
Gobiernodecanarias.org 29.04.26
La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto Hernández, y la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló Doménech, han suscrito el convenio de cooperación para la formación continuada de la carrera judicial en la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2026.
Este acuerdo tiene como objetivo principal articular y financiar conjuntamente programas de formación, perfeccionamiento, congresos y seminarios dirigidos a los jueces y magistrados destinados en el archipiélago. La formación prestará especial atención a las materias con mayor incidencia en el ámbito territorial canario, sus singularidades, el Derecho de la Unión Europea y los derechos fundamentales.
Para la ejecución de estas actividades, el convenio establece un marco de cofinanciación entre ambas instituciones con un presupuesto máximo fijado para el desarrollo de las actividades formativas de 2026 de 29.000 euros.
El programa de Actividades para 2026 detalla cuatro encuentros formativos principales que se desarrollarán en distintas islas a lo largo del año. Entre ellos, un encuentro de jueces y juezas canarios del orden social que se celebrará en Lanzarote los días 21 y 22 de mayo; <<Justicia Canaria bajo otras miradas: justicia digital e IA, justicia comprensible y salud pública>>, que tendrá lugar en Lanzarote los días 18 y 19 de junio; un encuentro de jueces y juezas canarios de los órdenes civil y penal que se desarrollará en Santa Cruz de Tenerife los días 22 y 23 de octubre y por último, otro del orden contencioso-administrativo previsto en Fuerteventura para los días 29 y 30 de octubre.
Con la firma de este documento, que extiende su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, ambas instituciones reafirman su compromiso con la excelencia y la actualización continua de la judicatura en el archipiélago. Además, para fomentar el intercambio de experiencias, el Gobierno de Canarias podrá solicitar la participación de letrados del Servicio Jurídico de la Comunidad Autónoma en estas actividades.