Una barrera contraria a la Constitución; por Carlos Carnicer, Presidente del Consejo General de la Abogacía Española

El día 21 de noviembre de 2012, se ha publicado en el diario ABC, un artículo de Carlos Carnicer, en el cual el autor opina que la ley de tasas que pone en peligro la tutela judicial efectiva y consagra una justicia para ricos.

UNA BARRERA CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN

Los ciudadanos van a comprobar en breve en su bolsillo y en sus derechos el daño de una ley injusta, inoportuna e innecesaria, aprobada casi sin debate y por procedimiento de urgencia. La ley de tasas que pone en peligro la tutela judicial efectiva y consagra una justicia para ricos -que podrán pagarlas, sean de la cuantía que sean- y para pobres -que podrán acogerse al beneficio de la justicia gratuita-. Pero millones de ciudadanos que superan por poco los mil euros mensuales no podrán hacer frente a las tasas y, por tanto, no podrán exigir el derecho constitucional a la justicia.

Sin duda, bajará la litigiosidad, pero a costa de que los ciudadanos no puedan defender sus legítimos derechos. Y no porque no tengan razón, sino porque la exagerada cuantía del nuevo tributo, que en ocasiones puede llegar a los 20.000 euros, o su aplicación a órdenes jurisdiccionales donde nunca se ha exigido, como el laboral, les hará desistir.

Es inadmisible incorporar a nuestro Estado de Derecho una balanza en la que se coloque en un platillo el derecho fundamental de defensa y en otro el pago de un tributo para acceder a la jurisdicción. Y tampoco pueden justificarse como un recurso necesario para pagar el servicio público de la Justicia Gratuita, última vía de los ciudadanos más desfavorecidos para hacer valer sus derechos. El gasto en Justicia Gratuita es una inversión en paz social.

Esperamos que cuestiones de inconstitucionalidad, que sin duda plantearán los jueces, o el recurso ante el Tribunal Constitucional –ya pedido por la Abogacía al Defensor del Pueblo y a otras organizaciones- repongan los derechos de los ciudadanos en el marco que fija la Constitución. Mientras tanto, la Abogacía institucional, que seguirá su batalla contra las tasas y que ofrece amparo a los ciudadanos que vean vulnerado su derecho de defensa, mantiene la oferta de diálogo al Ministerio de Justicia para buscar soluciones, junto con todos los operadores jurídicos, consumidores y usuarios, al principal problema que tenemos: el deplorable estado de la Justicia.