Primer aviso previo a la intervención de siete comunidades por incumplir el objetivo de déficit

La Comunidad Valenciana solo ejecuta el 16% de las medidas de ajuste adicionales. Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Canarias, Extremadura y Baleares, entre las rezagadas

El País

Si hay una comunidad que debería centrar la preocupación del Ministerio de Hacienda, esa es la Comunidad Valenciana. Los Gobiernos autonómicos se comprometieron en mayo a adoptar medidas adicionales para evitar desvíos sobre el objetivo de déficit para este año (-1,5% del PIB). Hacienda publicó ayer el primer balance de esas medidas, hasta septiembre, y destaca que, de seguir así, siete comunidades incumplirán lo pactado. Entre ellas destaca el pobre comportamiento del Ejecutivo que dirige Alberto Fabra (PP), que solo ejecutó un 16% de los 2.551 millones comprometidos en medidas de ingresos y gastos.

Según las cuentas de Hacienda, también anda muy rezagado el Gobierno andaluz, presidido por José Antonio Griñán, que solo ha ejecutado un tercio de los más de 3.149 millones en los que valoró sus medidas de recorte de gasto. Y el Ejecutivo de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, que apenas ha llevado a cabo la mitad del tijeretazo de gasto (valorado en 2.097 millones). Completan la nómina de comunidades en riesgo de incumplimiento otras tres comunidades gobernadas por los populares (Baleares, Extremadura y Murcia) y Canarias, dirigida por Coalición Canaria.

En total, las comunidades han ejecutado la mitad de las medidas de gasto adicional que plantearon en mayo (valoradas en 16.042 millones) y apenas un tercio de las medidas adicionales de ingresos (por 5.295 millones). Hacienda enfatizó que la mayoría de medidas de recorte de gasto asociadas a la educación y la sanidad se ejecutarán en mayor medida en el cuarto trimestre, lo que le lleva a confiar en alcanzar el objetivo conjunto de déficit previsto para todas las comunidades. No ocurre así con los ingresos, donde la recesión hace mella.

La incógnita de los ingresos pesa sobre todo en Cataluña, que ha previsto ingresar unos 90 millones de euros por ventas de activos y privatizaciones. Hacienda advirtió de que el cumplimiento del déficit, en el caso catalán, depende de cómo se despeje.