El Congreso aprueba las dos leyes que pretenden acabar con el papel en los trámites administrativos

La Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso, ha aprobado este martes el proyecto de ley del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas y el de Régimen Jurídico del Sector Público, las dos normas con las que culmina la reforma de la administración impulsada por el Gobierno y que persigue, entre otras cosas, acabar con el uso del papel en los trámites administrativos mediante la implantación de una administración totalmente electrónica.

Eldiario.es 21.07.15

Los dos textos, que ahora se remiten al Senado para concluir allí su tramitación antes del final de la legislatura, han salido adelante únicamente con los votos de la mayoría absoluta del PP y el 'no' del PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y los nacionalistas catalanes y vascos, mientras que Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha optado por la abstención.

Durante el trámite en comisión se han aprobado todas las enmiendas planteadas por el PP, muchas de las cuales modifican otras leyes ajenas a este proyecto y varias transaccionales pactadas con otros grupos.

En concreto, en la relativa al Régimen Jurídico del Sector Público se ha introducido una enmienda del PSOE de carácter técnico y nueve enmiendas transaccionales entre la que destaca una, pactada entre PP y UPyD, que deja claro que los subdirectores generales serán nombrados "respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad".

ABUNDA EN LA "RECENTRALIZACIÓN"

El PP también ha transaccionado tres enmiendas con el PSOE, dos con CiU y tres con el PNV, lo que no ha impedido el voto en contra de los nacionalistas que han criticado la invasión de competencias en la que, a su juicio, vuelve a incurrir en Ejecutivo con estas dos normas en las que abunda, a su juicio, en su proyecto "recentralizador".

Entre las enmiendas parciales presentadas por el PP que ya se han incorporado al texto figuran una para que las personas condenadas por delitos como terrorismo, financiación ilegal de partidos, prevaricación o trata de seres humanos no puedan contratar con las administraciones públicas, que además tendrán vetadas las relaciones contractuales con personas jurídicas en cuyo capital participen ascendientes o parientes de segundo grado de cualquier cargo público.

Asimismo, ha salido adelante otra enmienda por la que los procedimientos para restituir o compensar económicamente a los partidos políticos cuyos bienes o derechos fueron incautados como consecuencia de la Guerra Civil seguirán suspendidos hasta que mejore la situación económica y el Estado pueda hacer frente a esas reclamaciones "sin menoscabo de la financiación de otras actuaciones públicas prioritarias".

Esta norma modifica numerosos artículos de la Ley del Gobierno, un aspecto que ha sido duramente criticado por el PSOE que considera que debería haberse hecho en una reforma específica para ello. Aunque el grueso de la nueva ley entrará en vigor al año de su publicación en el BOE, lo que ha saludado el PSOE alegando que el nuevo Gobierno que surja de las generales la podrá derogar antes de que se aplique, se han probado dos excepciones.

ALTOS CARGOS EN LOS CONSEJOS DE MINISTROS

Así, la parte que afecta a la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del Ejecutivo entrará en vigor a los seis meses de la publicación y la que hace referencia a los cambios en la ley del Gobierno lo hará a los veinte días de que se publique. A partir de entonces, por ejemplo, podrán asistir a las reuniones del Consejo de Ministros "excepcionalmente otros altos cargos" distintos a los secretarios de Estado, cuya participación ya estaba prevista siempre que fueran expresamente convocados.

Respecto a la ley de Procedimiento Administrativo del Sector Público, la Comisión de Hacienda y Administraciones además de las enmiendas del PP, ha aprobado siete de la oposición (tres de Izquierda Plural, dos del PSOE y otras dos de UPyD) y una decena que han sido objeto de transacciones.

Éstas últimas entre otras cosas hacen referencia a aclaraciones relativas a los plazos, así como a la posibilidad de que los ciudadanos sean "asistidos en el uso de los medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas".