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Una vez solventada esta duda, las organizaciones sociales sin ánimo de lucro (asociaciones y fundaciones, entre otras) podrán instar a que se tengan en cuenta todas las obligaciones de pago que hayan contraído con ellas las administraciones públicas, tanto las de naturaleza comercial, como las que proceden de conciertos y convenios, a las que se añaden ahora las canalizadas a través de subvenciones.
El Cermi considera especialmente relevante esta decisión para el sector de la discapacidad, en el que muchas de las obligaciones de pago pendientes de las administraciones revisten la forma de subvención, como ocurre en el ámbito el empleo protegido (centros especiales de empleo).
"Hasta ahora, las deudas que traían causa de subvenciones no habían entrado en los anteriores mecanismos de pago a proveedores, por lo que esta ampliación a todo tipo de obligaciones de pago beneficiará a muchas entidades sociales de carácter no lucrativo que no habían podido acogerse a estas operaciones extraordinarias contra la morosidad", señala el Comité.
El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, aprobó días pasado un fondo social cercano a los 700 millones de euros destinado a saldar deudas con entidades sociales dentro del nuevo mecanismo de erradicación de la morosidad promovido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
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