La Comunidad de Madrid aprueba la Ley contra la Hiperregulación para reducir cargas burocráticas y simplificar normativa

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el proyecto de Ley de medidas contra la Hiperregulación, que busca favorecer el crecimiento y la competitividad de la economía de la región mediante la simplificación normativa y la reducción de cargas burocráticas. Ahora se remitirá a la Asamblea de Madrid para su debate y votación.

En el nuevo texto se recoge, entre otras cuestiones, que cada nueva carga administrativa que se imponga a una empresa deberá compensarse eliminando otra de coste equivalente. Además, las normas con nuevas obligaciones para las empresas y los operadores económicos tendrán dos fechas fijas de entrada en vigor, el 2 de enero y el 1 de julio, para que sea predecible -está inspirado en el modelo británico-.

Así, se introduce por ley la caducidad de las normas organizativas para evitar que sigan vigentes cuando ya no son necesarias; y la evaluación permanente de todo el cuerpo normativo de la Comunidad de Madrid, para comprobar si cumple su objetivo y decidir si debe mantenerse, modificarse o eliminarse.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid refuerza la Aceleradora de Inversiones, con tramitación preferente y plazos reducidos a la mitad para los proyectos de especial interés; y potencia la Línea Abierta contra la Hiperregulación para que ciudadanos y empresas puedan comunicar trámites o requisitos que dificulten la actividad económica. Con ella, ya se han eliminado 738 cargas administrativas. 

El proyecto regula la participación de entidades privadas en la gestión de trámites administrativos para reducir los tiempos de respuesta. Estas deberán contar con una acreditación y estarán sujetas a controles y responsabilidades que garanticen los derechos de ciudadanos y empresas.

La propuesta contempla también espacios de prueba donde se podrán ensayar, bajo supervisión de la Administración, productos o servicios que la legislación vigente aún no contempla. Además, incluye el uso de datos e inteligencia artificial en la gestión pública y la digitalización de trámites.