo y consenso".

Pero la crítica más dura llegó de CCOO. El sindicato opinó que Montero "no tiene ninguna vergüenza" al retrasar la oferta de empleo público, en un debate donde "la Junta usa a los empleados públicos en la guerra política". Fuentes de CCOO indicaron a Europa Press que "la oferta de empleo público no viene condicionada por la derogación del decreto", tras lo que explicó "llevan los empleados públicos esperando un concurso de traslados desde hace cuatro años y en 2013 ha habido oferta de empleo público, por lo que si hubiera habido problemas con sentencias contradictorias no se hubiera podido convocar en 2013, pero sí se convocó".

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