El Tribunal de Cuentas reclama sanciones más duras por incumplir el deber de rendir de cuentas

El Tribunal de Cuentas ha recordado a los partidos su compromiso para actualizar el importe de las multas coercitivas que el organismo fiscalizador puede imponer cuando existen incumplimientos en el deber de rendición de cuentas y de colaboración con el Tribunal.

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Así lo señala en su 'Informe anual 2018', recogido por Europa Press, documento que resume la actividad anual de la institución a partir de la Memoria de actividades que el órgano fiscalizador aprobó en el primer trimestre de año.

En su apartado dedicado a su relación con las Cortes Generales, el Tribunal recuerda una serie de recomendaciones incluidas en los informes que ha venido presentando en el Parlamento y que la Comisión Mixta (Congreso-Senado) ha hecho suyas para incidir en medidas dirigidas a mejorar la gestión económica y financiera del sector público, y adecuarlo a los principios de transparencia y buena gestión.

Además de la actualización del importe de estas multas, el Tribunal recuerda que las Cortes han apostado por que la obligación de rendir cuentas en plazo sea un requisito indispensable para que las entidades públicas accedan a subvenciones y otras ayudas, así como homogeneizar en la normativa los plazos de rendición de cuentas de las entidades autonómicas y locales en todo el territorio.

Otra de las recomendaciones que el Parlamento ha aprobado a instancias del Tribunal, recuerda este órgano, es la de desarrollar la regulación de los beneficios fiscales, definiendo un concepto legal "con suficiente grado de certeza jurídica" y revisar la cuantificación correcta del conjunto de los mismos.

EXIGIR RESPONSABILIDADES CUANDO SE GASTA SIN CRÉDITO

Respecto a las entidades locales, el órgano fiscalizador señala en su informe la propuesta de revisar la figura del reconocimiento extrajudicial de crédito en su normativa presupuestaria, clarificando consecuencias administrativas, presupuestarias y económicas de autorizar gastos sin crédito presupuestario.

En este sentido, las Cortes aprobaron una propuesta para reclamar al Gobierno la modificación legal para exigir las oportunas responsabilidades contables a directivos de entes locales que no ejecuten partidas presupuestarias previstas para los fines asignados.

Por último, también pidió reformar la normativa reguladora de la financiación de los partidos políticos para clarificar cuestiones relativas a la financiación recibida o los gastos electorales subvencionables, ante las "dudas interpretativas" que suscita una normativa que, señala el Tribunal, "a veces no es muy clara al respecto".