El Consejo de Ministros sienta las bases para establecer una red única de comunicaciones del sector público

 20/10/2014
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Ha autorizado la celebración de un contrato de servicios de telecomunicaciones en la Administración General del Estado (AGE), que constituye la primera fase del proceso de consolidación de dichos servicios. La medida supondrá un ahorro estimado de 40 millones de euros, es decir, un 15% menos de gasto que hasta la fecha

El Consejo de Ministros ha analizado la situación del ébola en España, tras la creación del Comité Especial para la gestión del virus y de las actuaciones que se están llevando a cabo para erradicarlo.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado que la sanitaria afectada, Teresa Romero, se encuentra en una situación estable con una ligera mejoría. Además, ha confirmado que todos los pacientes hospitalizados ayer, tanto en Madrid como en Canarias, han dado negativo en los primeros análisis, si bien hay que esperar los resultados de los segundos, que se realizan a las 72 horas. El resto de las personas que están vigiladas, tanto en el Hospital Carlos III como en sus domicilios, por haber tenido contacto con Teresa Romero no presentan síntomas.

Preguntada sobre si España autorizará a Estados Unidos y Naciones Unidas a usar las bases militares de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz) y el aeropuerto de Gran Canaria en las operaciones que se lleven a cabo a nivel internacional para erradicar la epidemia de ébola en África, la vicepresidenta, ha respondido: "España es un país solidario que ha prestado en numerosas ocasiones su asistencia y solidaridad en muchos temas. En este caso también lo haremos, con las debidas garantías que se tendrán que analizar en cada uno de los supuestos".

En este sentido, ha recordado que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, se reunirá hoy en Estados Unidos con su homólogo, con quien abordará estas cuestiones.

A juicio de la vicepresidenta, todos los países tienen que actuar concertadamente en la crisis del ébola, cada uno puede prestar una serie de ayudas o asistencia y "España lo hará", pero siempre teniendo muy claro cuál es el entorno de la petición, cómo se va a desarrollar y con las debidas garantías para la salud de los ciudadanos. "Lo importante es que cada caso se vaya viendo y se vaya analizando", ha añadido.

Soraya Sáenz de Santamaría ha resaltado que la ministra de Sanidad, Ana Mato, y todo el Gobierno están trabajando muy intensamente para resolver el problema inicial de la situación de contagio de la auxiliar de enfermería Teresa Romero y para "organizar en España y con el resto del mundo una respuesta adecuada frente a una crisis sanitaria que exige a todos una gran colaboración".

La vicepresidenta también ha reconocido la labor del personal sanitario y de los técnicos de laboratorio: "Lo están haciendo muy bien".

Formación Profesional Básica

El Consejo de Ministros ha acordado distribuir casi 42 millones de euros a las comunidades autónomas para que implanten los nuevos títulos de Formación Profesional Básica.

La vicepresidenta del Gobierno ha explicado que "con estos programas de FP básica se pretende ofrecer al final de la enseñanza obligatoria una oferta formativa atractiva que pueda conducir al mercado laboral o a la continuación de los estudios de FP".

Por otra parte, el Ejecutivo ha aprobado un Real Decreto por el que se desarrollan las características del curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva en los centros docentes públicos. "Se trata de reforzar la formación de los equipos directivos, ya que con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa se les dota de mayor capacidad de decisión sobre la organización y gestión del centro. Se potencia la figura del director y se le atribuyen mayores capacidades y mayores responsabilidades para diseñar el proyecto educativo del centro".

Telecomunicaciones en la AGE

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un contrato de servicios de telecomunicaciones en la Administración General del Estado (AGE), que constituye la primera fase del proceso de consolidación de dichos servicios. La medida supondrá un ahorro estimado de 40 millones de euros, es decir, un 15% menos de gasto que hasta la fecha.

La vicepresidenta ha destacado que el objeto de la medida es "el establecimiento de una red de telecomunicaciones integral, actualizada, que garantice una comunicación de calidad entre las sedes y los empleados de la AGE".

En este sentido, ha recordado que en la actualidad existen tres niveles en las comunicaciones del sector público: la red central, la red provincial, y la red internacional. "Lo que se quiere con este contrato es que haya una red única", ha recalcado.

Sáenz de Santamaría ha explicado que la red que se contratará será compartida por 12 ministerios y 52 organismos públicos. Dará servicio a más de 2.800 sedes en territorio nacional y en torno a 470 sedes ubicadas en 125 países y que cuentan con cerca de 125.000 usuarios internos.

Los ministerios, centros directivos, órganos y organismos del sector público se irán incorporando al contrato de forma gradual a medida que finalicen sus contratos vigentes.

Asuntos de actualidad

La vicepresidenta, en respuesta a las preguntas sobre los últimos pasos de la Generalitat de Cataluña para celebrar una consulta el 9 de noviembre, ha subrayado que "el referéndum de autodeterminación que tenía planeado el presidente de la Generalitat no se va ni se puede llevar a cabo".

De esta forma, ha añadido, "queda absolutamente acreditada la fortaleza de la democracia, que tiene su expresión también en el Estado de derecho" y, además, se "pone en evidencia que, cuando uno se sale de la senda del respeto de la legalidad, acaba por tener que reconocer que no puede seguir en ese camino".

Sáenz de Santamaría ha afirmado que en este asunto el Ejecutivo mantendrá la misma "firmeza" y "serenidad" que hasta ahora para cumplir con una obligación doble: "Por un lado, garantizar que la ley se cumpla y, por otro, mantener un diálogo abierto en beneficio de los ciudadanos de cada comunidad autónoma y, en este caso, de Cataluña".

Respecto al caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid, la vicepresidenta ha asegurado que "es una práctica que, por desgracia, se ha producido en España durante bastante años y que se ha conocido ahora, lo que pone de manifiesto que los mecanismos de transparencia y control eran necesarios", ha manifestado.

El Ejecutivo actual es quien ha puesto en marcha esos mecanismos, lo que ha permitido que se revelen hechos como ése, "que nos indignan a todos en general" y sobre los que "serán los tribunales los que tengan que decidir", ha remarcado Sáenz de Santamaría. A su juicio, es necesario extender la transparencia a todos los aspectos de la vida pública y social.

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