El lehendakari plantea crear un Consejo de Políticas Públicas

 07/01/2014
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Descarta cambios legales y sólo pide el 'redimensionamiento' de cada institución

elmundo.es 06.01.2014

El Gobierno vasco pretende mantener prácticamente sin cambios la arquitectura institucional, las competencias y las funciones que realizan las diferentes administraciones vascas sin prácticamente cambios. El informe elaborado por Lakua para iniciar el debate político sobre las duplicidades institucionales únicamente plantea la creación de un Consejo de Políticas Públicas de Euskadi que, a imagen del Consejo Vasco de Finanzas, facilitaría la coordinación sectorial entre las instituciones en Euskadi. Además, el trabajo elaborado por el departamento de Administración Pública y Justicia quiere lograr el compromiso de que todas las instituciones realicen sus propios estudios de "racionalización y redimensionamiento".

El Gobierno vasco pretende modificar sustancialmente el espíritu del informe que en la pasada legislatura realizó el Gobierno socialista de Patxi López y si el anterior reclamaba la necesidad de abordar sustanciales cambios y que cuantificaba las duplicidades en un coste de 403 millones de euros y señalaba a las diputaciones por hacerlas responsables del 50% de los solapamientos detectados. El nuevo informe que el actual Ejecutivo vasco ya ha trasladado a las diputaciones vascas y a Eudel realiza un planteamiento diametralmente opuesto y únicamente acera sus críticas cuando analiza la actitud del Gobierno central en Euskadi. Sin embargo, en su análisis sobre el entramado institucional vasco y sus sociedades públicas, avala su continuidad prácticamente sin cambios ni de carácter normativo ni con una reasignación de funciones que, como reconoce el informe, ya se están modificando como consecuencia de las limitaciones prespuestarias en plena crisis.

"La necesidad de profundizar en la cultura cooperativa es el auténtico caballo de batalla a abordar y en el que cabría manifestar una plena coincidencia con el Informe (referido al elaborado por el equipo del lehendakari López)", señala el texto que será ahora analizado por las administraciones vascas y al que aportarán sus propias enmiendas durante los próximos meses. El trabajo titulado 'Informe sobre Análisis y Funcionamiento Institucional en la Comunidad Autónoma de Euskadi' descarta cualquier modififación de la Ley de Territorios Históricos y también rechazar que se pueda interpretar la existencia de duplicidades institucionales como consecuencia de la "complejidad de nuestro modelo instititucional" y descarta que sea eficaz utilizar el criterio de "una administración una competencia" en un modelo institucional como el del País Vasco.

Tras apuntalar la tesis de la bondad de un "federalismo integrado o cooperativo", el informe del Ejecutivo de Urkullu propone la creación de un Consejo Vasco de Políticas Públicas que contaría con "configuraciones sectoriales" en función de los diferentes asuntos a abordar. El Consejo Vasco de Políticas Públicas no sólo sería un órgano de debate entre las diferentes administraciones vascas -se evita determinar quién lo integraría y cómo sería su funcionamiento interno- sino que facilitaría la adoptación de actuaciones que minimicen "el ejercicio disfuncional de las competencias", plantearía "propuestas normativas" para evitar solapamientos futuros y se encargaría de incrementar la "coherencia" entre las diferentes administraciones incluida la evaluación de las "políticas públicas".

El informe utiliza como argumento y ejemplo de esta propuesta el papel del Consejo Vasco de Finanzas y, de manera genérica, las relaciones fiscales en las administraciones vascas. "La coordinación y la cooperación son principios relacionales previstos tanto en la actividad fiscal de los distintos agentes institucionales como en sus relaciones financieras, sería oportuno proceder de igual modo respecto a las políticas públicas llevadas a cabo a través del gasto del conjunto institucional vasco", defiende el documento avalado por el Gobierno vasco.

Además, el Gobierno vasco también sugiere que se aumenten las funciones que actualmente tiene encomendadas la Comisión Arbitral con el objetivo de que este órgano administrativo no sólo se pronuncie respecto a los textos que inicialmente se registran en cada órgano legislativo sino que también analicen los que son finalmente aprobados. De esta manera, el Ejecutivo entiende que se evitarían "eventuales conflictos competenciales" entre las administraciones que interactúan en Euskadi.

El Gobierno vasco también pretende que la decisión que adoptó en el arranque de esta legislatura para examinar su propia estructura y funciones sea aplicada en todas las administraciones que tendrán que afrontar la elaboración de estudios propios de "racionalización y redimensionamiento".

Estas tres propuestas generales dirigidas a mejorar la eficacia en el ámbito concreto de las administraciones del País Vasco se amplían con cuatro iniciativas que el informe dirige a la "Administración del Estado" a la que, paradógicamente, aún no ha remitido su contenido para que también incluya alegaciones al texto.

El documento aportado utiliza los presupuestos generales del Estado para incluir como "duplicidades orgánicas" de las que responsabiliza al Gobierno español un amplio listado de "solapamientos reales como ineficiencias". El primero de ellos lo constituye la existencia de jurados provinciales de expropiación que dependen de la secretaría general de la Delegación del Gobierno y que tienen las mismas funciones que los jurados territoriales de expropiación que fueron creados por una ley autonómica en 2006. El informe advierte de que "puede darse la circunstancia de que unos mismos bienes expropiados por dos administraciones diferentes pueden ser valorados por jurados distintos con criterios diferentes".

Otra de las "duplicidades" recogidas en este informe -el documento elaborado por el Gobierno del PSE no entraba en el análisis de los conflictos con la administración del Estado- tiene que ver con la creación de las Unidades de Coordinación contra la violencia sobre la Mujer que también dependen de la Delegación del Gobierno que dirige Carlos Urquijo y que Lakua considera que están "debidamente cumplimentadas" desde Lehendakaritza y Emakunde. El informe destaca la competencia de la administración central en procedimientos sancionadores y autorización de servicios de seguridad privada, una circunstancia que se ha modificada con la última modificación legal aprobada en el Congreso de los Diputados con los votos del PP y del grupo nacionalista.

El Gobierno aprovecha el listado de competencias del Estado reflejado en sus presupuestos para reclamar la transferencia de las "funciones y servicios en relación con las Instituciones Penitenciarias" y, como se adelantó en la edición de ayer, arremete contra el "despliegue de efectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el País Vasco". El Ejecutivo vasco critica la creación de Unidades de Atención a las víctimas de accidentes de tráfico que dependen de las jefaturas provinciales y que constituyen un "perjuicio de las competencias" que en esta materia tiene Euskadi.

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