Cuatro diputaciones del PP andaluz recurrirán al Constitucional el Decreto del Litoral

 22/01/2013
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El PP andaluz ha anunciado que recurrirá, a través de las Diputaciones de Almería, Cádiz, Granada y Málaga, el decreto de la Junta de Andalucía que regula la ordenación urbanística en el litoral andaluz, ya que lo considera "un atentado contra la autonomía local".

ABC 21.01.13

En conferencia de prensa, la vicesecretaria de Territorio y Medio Ambiente del PP andaluz, Alicia Martínez, ha dicho que el recurso se basará en que el decreto suprime el planeamiento de los Ayuntamientos y por "quitar de manera injustificada" estas competencias a los municipios.

También por obligar a los municipios a revisar sus planes de ordenación urbana con la obligación de adaptarlos al Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), que establece limitaciones de crecimiento, y el plazo de ocho años para efectuar esta adaptación.

Con esa exigencia, los planes municipales anteriores a 2004, aunque fueran "perfectamente legales", se vieron paralizados con el decreto, según Martínez, quien ha calculado que los planes paralizados podrían haber creado entre 30.000 y 40.000 empleos.

El PP también basará el recurso en que "no existe urgente y extraordinaria necesidad" para haber regulado el litoral mediante decreto, ya que desde 1994 existe la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía y desde 2002 la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, además de otras normas.

El recurso será interpuesto por las diputaciones, que deberán aprobar esta medida antes del 28 de febrero, ya que, ha explicado Martínez, la Ley de Autonomía Local de Andalucía considera a las Corporaciones provinciales como entidades locales integradas por los municipios, y que ellas están legitimadas para defender la autonomía local, informa Efe.

Otro requisito que ha de cumplir el recurso es que sea interpuesto por al menos la mitad de las provincias afectadas o que estas representen a la mitad de su población. Martínez ha lamentado que el decreto de la Junta "crea inseguridad jurídica, daña el turismo y aleja la inversión" y que muchos de los 62 ayuntamientos directamente afectados ya han expresado su rechazo a esa norma.

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