Informe sobre la ejecución de la reforma de las Administraciones Públicas

El Consejo de Ministros ha recibido de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia el informe trimestral sobre el seguimiento de la ejecución del Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.

La OCDE presentó al Gobierno español la semana pasada su informe sobre la Reforma de la Administración en España y el propio Secretario General calificó el proyecto de reforma como "uno de los procesos más ambiciosos y sistemáticos en el ámbito de la OCDE". El organismo internacional insistía en que es necesario "un proceso continuo de mejora para que la reforma de las Administraciones que ejerza una influencia positiva en el crecimiento y contribuya a superar los efectos de la crisis económica".

Ése es el objetivo del Gobierno con cada uno de estos Informes trimestrales y, además, incorporará ahora algunas de las cuestiones planteadas por la OCDE. Por ejemplo, se establecerá una nueva sistemática, una nueva forma de elaboración, aprobación y revisión de normas, especialmente de las leyes, para incorporar lo que se conoce como "Better Regulation" (mejor regulación); es decir, una nueva fórmula de elaboración de las leyes y otro tipo de normas para que sean mucho más congruentes con la realidad y las necesidades sociales que se pretende regular, y para que eviten la creación de nuevas trabas administrativas.

Medidas y ahorros

El Informe hoy presentado recoge que el total de medidas adoptadas desde la puesta en marcha de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas asciende a 221, de las cuales 63 están completamente finalizadas, es decir, ejecutadas al 100 por 100, lo que supone casi el 29 por 100 de cumplimiento; otras 74 se encuentran en fase avanzada de ejecución, mientras que 77 están en fase media de ejecución y sólo 7 permanecen aún en fase inicial.

En cuanto a los ahorros, los acumulados hasta la fecha para el total de las Administraciones Públicas en medidas de reforma de la Administración asciende a más de 9.500 millones de euros.

Últimos avances

Por otra parte, el Informe recoge algunos de los últimos avances en la reforma de las Administraciones, de los cuales pueden citarse los siguientes:

Extensión del PIN 24H, que permite declaraciones tributarias más ágiles. Ya se han solicitado 179.000 claves del PIN 24H.

Cita previa en las Jefaturas de Tráfico. Está extendida a veintidós Jefaturas y ha permitido atender a 645.000 personas a través de esta cita.

Cita previa en el Servicio Público de Empleo Estatal. Se ha atendido, desde junio de 2013, a 13.200.000 personas.

Despliegue de la tarjeta sanitaria interoperable en todas las Comunidades Autónomas.

Historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud. A 1 de marzo casi veinte millones de ciudadanos ya disponen de algún documento clínico en el Sistema, que puede ser consultado en cualquier Comunidad Autónoma.

La receta electrónica ya está totalmente implantada en siete Comunidades Autónomas y se está implantado en otras seis en la fase de Atención Primaria. El porcentaje de recetas dispensadas electrónicamente en el Sistema Nacional de Salud es de casi el 70 por 100.

Avance en la tramitación telemática de homologaciones de vehículos. Se ha ultimado la herramienta informática que permite tramitar 22.000 expedientes anuales.

Puesta en marcha de circulación de espectáculos de artes escénicas en espacios escénicos de las entidades locales, el Programa PLATEA.

Comunidades Autónomas

También se ha avanzado en asuntos de coordinación con las Comunidades Autónomas. A este respecto cabe recordar que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha firmado recientemente, junto a los presidentes de las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León y Madrid, un Protocolo para la licencia única interautonómica de caza y pesca; protocolo al que en próximas fechas se adherirán Galicia, Cantabria, Navarra, Comunidad Valenciana, Illes Balears y Murcia.

Además, se puede citar la planificación conjunta de las políticas de violencia de género, con la implantación de mecanismos de coordinación, o en materia de víctimas del terrorismo, donde se ha creado un canal telemático entre la Dirección General de Apoyo a las Víctimas y los centros autonómicos con competencias para atender de forma permanente las solicitudes de información.