La reforma de la Administración Publica; por Enrique Miguel Sánchez, Administrador Civil del Estado e Ingeniero Agrónomo

El día 9 de julio de 2013, se ha publicado en expresioneconomica.org, un artículo de Enrique Miguel, en el cual el autor opina que la propuesta del Gobierno de reforma de la Administración Publica, no es una mera reforma de la eficacia y la eficiencia del aparato de la Administración Pública del Estado sino que, por vía indirecta, principalmente financiera pero también normativa, pretende introducir cambios importantes que mejoren la eficacia y la eficiencia de todas las Administraciones Públicas.

Expresioneconomica.org

La situación de crisis financiera y económica ha sido el detonante que lleva a plantear, en primer lugar, una seria reflexión sobre lo que nos ha pasado y, en segundo lugar, a intentar proponer y adoptar medidas adecuadas y fundamentadas que puedan contribuir a resolver el problema. Si nuestra deuda pública no hubiera pasado de los 380.000 millones de euros, en que se mantuvo en el periodo 2003 a 2008, a los 930.000 millones actuales, nuestra situación financiera sería muchísimo mejor. Lamentablemente, en 2008 se inició un crecimiento acelerado de nuestra deuda Pública que la ha llevado a alcanzar la cifra antes indicada que equivale al 88% del PIB.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2013, sin incluir a CC.AA y Entes Locales, prevén una cifra de gasto publico de 404.000 millones de euros de los cuales más de un 25% (100.909 millones) se destina al pago de la deuda, muy próximo ya al pago anual de pensiones (121.556 millones de euros). En tanto exista déficit público, seguirá aumentando la cifra total de endeudamiento, ya que la capacidad de mayor financiación vía impuestos es cada vez más reducida y, por consiguiente, habrá que pagar cada vez más por el servicio de la deuda, salvo que milagrosamente se redujera radicalmente la prima de riesgo y por tanto el tipo de interés. Esta situación es gravísima pues los Bancos, en tanto los tipos de interés sigan altos, preferirán destinar sus depósitos a comprar deuda publica en vez de buscar clientes que quieran recibir crédito y por tanto no fluirá el crédito hacia el sector privado salvo que este acepte pagara intereses muy altos.

No parece quedar, en suma, otra alternativa en política económica que ir reconduciendo la situación financiera pero también es obvio que para salir de la crisis económica y social, hay que generar riqueza adicional que es la que crea empleo, fomentando la creatividad, elevando la productividad y reduciendo los costes. En este contexto marco, hay que situar la imperiosa necesidad actual de efectuar una reforma de la Administración Publica.

Ahora bien, conviene resaltar que la Administración Pública o, con mayor precisión, las distintas Administraciones Publicas (Estado, Seguridad Social, Institucional, Autonómicas y Locales) no son fundamentalmente otra cosa más que los aparatos ejecutores de las funciones asumidas por los distintos niveles de Gobierno. Todas deben ajustarse a los principios genéricos del artículo 103 de las Constitución que establece que “La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley” y a su posterior desarrollo legislativo, en el que el Estado se reservó, la competencia exclusiva sobre las bases de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios (articulo 149.1.18)

Es importante destacar que, en puridad, una reforma de las Administraciones Públicas es algo muy distinto de una reforma de la estructura competencial de los distintos niveles de Gobierno que la Constitución establece (Estado, CC.AA y Entidades Locales), aunque puede incluir temas, como el de financiación que son claves para el dimensionamiento y coste de las Administraciones Públicas Autonómicas y Locales.

En este contexto, el trabajo realizado por la Comisión para la Reforma de la Administración (CORA) consideró oportuno centrarse, al menos de entrada, en cuatro grandes líneas de trabajo: a) Garantizar la disciplina presupuestaria y la transparencia pública en todo el Estado, b) Racionalizar el Sector Publico de todo el Estado c) Mejorar la eficacia de las AA.PP y d) Orientar la actuación de la Administración hacia el servicio a ciudadanos y empresas.

La primera línea de actuación, disciplina presupuestaria y transparencia pública, es un elemento esencial ante la presente crisis que se pretende instrumentar a través de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de la futura Ley de Transparencia y Buen Gobierno, de la Mejora de la Calidad Estadística de las cifras presupuestarias de las Administraciones Territoriales y de la creación de una Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. La primera y cuarta de estas medidas son claves a nivel macroeconómico y requerirán una considerable voluntad política para que se logre el objetivo de reducción del déficit de las Administraciones Públicas. Se trata fundamentalmente, de lograr una racionalización de las Administraciones Públicas, por vía indirecta, a través de la financiación. Ahora bien si los gobiernos territoriales fueran, como está ocurriendo en muchos casos, renuentes a reducir los costes de sus respectivas Administraciones Públicas, el Gobierno del Estado se enfrentará a una situación de fuerte tensión política.

La segunda línea, Racionalizar el Sector Público, contiene como medidas principales la Eliminación de duplicidades con las CC.AA, la Racionalización de la Administración Institucional y del sector público empresarial y fundacional del Estado, la Reforma local sobre competencias municipales mediante la futura ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Aquí también será necesaria una gran voluntad política para la eliminación de duplicidades con las Comunidades Autónomas y para orientar la Reforma de las competencias municipales. El Gobierno del Estado se verá enfrentado a un conflicto, localizado en concretas duplicidades y competencias, que también dará lugar a una fuerte tensión política.

La tercera línea, la Mejora de la Eficiencia de las Administraciones Publicas, se refiere esencialmente a la Administraciones que dependen del Estado central, no a las Autonómicas y Locales. Pretende llevarse a cabo a través de la Racionalización del empleo publico, fundamentalmente mediante la congelación de la Oferta de empleo Público y la asignación más eficiente de recursos humanos a los órganos administrativos; la Implantación del sistema de Medición de la Eficiencia, mediante la medición de las cargas de trabajo en las unidades administrativas, cálculo del tiempo medio de tramitación de los expedientes y la evaluación de la productividad de cada unidad; la Racionalización del procedimiento de previsión presupuestaria de los gastos corrientes y de los gastos de inversión para evitar el tradicional método incrementalista; el ahorro de costes y la mayor eficiencia mediante contratos centralizados de servicios y medios comunes, y la reforma de la ley de subvenciones, fundamentalmente mediante el fomento de la transparencia y competitividad y la eliminación de duplicidades. Las medidas de esta tercera línea de actuación están en manos del Gobierno central, son medidas que fundamentalmente debe aplicar en su propio ámbito, aunque luego puedan extrapolarse a otras Administraciones Públicas territoriales que, voluntariamente, quieran imitarlas. Se echa en falta entre estas medidas un clara alusión a la mejora de la Gestión Directiva, que no consistiría no tanto en la formación adicional de funcionarios profesionales, en muchos casos ya suficientemente formados, sino en establecer pautas directivas que respalden los comportamientos directivos orientados hacia la eficacia, la eficiencia y la calidad, en línea con lo que expuse el mes de marzo pasado en mi artículo “Cómo hacer una Administración Pública eficiente”.

La cuarta y última línea de actuación propuesta, pretende resaltar el papel de Servicio al ciudadano y a la empresa que tiene que realizar la Administración y propone como medidas como la Ley de unidad de mercado, la de Codificación del derecho, la Ley de deuda comercial, la reducción de cargas administrativas, grandes proyectos de simplificación procedimental, impulso de la administración electrónica, el apoyo a las empresas y a la inversión y la atención al ciudadano. Las principales de estas medidas, más que de reforma de los aparatos de la Administración Pública, son reformas de la normativa a aplicar en todo el Estado, como es el caso de la futura ley de Unidad de Mercado y de la simplificación procedimental en materias tales como la gestión del dominio hidráulico, dominio marítimo-terrestre, gestión de residuos, medioambiental, la simplificación de los procedimientos de creación de empresas, etc. Por su naturaleza darán también lugar previsiblemente a importantes tensiones políticas pues en gran medida pretenden simplificar y armonizar la normativa a nivel de todo el territorio del Estado.

En resumen, cabe decir que la propuesta del Gobierno de reforma de la Administración Publica, no es una mera reforma de la eficacia y la eficiencia del aparato de la Administración Pública del Estado sino que, por vía indirecta, principalmente financiera pero también normativa, pretende introducir cambios importantes que mejoren la eficacia y la eficiencia de todas las Administraciones Públicas. Las medidas concretas de modificación de los aparatos administrativos autonómicos y locales quedan en manos de los respectivos niveles de gobiernos territoriales, lo cual aunque algunos hubieran deseado que se fuera más lejos, parece una opción realista, comprometida y ambiciosa en el actual Estado de las Autonomías.

Por otro lado la grave situación de crisis y de desempleo, hace que la mejora de la eficiencia y de la eficacia de las Administraciones Públicas, además de reducir costes innecesarios, aparezca potencialmente como un gran factor de motivación para las empresas grandes y pequeñas de toda España, al facilitarles un mercado y una normativa que estimule a todos los emprendedores, grandes y pequeños, y permita enfrentarse a ese gran enemigo social y económico que es el desempleo de un 27% de la población activa.

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