SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
Durante su intervención, según un comunicado, Sánchez Rubio, que ha estado acompañada por el presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, y la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez Contreras, ha recordado que "esta Ley de Servicios Sociales, además de blindar derechos de ciudadanía, blinda las competencias de las entidades locales en materia de servicios sociales, garantizando la consolidación de estos servicios en el ámbito municipal de Andalucía, que con la reforma local del Gobierno de España parecían estar condenados a desaparecer".
"Los pilares de la Ley de Servicios Sociales son los principios básicos de universalidad e igualdad de acceso de todas las personas a las prestaciones del sistema público de servicios sociales. Sitúa, por tanto, a la persona como centro de todas las políticas sociales y regula tanto los derechos como los deberes de la ciudadanía en general y de las personas usuarias", ha subrayado.
La futura ley, que sustituirá a la vigente desde 1988 y que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria, introduce como principales novedades en su anteproyecto la ampliación de derechos; el establecimiento de un catálogo de prestaciones básicas garantizadas como derecho subjetivo, que podrán ser exigibles por la ciudadanía; la creación de la Historia Social y de la Tarjeta Social Digital para cada persona, y la constitución del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía.
La responsable de las políticas sociales en Andalucía, ha resaltado que "la ley va a suponer la consolidación de un verdadero sistema público de servicios sociales de Andalucía, que se estructurará en dos niveles: el de los servicios sociales comunitarios y el de los especializados".
En este sentido, Sánchez Rubio ha subrayado que en los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía hay unos 30.000 profesionales (más de 7.000 en Sevilla) y se atiende a más de un millón de personas anualmente (más de 226.000 en Sevilla).
Una vez sea aprobada en el Parlamento, la consejera ha informado que "diseñaremos un catálogo de prestaciones, así como un mapa de servicios sociales de Andalucía en el que se tendrá en cuenta criterios demográficos, geográficos, de organización, de comunicaciones y sociales".
Por último, Sánchez Rubio ha destacado que la nueva Ley "en definitiva, supone un salto cualitativo en cuanto a la prestación de servicios públicos en Andalucía y que diseña, de la mano de las entidades locales y desde el presente, el sistema que encontraremos en el futuro".
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