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Ante esta situación, Soledad Becerril instó al Gobierno a reconocer y abonar a los funcionarios la mitad de la paga extraordinaria de Navidad, correspondiente a la primera parte de 2012, ya que la supresión de esta retribución entró en vigor el pasado 15 de julio. El informe desvela que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas respondió diciendo que "una vez suprimida la paga extraordinaria y la paga adicional, con efectos de 15 de julio y para 2012, quedaron derogadas las normas referidas al sistema de devengo", por lo que pudo suprimir toda la paga.
En la provincia de Granada, el informe de la Defensora de Pueblo recoge cómo el número de expedientes ante el Constitucional se multiplicó por 120 entre 2011 y 2012, año en el que los trabajadores de las diferentes administraciones vieron desaparecer la extra de Navidad y recortar la de verano. En Granada, hace dos años se presentaron apenas 48 expedientes ante el TC. En 2012, este número llegó a los 5.904, de los que 5.887 -lo que supone el 99,7% del total- se recogen bajo el epígrafe de Empleo, Educación y Cultura. Esto se explica, según el CSI.F, por las masivas reclamaciones realizadas por los funcionarios para reclamar las pagas extra. Este aumento supone que el número de reclamaciones se ha multiplicado prácticamente por 120 de un año a otro.
El resto de expedientes en la provincia se reparten entre seguridad y justicia (15) y sanidad y política social (2).
El total de expedientes coloca a Granada como la cuarta provincia andaluza, con un 13,86% de los recursos. Le adelantan Sevilla (25,46%), Málaga (14,95) y Cádiz (14,54).
En cuanto al número de expedientes de queja recogidas por la Defensora del Pueblo, en Granada se contabilizaron según el informe de 2012 657 reclamaciones, prácticamente el doble que en 2011, cuando se registraron 321. Con estos números, Granada es la tercera provincia andaluza que más ha recurrido a esta institución, de nuevo por detrás de Sevilla y Málaga. Por temas, el informe revela cuáles son ahora mismo las prioridades de los granadinos, que el pasado año presentaron 252 quejas relacionadas con empleo, educación y cultura, 215 por cuestiones de seguridad y justicia, 87 de economía y Hacienda, 71 de sanidad y política social, 21 de medio ambiente y urbanismo y 11 relacionadas con migraciones e igualdad de trato.
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