Informe Anual del Consejo de Transparencia y Protección de Datos

Las reclamaciones y denuncias por falta de transparencia caen un 16% en Andalucía durante 2019

 30/12/2020
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El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento este martes del Informe Anual del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía correspondiente al ejercicio de 2019, adscrito a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, que refleja un descenso en el número de reclamaciones y denuncias recibidos por este organismo independiente de control relativas al acceso a la información pública y las obligaciones de publicidad activa.

SEVILLA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

En concreto, de las 753 tramitadas en 2018 se pasó el año pasado a 633, un 16% menos. Además, de ellas, sólo 213 se referían a organismos de la Junta de Andalucía, un 33,6%. El resto aludían a la actuación de entidades locales (397), universidades públicas (8), corporaciones de derecho público (9) y otros (6), según detalla la propia Junta en un comunicado.

Igualmente, el 1 de octubre de 2019, el Consejo incorporó nuevas competencias acerca de protección de datos y garantía de los derechos digitales, en cumplimiento del Estatuto de Autonomía y la Ley de Transparencia de Andalucía. En esta materia, el número de reclamaciones recibidas fue de 30 de las que la mitad fueron quejas por actuaciones del Gobierno andaluz y entidades dependientes del mismo en esta materia. Asimismo, llegaron al Consejo 24 consultas, 27 comunicaciones sobre designaciones y ceses de delegados de Protección de Datos y cinco notificaciones relativas a violaciones de seguridad de datos personales.

El informe anual fue presentado el pasado 15 de octubre en la comisión parlamentaria correspondiente por el actual director del Consejo de Transparencia, Manuel Medina, cuyo mandato de cinco años no prorrogable expira el próximo 13 de enero. La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, competente en materia de Transparencia, ya comunicó esta circunstancia al Parlamento mediante oficio de 2 de octubre ya que es la Cámara autonómica la que debe designar al nuevo director.

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