El Gobierno de Cantabria garantizará la participación efectiva de las personas con discapacidad y de otras personas en situación de vulnerabilidad en los procedimientos judiciales

La Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria garantizará la adecuada participación en los procedimientos judiciales de personas con discapacidad y de otras personas en situación de vulnerabilidad a través de la figura del facilitador judicial, en cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el Pacto para la Justicia en Cantabria.

Cantabria.es 17.07.26

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado hoy la resolución de la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa por la que se acuerda la realización del trámite de consulta pública para la elaboración del proyecto de decreto por el que se regula la figura de la persona profesional experta facilitadora en el ámbito de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma, así como el servicio para prestar apoyo en los procesos en los que participen personas con discapacidad y personas mayores en el ámbito de las sedes judiciales de la región.

Se trata, tal y como ha destacado la consejera de Justicia, Isabel Urrutia, de una norma autonómica que dotará de un marco jurídico "necesario, oportuno y de interés público" y que garantizará la participación efectiva de las personas con discapacidad y de otras personas en situación de vulnerabilidad en los procedimientos judiciales "para que puedan entender y comprender la situación en la que se encuentran inmersos y tomar las decisiones más acertadas".

"La regulación de la figura de persona profesional experta facilitadora no responde únicamente a una decisión de política pública interna, sino al cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas en materia de derechos humanos", ha subrayado Urrutia, quien ha recordado que esta figura está legitimada por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Tal y como ha explicado, "la futura norma pretende dotar de seguridad jurídica a una figura, cuya necesidad ha sido también reconocida por el ordenamiento jurídico español, mediante su desarrollo reglamentario para garantizar su implantación efectiva".

Por ello, ha avanzado que la futura norma autonómica, sin perjuicio de lo que resulte del trámite de consulta pública, deberá definir su naturaleza, funciones, requisitos de acceso, acreditación profesional, régimen de actuación, mecanismos de coordinación institucional y garantías de calidad en la prestación del servicio.

Justicia inclusiva

En el marco del desarrollo de las políticas públicas que está ejecutando el Gobierno de Cantabria orientadas a la inclusión social, accesibilidad universal, promoción de la autonomía personal y protección de los derechos de las personas con discapacidad, esta iniciativa normativa de la Consejería de Presidencia tratará de dar respuesta a las necesidades relacionadas con la dificultad de comprensión de documentos jurídicos, la complejidad del lenguaje procesal y la existencia de barreras cognitivas que pueden limitar gravemente la participación real de algunas personas en procedimientos que afectan directamente a sus derechos, con riesgo de vulneración efectiva del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

"Esta regulación situará a Cantabria entre las comunidades autónomas que están liderando el desarrollo efectivo del modelo de apoyos derivado de la Convención de Naciones Unidas", ha subrayado la consejera, para quien la implantación de un sistema de facilitación "contribuye a una justicia más accesible, cercana e inclusiva".

Tal y como ha recordado la consejera, la elaboración de esta norma es la culminación de un proceso previo de estudio y colaboración que se ha llevado a cabo desde el año 2024 con la entidad CERMI Cantabria en el marco de convenio de colaboración para el desarrollo de un proyecto piloto de implantación de esta figura en los procedimientos judiciales.

La resolución de esta consulta pública está disponible en el portal web de la Consejería de Presidencia y en el Portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria con el fin de recabar la opinión de los sujetos y las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma en torno a los problemas que pretende solucionar, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de dicha norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Las correspondientes opiniones y aportaciones deberán realizarse por escrito y se dirigirán a la Dirección General de Justicia y Víctimas del Terrorismo, así como a través del Portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria (http://participacion.cantabria.es/), en el plazo de diez días hábiles a contar desde la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Cantabria.

Consulta la resolución en el BOC